Diez avisos contra diez alcaldías sobre posibles actividades ilícitas durante su gestión del COVID-19 y las tormentas Amanda y Cristóbal fueron presentados por la Corte de Cuentas (CCR) ante la Fiscalía General de la República (FGR). La CCR presentó los informes, por un total de $7.110.990,68 en fondos.
Fueron señalados de peculado, administración fraudulenta e incumplimiento de sus deberes, entre otros delitos, los cuatro municipios de San Salvador, tres de San Vicente, uno de Chalatenango, Cuscatlán y La Libertad, según detalló Carlos Quinteros, representante legal de la CCR.
Las auditorías realizadas por la CCR encontraron que no había evidencias de procesos de contratación en los diez municipios, y también se detectaron deficiencias en el proceso de licitación. Los fondos del COVID-19 fueron transferidos al Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) para cubrir nómina, gastos de representación, compensaciones económicas y asignaciones, entre otros gastos no relacionados con la pandemia. Adicionalmente, los municipios realizaron gastos en proyectos, productos y servicios no relacionados con la emergencia.
Los fondos en los que la CCR ha encontrado supuestas irregularidades fueron destinados a la atención de la pandemia y las tormentas, bajo los decretos legislativos número 650 y 687, se señala que al final se destinaron a otros fines.
“Son 10 municipalidades de las que en esta oportunidad venimos a presentar avisos. Con estos avisos, en lo que va del año ya hemos presentado 46 avisos en lo que va del año”, agregó el coordinador de Auditoría de la CCR, Adán Tomás Zavaleta.
Los 10 avisos presentados por la CCR se suman a las 36 denuncias que ha realizado ante la FGR desde el 11 de enero del 2023, sumando así 46 reportes, lo que representa un desfalco total de $28.140.256,11. Las auditorías abarcan el período del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2021, en los municipios involucrados.
La Fiscalía General de la República realizará las investigaciones correspondientes para determinar si estas acusaciones son ciertas y si corresponde emprender alguna acción legal contra los responsables de estos hechos. La CCR ha dejado en claro que continuará monitoreando la gestión de los fondos públicos y garantizará que los gobiernos locales actúen dentro de la ley y sus deberes para con sus electores.
