Con 57 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado, con el objetivo de fortalecer el control en la ejecución de penas impuestas a personas condenadas por delitos relacionados con estructuras criminales.
Las modificaciones establecen que los Tribunales y Cámaras Especializadas Contra el Crimen Organizado serán los encargados de vigilar y garantizar el estricto cumplimiento de las condenas, asumiendo funciones que anteriormente estaban a cargo de los jueces de vigilancia penitenciaria.
Esta medida, según los legisladores, busca descongestionar el sistema judicial y permitir que los jueces penitenciarios se concentren en casos distintos al crimen organizado, como delitos sexuales, extorsiones y delitos económicos.
Uno de los cambios más relevantes prohíbe expresamente otorgar beneficios como la libertad condicional o la libertad condicional anticipada a personas condenadas por delitos cometidos bajo la modalidad de crimen organizado, endureciendo así las consecuencias para este tipo de criminales.
La reforma incluye también una disposición transitoria que establece que los jueces penitenciarios que actualmente supervisan la ejecución de penas bajo esta ley continuarán con dicha responsabilidad hasta que las condenas sean cumplidas en su totalidad.
