La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este jueves en el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador la acusación formal contra Gerardo Quijada Orellana, alias “Mr. Miyagi”, y otras ocho personas por conformar una estructura dedicada a estafas millonarias. El grupo operaba mediante sociedades ficticias y métodos legales para evitar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, según señalamientos de las autoridades fiscales.
¿Quién es Gerardo Quijada Orellana y su red de estafadores?
Según la FGR, Quijada Orellana, propietario de los talleres GQ Racing Sport, es identificado como el líder de la organización. Junto a él, fueron acusados José René Ventura Alvarado, Jorge Carlos Figeac Cisneros, César Roberto Trujillo Menéndez, sus hijas Jennifer Marcela y Mónica Elena Quijada Suncín, su esposa Mirna Elena Suncín de Quijada, así como Milton Eduardo Chávez Chicas y Jorge Alberto Cruz.
El expediente judicial señala que la estructura, compuesta por familiares y abogados, creaba empresas ficticias que rentaban locales en zonas de alta plusvalía por plazos de 3 a 5 años. Al principio cumplían con los pagos, pero posteriormente incumplían los contratos, desapareciendo las empresas y reactivándolas bajo nuevos nombres y representantes legales.
¿Cómo operaba la red de estafadores?
La estrategia de la organización incluía alquilar propiedades, operar de manera normal durante los primeros meses y, tras ganar la confianza de los propietarios, dejaban de pagar los alquileres. Cuando los dueños intentaban reclamar los pagos, el equipo de abogados de la estructura usaba tácticas legales para dilatar los procesos durante años, evitando así cualquier tipo de responsabilidad.
¿Cuáles son los delitos atribuidos?
La Fiscalía ha solicitado que los imputados continúen en prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial. Entre los delitos que se les imputan están:
- Estafa agravada
- Amenazas con agravación especial
- Cohecho
- Agrupaciones ilícitas
- Allanamientos y condenas previas
El 19 de septiembre de 2024, la FGR y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron allanamientos en diversos inmuebles propiedad de la red, ubicados en Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán y la colonia San Francisco en San Salvador. Uno de los registros incluyó un apartamento propiedad de Jennifer Maricela Quijada Suncín, quien presuntamente fungía como testaferro de la estructura.
Ese mismo día, Quijada Orellana fue condenado a seis años de prisión por un caso previo de estafa, donde deberá pagar $929,673.10 en concepto de responsabilidad civil a una sociedad afectada. Hasta el momento, las pérdidas generadas por esta estructura se estiman en más de $2.1 millones, pero podrían aumentar a medida que avancen las investigaciones.
