Por: Alessia Genoves
Una reducción de hasta el 35% en los casos de homicidio ha sido uno de los principales logros señalados a favor de la aplicación del Plan Control Territorial, durante los primeros ocho meses del año. No obstante, el incremento de hasta 40 mil efectivos militares al servicio de la seguridad pública ha sido cuestionado por sistemas de organizaciones sociales, como la Plataforma de Seguridad Ciudadana, que alerta una “crisis en el sistema democrático” del país.
Homicidios Reducen al 57%
Pese a las alertas ciudadanas, los resultados han marcado una reducción en delitos contra la vida y el patrimonio, en paralelo a un aumento en el número de detenciones, que ya acumula una cifra de hasta 3,754 personas tras las rejas, según lo confirma a ContraPunto el Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública (MJSP).
“En el mes de agosto se registraron 53 homicidios, comparado con agosto del año pasado son 73 homicidios menos. Agosto se ha convertido en el mes más seguro de toda la historia del país”, confirmó, en su momento, el titular del Ministerio de la Defensa, Francis Merino Monroy.
“El trabajo coordinado nos permite analizar el comportamiento de la actividad criminal y apostarle a enviar mayor presencia de la autoridad a estos lugares donde hay mayor criminalidad” @Vi11atoro. pic.twitter.com/V1lbJDkL4T
— Ministerio de Seguridad (@SeguridadSV) August 30, 2021
Entre los resultados, también enumeran un incremento en el número de acciones preventivas, que han llegado a acumular un total de 78,811 patrullajes, que hicieron efectivas un total de 12,781 capturas, de las que casi una tercera parte se desarrollaron en flagrancia.
“Entre los arrestos sobresalen 1,453 por el delito de lesiones, 837 por homicidio, 750 por extorsión, 385 por robo y 332 por violación”, destaca la institución de seguridad, en sus resultados.
Denuncian Militarización
Los resultados del PCT también son el efecto de un incremento de hasta $224 millones de dólares, para la financiación de políticas de seguridad; es decir, un incremento de $50 millones en la administración del presidente Nayib Bukele. Sin embargo, la Plataforma desconoce la inversión militar, siendo, a su juicio, hechos violatorios a los Acuerdos de Paz.
Al margen de los resultados, la plataforma juzga que el incremento de los efectivos atenta contra el diálogo y la democracia, en la resolución de problemas relativos a la seguridad pública. A su vez, señalan que el comportamiento de “militarización y de militarismo” en el país no es diferente al de Honduras y Nicaraggua.
“En la actualidad, la FAES está siendo objeto de una instrumentalización política sin precedentes, desde los acuerdos de paz, y ha vuelto a intervenir negativamente en el proceso político salvadoreño; ésta vez, apoyando, abiertamente, el rompimiento del orden constitucional, y un proceso de regresión autoritaria que está sumiendo a El Salvador en la peor crisis política de la post-guerra”, denunció, en su momento, la vocería de la plataforma.
Otras acciones del gobierno han sido cuestionadas por la comunidad internacional. Desde el 9 de febrero del año pasado hasta el 1 de mayo del año presente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUH), que fueron juzgados como “golpes de estado” y amenazas a la “división de poderes del Estado”, al implementar efectivos militares y ordenar la destitución de magistrados, acusaciones que fueron negados de manera reiterada por el gobierno oficial.
