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sábado, 08 de mayo del 2021

El Salvador continúa en el análisis de propuesta para evitar mal uso de información ciudadana

La iniciativa de ley tiene por objetivo la protección integral de los datos personales de las personas naturales que se encuentren en posesión de otros particulares, personas jurídicas, o entidades públicas.

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La Comisión de Economía continuó con el estudio del proyecto de Ley de Datos Personales y Hábeas Data, la que surge de cuatro propuestas unidas en una sola matriz, en la que están trabajando los diputados.

Este martes, la mesa legislativa analizó lo relativo a la creación de la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD), instancia que será la responsable de velar por la protección de los datos personales y de los registros tanto públicos como privados, de conformidad con la propuesta de normativa.

En ese sentido, dicha autoridad contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía administrativa y financiera.

En lo que respecta a la elección de la presidencia y de sus miembros, se sugirió que sea la Asamblea Legislativa la responsable de llevar a cabo dicho proceso.

Para la presidenta de la Comisión de Economía, Margarita Escobar, del grupo parlamentario de ARENA, este apartado refleja la representación esquemática de la Autoridad Nacional de Protección de Datos.

“Lo único que quiero traer a reflexión más allá de lo que se ha dicho, es el tema de la impugnación… eso es algo inédito en los procesos de elección de segundo grado”, expuso la legisladora.

En el documento, que está en estudio, se plantea que la ANDP estará integrada por tres miembros propietarios y sus respectivos suplentes quienes permanecerán en el cargo seis años, y que serán electos con base en los parámetros establecidos en el proyecto de ley.

Si por algún motivo, los miembros propietarios cesaren en el cargo de forma definitiva, los respectivos suplentes asumirán dicha posición hasta que corresponda realizar una nueva elección al cumplirse el período.

El relator de la comisión, diputado Rodolfo Martínez, del grupo parlamentario del FMLN, aclaró que sobre el tema de la impugnación, el equipo técnico todavía no lo ha discutido y, por lo tanto, se deberá hacer las valoraciones respectivas cuando se llegue a ese punto.

La mesa parlamentaria contó con la participación de representantes de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), quienes están dando sus aportes al igual que otras entidades.

La diputada Escobar es de la opinión que se ha avanzado considerablemente en el estudio del anteproyecto de ley y, para la próxima semana, se espera que concluyan con el tema de las sanciones e infracciones que consta de 10 artículos y, en el término de 15 días, la reunión será presencial para comenzar el estudio de artículo por artículo de la iniciativa.

A consecuencia de esta iniciativa presentada el 24 de junio de 2019 por organizaciones sociales, los parlamentarios realizaron a principio de este año un seminario donde figuraron  el secretario de Innovación del Gobierno Central, y representantes de la Cámara Salvadoreña de las Tecnologías de la Información, de Microsoft para la Región, de Amazon Web Services para Centroamérica, Caribe y Región Andina, y de Facebook para Centroamérica y México, entre otros.

Luego de la presentación del documento y del conversatorio, la comisión afina un documento que tiene insumos de cuatro propuestas: Ley de Protección de Datos Personales, Ley de Protección de Datos Personales y Habeas Data (ARENA), Ley General de Protección de Datos Personales (FMLN), Ley de Protección Contra el Tratamiento Indebido de Datos Personales (GANA), y Ley de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la Sociedad y Economía Digital (ARENA).

¿Qué es el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales y Habeas Data?

La propuesta de Ley de protección de datos personales y hábeas data, tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas naturales que se encuentren en posesión de otros particulares, personas jurídicas, o entidades públicas; esto, a través de la determinación de las reglas relativas a su tratamiento y a la garantía de la privacidad y derecho de su titular para disponer libremente de la misma.

Los datos personales, según lo define la propuesta de ley en referencia, son toda información de carácter privado concerniente a una persona identificada o identificable, relativa a su nacionalidad, domicilio, patrimonio, dirección electrónica, número telefónico y cualquier otra información análoga. Asimismo, dicha propuesta de ley define el concepto de "datos sensibles", como aquellos datos personales que afecten la esfera más íntima de su titular y cuya utilización indebida pueda dar origen a la discriminación, a una afectación al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de su titular.

Uno de los elementos más importantes que incorpora la ley de protección de datos personales y hábeas data es el consentimiento previo informado como requisito indispensable para el tratamiento de datos sensibles, el cual según lo dispone el artículo 28 de esa propuesta de ley, debe ser libre, informado, específico, expreso e individualizado y además, deberá ser otorgado por su titular, ya sea por un medio físico o electrónico, y el cual deberá ser resguardado por el responsable de la base de datos que dispondrá de la información del particular.

Este y otros elementos que incorpora la propuesta de ley en referencia brindan una serie de herramientas para la protección de datos personales y sensibles.

Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico carece de una norma de carácter general que determine la clasificación de los tipos de datos personales y sensibles existentes, los principios generales que rigen su tratamiento, los derechos de sus titulares, y el régimen sancionatorio aplicable por su vulneración.

Por tal motivo, dicha propuesta de ley es de vital importancia para consolidar la configuración legal del derecho a la autodeterminación informativa, desarrollado por la Sala de lo Constitucional, y el cual tiene por objeto preservar la información de las personas que se encuentra contenida en registros públicos o privados, frente a su utilización arbitraria.

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