Durante el segundo día de inspección del Archivo General de la Nación, el equipo multidisciplinario encontró en parte de las tres cajas del expurgo militar, valiosa información, que servirá para abonar al proceso que el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, lleva en contra de una docena de militares quienes son señalados de perpetrar la masacre de El Mozote y sitio aledaños, ocurrida en diciembre de 1981.
Ante esto, el querellante del caso, David Morales, detalló algunos de los hallazgos realizados en el archivo que se encuentra en una sala del Palacio Nacional, ubicado en San Salvador.
"Se están revisando diversas actas de destrucción de archivos militares y se ha evidenciado en algunas actas que sí había planes militares, que lo que se destruía eran planes menores y no los grandes planes anuales de guerra, ni los planes de grandes operaciones, y alguna información relacionada de al menos a la Segunda Brigada de Infantería y Artillería. Son indicios útiles porque revelan que aparentemente grandes planes de guerra no se destruían y que existía un nivel muy grande, muy detallado, en planificación militar que dejaban en documentos", informó.
Por su parte, Tutela Legal respaldo lo dicho por Morales, esto a través de redes sociales.
En la publicación se puede apreciar que: "El Juez Jorge Guzmán, junto a partes procesales y peritos dirigidos por la experta Velia Muralles, empiezan a encontrar actas de expurgo de documento militares de la época del conflicto armado salvadoreño, relacionados a la política de seguridad nacional implementada".
Para realizar este trabajo, el director del Palacio ha dado desde el jueves el acceso total al recinto y el apoyo de la biblioteca especializada en historia de la institución.
Hasta la fecha, es el único lugar donde el juez, Jorge Guzmán, y los especialistas han logrado entrar, porque en días anteriores la Fuerza Armada de El Salvador impedió el acceso al Estado Mayor Conjunto, a la Fuerza Aérea, a la Segunda Brigada Aérea y a la Brigada de Artillería.
Esto pese a que el presidente de la República, Nayib Bukele, indicó que iba a dar total apoyo a esta investigación y que si pedían información de “la A la F, entregaría hasta la Z”.
Pero estas palabras trasladadas se han topado con una triste realidad, ya que el mandatario le ha dado la razón al su ministro de Defensa, René Merino Monroy, quien desvinculó a la Fuerza Armada del interés de la búsqueda de Justicia y esclarecimiento de la masacre.
Este jueves en conferencia de prensa, Bukele reafirmó esta postura al catalogar como "show" al proceso y reiteró que no darán acceso a ninguna base militar.
"Ahí no hay papeles de El Mozote. No se dejan entrar porque son bases militares con archivos militares… Quieren show o exponer a la Fuerza Armada", declaró sobre las llegadas a diversas sedes de la institución castrense.
Una periodista preguntó por qué no se han entregado las cajas con supuestos archivos "desclasificados" que presentó en la última cadena nacional (el 24 de septiembre) y que dijo que entregaría a las autoridades, pero el mandatario evitó responder.
"Yo quisiera verlos (los archivos), pero los destruyeron. ¿Quiénes? los areneros o el FMLN", dijo después.
El 30 de septiembre de 2016 se reabrió el caso por la masacre El Mozote, dos meses después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, una herramienta jurídica que otorgaba perdón a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado.
Las organizaciones no gubernamentales que trabajan contra la impunidad en El Salvador habían calificado la decisión de iniciar las inspecciones como un “hito en el juicio”, ya que, por primera vez, desde la firma de los Acuerdos de Paz, una autoridad judicial ordenó entrar a instalaciones militares a buscar evidencia y justicia para las víctimas del conflicto armado.
Los defensores de los derechos humanos han sido respaldados con una sentencia de la Sala de lo Constitucional, que declaró improcedente el amparo presentado por el ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, con el cual bloqueó en dos ocasiones las inspecciones de los archivos militares relacionados con la masacre de El Mozote y sitios aledaños, registrado en diciembre de 1981.
Por lo tanto, en al menos dos ocasiones ha recurrido a la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer las denuncia por la presunta desaparición de los archivos militares relacionados con la masacre y con el bloqueo a las instalaciones castrenses.
La masacre de El Mozote tuvo lugar en el marco de la guerra interna de El Salvador, que enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entre 1980 y 1992 y dejó un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
De acuerdo con un informe de las Naciones Unidas, el batallón de elite Atlacatl ejecutó en diciembre de 1981 a la población civil del caserío El Mozote y otros aledaños, y el número personas asesinadas ascendió al menos a 988.
Una ley de amnistía en 1993 cerró el caso por más de 20 años, pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema anuló esta ley en 2016 y ese mismo año se reabrió el proceso.
A la fecha, unas 40 personas han testificado contra, entre ellos dos soldados que participaron en el operativo que derivó en la masacre y decidieron colaborar en el proceso.
