El ministro de Defensa, René Merino, negó que la violación de derechos humanos sea una política institucional esto en reacción a un informe del Departamento de Estado de EE.UU. que señala abusos de las fuerzas de seguridad en 2020.
“No es ninguna política institucional la violación de derechos humanos. Por el contrario, la política de la institución y del Gobierno es el irrestricto respecto a los derechos humanos”, dijo en una entrevista televisiva.
Merino Monroy añadió que “todos los elementos andan una cartilla (documento) de actuación basada en derechos humanos, la cual les limita el uso de la fuerza”.
“Nosotros hemos demostrado el profesionalismo de nuestra institución. Tenemos convenios y trabajamos de la mano con organizaciones internacionales”, acotó.
El informe, dado a conocer el martes, señala que en ocasiones “las autoridades civiles no mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad”, cuyos miembros ”cometieron algunos abusos”.
Recuerda que el 9 de febrero de 2020, el Ejecutivo de Nayib Bukele “utilizó las fuerzas de seguridad para intentar interferir en la independencia del poder Legislativo”.
En dicha fecha, el mandatario ingresó con soldados y policías armados con fusiles de asalto al hemiciclo del Palacio Legislativo para simular el inicio de una sesión y orar, mientras afuera los esperaban cientos de sus seguidores gritando «¡insurrección, insurrección!».
El Departamento de Estado señala que «entre los problemas significativos de derechos humanos» registrados en El Salvador se encuentran «denuncias de homicidios ilegítimos de presuntos miembros de pandillas y de otras personas por parte de las fuerzas de seguridad.
También da cuenta de “desapariciones forzadas por parte de personal militar; tortura y casos de tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad”.
Añade que existen “condiciones penitenciarias duras y que ponían en peligro la vida de las personas”, además de “detenciones y encarcelamientos arbitrarios”.
De igual forma, señala «graves problemas con la independencia del poder judicial», “restricciones a la libertad de expresión y de prensa», y «graves actos de corrupción gubernamental”.
