Miembros de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) rechazaron este lunes la acción ilícita del pago de sobresueldos del que se señala al Gobierno de la República según lo ha denunciado Sidney Blanco, uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y hacen un llamado al Ejecutivo a desistir -si fuere el caso- de dicha práctica.
“Lamentamos que los gobiernos del expresidente Mauricio Funes y del actual presidente Salvador Sánchez Cerén no hayan corregido esa mala práctica instaurada por las administraciones de ARENA que, además, de sobresueldos crearon plazas fantasmas”, señala la organización por medio de un comunicado de prensa.
ASGOJU apela a los principios éticos de la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos que deben tener los gobiernos progresistas, y les exhortan a desmontar mecanismos discrecionales y no transparentes como los sobresueldos.
El vocero de la Presidencia, Eugenio Chicas, desmintió que en la administración actual se realice la práctica de los sobresueldos y exigió al magistrado Blanco las pruebas de su acusación.
Por otro lado y siempre en el marco de la transparencia de los recursos públicos, AGOJU cuestiona el manejo del presupuesto en la CSJ que equivale al 6 % de presupuesto nacional sin rendir cuentas.
“Bonificaciones, sueldos superiores al resto de aparato estatal y abuso de recursos institucionales por algunos magistrados, son señalamientos hacia el uso despilfarrador de los recursos en la máxima instancia judicial”, critica la organización.
Asimismo, señalaron el clientelismo partidario en la asignación de plazas, el exceso de asesores y la asignación irregular de fondos públicos que en la Asamblea Legislativa.
Esta organización hace un llamado a los tres poderes del Estado a que administren los recursos públicos con equidad, transparencia y legalidad.
Además reiteran el llamado a la Presidencia de la República a que muestre estatura ética y elimine el pago de sobre sueldos en el Ejecutivo, para tener solvencia moral frente a los demás poderes estatales y ser consecuente con la transparencia que debe caracterizar a un gobierno progresista o de izquierda.
