El gobierno de Estados Unidos sancionó este jueves a la Policía Nacional como institución y a los comisionados: Luis Alberto Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina y Juan Antonio Valle Valle por su participación en los graves abusos a los derechos humanos de los nicaragüenses.
Las sanciones a la Policía, impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se dan porque la institución policial es «una herramienta (del régimen de Daniel Ortega) en su campaña de represión violenta contra el pueblo nicaragüense».
Estados Unidos señala a la institución, cuyo papel principal es hacer cumplir la ley en Nicaragua, de «ser responsable o cómplice, o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua» y de haber dirigido las órdenes para reprimir las protestas que iniciaron en 2018 en contra del régimen de Daniel Ortega.
«Es responsable del uso de munición real contra manifestantes pacíficos y de participar en escuadrones de la muerte, así como de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y secuestros», dice el Departamento del Tesoro.
La Policía fue la encargada de repimir a punta de balas las protestas ciudadanas que exigían libertad, democracia y justicia. Producto de la represión, en la que participaron elementos armados identificados como parapolicías, más de 320 personas murieron.
Sobre los comisionados En el caso del comisionado mayor Juan Valle Valle, del departamento de vigilancia y patrullaje, las sanciones fueron impuestas por «ser o haber servido como funcionario del Gobierno de Nicaragua y por ser un líder de la Policía Nacional de Nicaragua».
Valle Valle es a quien se ve en los operativos policiales en Managua, cuando la Policía despliega a decenas de oficiales para impedir cualquier intento de protesta en contra de la dictadura.
En el caso del comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, las sanciones se dan por ser el director de Auxilio Judicial, la cárcel conocida como el Chipote, «una prisión conocida por prácticas abusivas donde las organizaciones de derechos humanos han registrado graves abusos contra los derechos humanos desde abril de 2018. Existen denuncias de tortura, violación, electrocución, laceraciones con alambre de púas, estrangulamiento y palizas con tubos de acero», señala Estados Unidos.
Pérez Olivas fue ascendido al rango de comisionado general en septiembre de 2018, justo cuando Nicaragua experimentaba una revuelta social en contra de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El ascenso fue criticado tanto nacional como internacionalmente. Entre las denuncias contra Pérez Olivas está la que fue interpuesta por el opositor y exreo político, Carlos Valle Guerrero, ante el Ministerio Público de Nicaragua por su secuestro de 175 días, lesiones físicas y psicológicas en el Chipote.
Sobre el comisionado general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), Estados Unidos asegura que este «continúa desempeñando un papel central en la represión en todo el país». 18 funcionarios y 6 entidades sancionados Con estos nuevos integrantes de la lista de la OFAC, ya suman 18 los funcionarios y seis las entidades sancionados por Estados Unidos.
