Exigen justicia por desaparición forzada de Patricia, Mauricio y Julia Pérez

Redacción ContraPunto

Patricia Emelie Cuéllar Sandoval fue la víctima de una desaparición forzada, y no se supo de ella desde el 28 de junio de 1982. A la madrugada siguiente, su padre, Mauricio Cuéllar Cuéllar, y su empleada doméstica, fueron secuestrados, corriendo la misma suerte de Patricia. Han transcurrido cuarenta años, y su familia no ha sabido nada de su paradero.

Acusaciones de hostigamientos y acoso por parte de elementos de seguridad pública fueron denunciados por Patricia, ante el Socorro Jurídico Cristiano (SJC), apenas días anteriores a los sucesos. Los hechos han sido detallados en el Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”.

Cuarenta años han transcurrido desde la desaparición de las víctimas. Otros 22 se suman al litigio jurídico, que llegó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte-IDH), luego de que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) reconociera las demandas y los perjuicios, por la omisión de las garantías judiciales a sus familiares, por la omisión de las investigaciones requeridas.

El proceso que se ventila en la Corte-IDH ha sido reconocido por las organizaciones Víctimas Demandantes, la Fundación Roque Dalton y el Laboratorio de Investigación y Acción Social

contra la Impunidad (LIASCI). Abogando por Patricia y Mauricio Cuéllar y Julia Orbelina, las instituciones reiteran el cumplimiento de las “garantías judiciales y protección judicial”, en favor de las víctimas, de acuerdo con el informe de Fondo que la Comisión divulgó en 2020:

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1. Medidas de reparación materiales e inmateriales para los familiares de las víctimas.
2. Iniciar la búsqueda de las víctimas en concertación con sus familiares, activando los mecanismos de búsqueda de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado en El Salvador.
3. Disponer medidas de atención en salud física y mental para los familiares de forma concertada, teniendo en cuenta el especial impacto que tuvo la desaparición en los hijos e hijas de las víctimas.
4. Investigar los hechos de desaparición forzada de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable, con aplicación de perspectiva de género y teniendo en cuenta la persecución del Estado contra la organización Socorro Jurídico Cristiano en el conflicto armado, con el fin de identificar las personas responsables e imponer las sanciones correspondientes
5. Adoptar medidas de no repetición, incluyendo aquellas de carácter legislativo con el fin de (i) desarrollar una política de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, (ii) regular la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada (iii) convertirse en parte de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.