Los diputados René Portillo Cuadra, de ARENA, y Mario Tenorio, de GANA, expresaron este martes que la intención de reformar la Ley de Extinción de Dominios, debe ser legislar conforme a garantizar los derechos fundamentales de los propietarios de bienes por incautar pero que son de origen cuestionable.
“Debemos de legislar conforme a los derechos fundamentales, respetando el debido proceso legal. Y si es un problema de aplicación, también, plantear que es un problema de aplicación y no de ley, pero sí debe ser objeto de discusión profunda”, dijo Cuadra en la entrevista matutina de TCS.
El parlamentario tricolor afirma que los diputados buscan que no se violente el principio de inocencia de las personas y que se proteja el derecho a la propiedad en el momento de la incautación de bienes de una persona señalada por delitos como Enriquecimiento ilícito, Lavado de Dinero o Peculado.
La propuesta de reforma es respaldada, según Portillo Cuadra, por todas las fracciones políticas, incluyendo el FMLN, aunque cuestionó la contradicción del gabinete de Seguridad que se mostró en contra de dicha reforma.
“El FMLN está jugando al policía bueno y policía malo con este tema porque su fracción legislativa está a favor de la reforma pero sus funcionarios de Seguridad no lo están. Hay que transparentar para que la población tenga claro qué rol está jugando cada partido político”, indicó Cuadra.
Lea también: “Reformar Ley de Extinción beneficiaría al crimen organizado”
El diputado Mario Tenorio, por su parte, destacó que con esta reforma no se busca beneficiar al crimen organizado.
“Quiero aclarar que no estamos nosotros por derogar la ley. Seguimos pensando de manera firme que este es un instrumento sumamente importante para golpear estructuras del crimen organizado al incautarle los bienes, pero en el momento de la incautación se debe tener mucho cuidado”, dijo Tenorio.
El parlamentario aseguró que han habido situaciones donde se están extralimitando y vulnerando derechos de las personas al momento de la incautación de bienes pero no específico los casos.
El fiscal general, Douglas Meléndez y el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, se mostraron en contra de dicha reforma pues sostienen que sería limitar el accionar de las autoridades contra estructuras criminales, lo que les daría ventajas para utilizar prestanombres y proteger sus bienes presuntamente adquiridos de forma ilícita.
La comisión de Legislación acordó preparar una nueva propuesta de reforma tomando en cuenta las consideraciones expresadas por los funcionarios, a fin de fortalecer la normativa y robustecer los mecanismos para la extinción de dominio. La reforma requiere 43 votos del pleno legislativo.
