El Juzgado Primero de Instrucción del municipio de Osicala, Morazán, decretó libertad provisional para la activista de derechos humanos Wendy Morales acusada de cometer, presuntamente, el delito de extorsión.
En la audiencia programada este 21 de Septiembre la jueza del caso concedió la libertad a Morales bajo medidas sustitutivas entre ellas: su presencia en el Juzgado cada 15 días y la cancelación de $2,000 en concepto de caución económica y del país hasta que se realice la audiencia preliminar.
El pasado 5 de septiembre Morales fue detenida por su presunta participación en una extorsión cometida en el año 2014 luego de su captura la joven fue trasladada al juzgado de paz de Jocoaitique de San Francisco Gotera, Morazán.
En la audiencia preliminar la Fiscalía General de la República (FGR) presentó bitácoras de mensajes de la extorsión, la denuncia y los números telefónicos involucrados; luego de ello el juez había ordenado detención provisional durante la investigación.
Diversas organizaciones sociales habían demandado la liberación de la joven Wendy Morales al afirmar arbitrariedades el proceso entre ellas: la falta de acceso de la defensa técnica a la información para la estrategia jurídica en el proceso, la violación a su derecho de defensa y la inexistencia de indicios que incriminen a la joven en los hechos que se atribuyen.
Por otra la Fiscalía General de la República contará con cinco días hábiles para que la apelar la resolución.
Wendy Morales, el caso de la joven acusada de una posible extorsión
La vida de Wendy Morales cambió un lunes 5 de septiembre cuando la Policía Nacional Civil (PNC) se presentó en la residencia que compartía con su familia en Quezaltepeque por una supuesta denuncia de violencia intrafamiliar, luego por tráfico de drogas y finalmente argumentando la detención de la joven por su supuesta participación en una extorsión.
Allá en el año 2012, Wendy era la dueña de un número telefónico de la compañía Tigo El Salvador, ella abrió una cuenta de Tigo Money para hacer un retiro, lo realizó y luego de meses Wendy desechó el chip (como cualquier otro ya no lo utilizó).
En el 2014 empleando su número telefónico un hombre se identificó como miembro de la Mara Salvatrucha y amenazó de muerte a un lugareño de Jocoaitique si no cancelaba $500 de extorsión, entre negociaciones la víctima acordó depositar $150 y el dinero fue retirado en un Tigo Money de Plaza Mundo Soyapango.
Luego de su detención, Morales fue trasladada a San Francisco Gotera, Morazán, al juzgado de paz de Jocoaitique y tras la presentación de bitácoras de mensajes de la extorsión, la denuncia y los números telefónicos involucrados el juez decidió que la joven siguiese en detención provisional durante los 4 meses en la que se llevará a cabo la investigación.
Tras su detención sus abogados afirmaron que existe una parcialidad y se ha vulnerado el artículo 270 del Código Procesal Penal y el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
“En este caso no se ha recabado prueba de descargo contra Wendy y en particular tuvo que haber existido una nota de recibido del producto (que se supone)”¦ del depósito que hizo la víctima al número de Wendy. A su vez no existe el contrato con el cual se acredita que Wendy tenía legamente el número y tampoco se ha establecido la ubicación de antenas del GPS en donde se encontraba Wendy en ese instante y hay un punto bien importante Fiscalía tuvo que comprobar que Wendy recibió esta plata”, dijo el abogado defensor.
Ante las irregularidades del proceso colectivos, organizaciones y compañeros han denunciado las anomalías del caso por medio de la campaña #Justicia para Wendy.
Hasta el momento Wendy Morales es la única persona procesada por el hecho y mientras dure la investigación la joven se mantendrá en libertad provisional.
