El Juzgado Especializado de Instrucción “B” pasó a juicio este viernes el caso contra Raúl MIjango y otros 18 imputados más, acusado por extorsión en modalidad continuada en perjuicio de una empresa arrocera.
La jueza basó su resolución en lo declarados por los testigos, las escuchas telefónicas; abonado a eso lo vertido por la víctima, agentes investigadores, pruebas testimoniales y periciales. La Fiscalía General de la República (FGR) se mostró en total acuerdo con la resolución.
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Datos de las indagaciones señalan que, el delito se inició en 2010 y el móvil era que, cuando la empresa ingresaba a ciertas comunidades, cada final de mes deberían pagar un monto de 18 mil dólares; sin embargo, el imputado presuntamente convocó a la víctima y a representantes de las tres pandillas para llegar a un acuerdo y poder bajar el monto del chantaje.
En la resolución, la jueza mencionó que los productos que se les daba a los cabecillas de las pandillas era: aceite, frijoles, arroz precocido y pampers. Además, que a partir de diciembre de 2012 la empresa ofendida entregaba canastas navideñas y pavos a los hampones.
En ese año se iniciaron las negociaciones, también para que ninguno de los camiones repartidores fuera objeto de atentado alguno a nivel nacional.
El objetivo, hacer una especia de consenso era para bajar la extorsión de 18 mil a seis mil dólares mensuales en productos antes referidos. Eso se iba a dividir en partes iguales entre las pandillas para que iniciaran un negocio, que se emplearan a familiares de las tres estructuras y la ganancia era para los terroristas. Fue hasta 2015, pero dentro de este período la Policía Nacional Civil (PNC) realizó un allanamiento en la casa de la esposa de Rubén Antonio Rosa Lovo, apodado como “Chivo de los Centrales”.
Según las investigaciones, en ese lugar encontraron una gran cantidad de arroz y la mujer les dijo que era propiedad del señor Mijango, le ordenaron hacer una llamada al imputado y él les confirmó que efectivamente era de su propiedad esa mercadería. A raíz de eso, cambiaron la modalidad de la extorsión y exigían esos seis mil dólares ya no en mercadería, sino que a través de cheques.
El dinero se utilizaba en pagos para la oficina jurídica y los gastos generales de la pandilla y para el pago de los abogados que defendían a los que están detenidos.
Durante el proceso se contó con el apoyo de los Juzgados 2° de Paz en Zacatecoluca y 1° de Paz de Izalco, los cuales fueron encargados de realizar los reconocimientos en rueda de personas; asimismo, la jueza fundamentó que el caso pasa a vista pública gracias a las escuchas telefónicas; al oír los audios, se percata que parte de los 19 acusados mencionan su nombre completo. Se espera que el caso enfrente una vista pública dentro de unas semanas.
