La Fiscalía General de la República (FGR), en conjunto con dos grupos antropólogos, realizaron este jueves la exhumación de ocho cadáveres que pertenecen a los integrantes de una misma familia asesinada durante la masacre de El Mozote.
Los trabajos se realizaron en el caserío El Tablón, cantón Agua Blanca, en el municipio de Cacaopera, en Morazán. Según detalló la FGR, esta diligencia forma parte de las investigaciones que indagan los delitos cometidos durante la guerra civil.
De acuerdo con el Ministerio Público, estas diligencias fueron ordenadas hace dos semanas por el Juzgado de Paz de Cacaopera, las cuales podrían finalizar la próxima semana.
El director del Instituto de Medicina Legal, Armando Quijano, mencionó que este trabajo corresponde con los esfuerzos que las autoridades gubernamentales están realizando para colaborar en los esfuerzos de conceder la justicia y reparación a las víctimas de estos crímenes.
“Somos un grupo que trabajamos en la búsqueda de víctimas desaparecidas en el conflicto armado. Nosotros como grupo de antropología. Hemos podido constatar que el hecho de que una persona haya perdido a un ser querido le afecta física mental y emocionalmente. Estas personas no han tenido oportunidad de encontrar a sus seres queridos. Ya es un deber de Estado que se tiene. Sabemos que tenemos mucho por hacer”, indicó Quijano.
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En diciembre de 2018, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, declaró la masacre de El Mozote como crimen de lesa humanidad y juramentó a cuatro peritos, para determinar la forma en que operaban los mandos militares cuando se dio dicha masacre.
En diciembre de 2017, el Gobierno de El Salvador cifró oficialmente en 986 la cantidad de personas ejecutadas por el Ejército en la masacre de El Mozote, la cuel tuvo lugar entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981, de las que más de la mitad fueron niños y adolescentes.
Ese mismo año, 18 militares implicados en dicha masacre fueron citados los tribunales de San Francisco Gotera, para ser notificados de los procesos en su contra. Entre se encuentra el exministro de Defensa, José Guillermo García, deportado en enero de 2016 por Estados Unidos y el excomandante de la Fuerza Aérea, Rafael Bustillo, quien también es señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato de los sacerdotes jesuitas de la UCA.
