El juez de instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, y un equipo multidisciplinario de derechos humanos volvieron a tener un nuevo revés en la inspección de los archivos militares de El Mozote, luego que este lunes fueran víctimas de un nuevo bloqueo por parte de la Fuerza Armada.
En esta ocasión, el acceso que fue impedido en las instalaciones de la Fuerza Aérea en Ilopango, San Salvador, se suma al primer intento el 21 de septiembre pasado en el Estado Mayor.
El Ejército había bloqueado anteriormente el ingreso de Guzmán al Estado Mayor en San Salvador para comenzar la diligencia judicial bajo el argumento de que dicha inspección pondría en peligro el resguardo de documentos secretos.
El presidente Nayib Bukele y su ministro de la Defensa, René Merino Monroy, aseguraron al juez mediante dos documentos que la Fuerza Armada mantendría su postura de manera “invariable”.
El juzgador asumió, de acuerdo con una resolución que esta postura es únicamente con los archivos del Estado Mayor, por lo que suspendió las inspecciones a este sitio y adelantó las de la Fuerza Aérea, ubicada en el municipio de Ilopango.
Sin embargo, un militar y una abogada no identificados salieron al paso e indicaron que no se podía dar paso al juez y al equipo, porque no había archivos de esa índole en el lugar.
Transcendió, que el Ejército no comparte el interés del proceso penal que enfrentan más de una docena de mandos militares por crímenes de guerra.
“Esta institución no había tenido acceso en dicho caso, en vista que, por el objeto de referida causa penal la Fuerza Armada de El Salvador no es parte y tampoco puede considerarse que tiene interés directo en el fin último que se persigue mediante la misma”, señaló el ministro René Merino en un escrito que envió a la Corte Suprema para intentar frenar por esa vía las inspecciones.
Mientras tanto, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, explicó porque no permitieron el paso nuevamente pese a que la supuesta iniciativa del gobierno está en apoyar la resolución de este caso.
"Un juez no puede dar en abstracto una orden en temas que son de seguridad nacional", aseguro el vicepresidente de la República.
Esta postura no es compartida por el querellante, David Morales, quien aseguró que no hay ninguna facultad legal bloquear el procedimiento que lo único que busca es esclarecer este problema.
Por lo tanto, Morales aseguró que el gobierno está incurriendo nuevamente en los delitos de desobediencia, actos arbitrarios, incumplimientos de deberes e encubrimiento, lo que tendrá que ser interpuesta una denuncia en contra del comándate general de las Fuerzas Armadas, Nayib Bukele y contra el ministro de Defensa, René Merino Monroy.
“Con esto el Gobierno y la Fuerza Armada continúa en la posición de proteger criminales de Guerra, de afectar las investigaciones y seguir protegiendo a los responsables de la peor masacre en América Latina en su historia reciente. Es lamentable que sin ninguna facultad legal el gobierno haga esto y coloque en la cuneta de la historia a las víctimas de El Mozote y que están luchando para que se escuche la verdad”, reprochó Morales.
En este sentido, dijo que espera que la Fiscalía General de la República (FGR) actúe ante este hecho y no sea pasiva.
Anteriormente, Bukele aseguró en una cadena nacional de radio y televisión, que la intención de ingresar al archivo del Estado Mayor por parte del Juez y del procurador de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, era para conocer archivos militares secretos y divulgarlos.
En esa misma comparecencia, el mandatario anunció la desclasificación de algunos archivos supuestamente relacionados con la masacre, sin que hasta el momento se conozca si fueron entregados al juez Guzmán y a la Fiscalía.
“La mayoría de archivos, como ustedes esperaran y cualquier salvadoreño se imaginará, fueron destruidos en estos cuarenta años”, sostuvo el jefe de Estado al presentar cinco carpetas con documentos.
Por otra parte, personal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Cristosal y otras organizaciones se concentraron este lunes por la mañana en las afueras del Comando de Fuerzas Especiales de Ilopango en apoyo al trámite que realizaría el juzgador.
“El Mozote nunca más”, es la consigna que gritaba el grupo de personas de las comunidades de Morazán, para exigir justicia en el caso y un alto a la impunidad. Pobladores mantenían cerrado el paso sobre la carretera Ruta Militar en el kilómetro 18.
Miguel Ventura, de las comunidades eclesiales, dijo que la concentración es para exigir a las instancias para que abran los archivos y se conozca la verdad de la masacre de El Mozote.
Un grupo de organizaciones sociales pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue a Bukele por la posible comisión del delito de “encubrimiento” de la masacre.
Entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, unidades de elite del Ejército ejecutaron al menos a 988 personas, la mayoría niños, en una operación militar de tierra arrasada.
