El Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador inició este miércoles el desarrollo de la audiencia preliminar en contra del exmediador entre pandillas, Raúl Mijango, el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda, y 19 implicados más en la denominada “tregua entre pandillas” que entre 2012 y 2013 ocasionó una cuestionable baja en el número de homicidios en El Salvador a cambio de presuntos beneficios carcelarios a pandillas.
El 3 de mayo de 2016, la Policía Nacional Civil (PNC) informaba sobre la captura de al menos 16 de trabajadores y extrabajadores de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), colaboradores de la Fuerza Armada (FAES) y Altos Mandos de la PNC.
Entre los detenidos se encontraban: tres agentes policiales, tres militares, nueve custodios de centros penales y una persona civil. Los delitos de los que se les acusa son agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes, tráfico de ilícitos y actos arbitrarios.
Ese mismo día la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó tener suficientes pruebas documentales y periciales que vinculaban a importantes miembros de la seguridad pública e inteligencia del Estado con la tregua entre pandillas, lo cuáles, junto a otros detenidos, “se valieron de sus cargos para el cometimiento de delitos a favor de pandilleros”.
Cuatro días después, el 7 de mayo, el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador, decretó que Raúl Mijango sea procesado judicialmente mientras guarda prisión provisional. Previo a conocer la resolución de la audiencia, Mijango aseguró que el expresidente, Mauricio Funes, fue quien lo autorizó para que dialogara y negociara con las pandillas a fin de reducir los homicidios en esa época.
Ese mismo día, el ministro de la Defensa, David Munguía Payes, conmemoraba el Día del Soldado salvadoreño. Ahí se desmarcó de las irregularidades que empezaban a salir a la luz sobre la tregua y negó que estuviera siendo investigado y que Mijango haya sido su subordinado, y dijo desconocer de todas las irregularidades de la tregua.
“Yo no estoy siendo investigado. Me han mencionado, como pueden haber mencionado a otra persona. Por otro lado hay que tener cuidado con los ataques políticos porque la figura del ministro puede ser un estorbo para interés de carácter político”, dijo Payes.
El 27 de mayo, la Cámara Especializada de Instrucción de San Salvador, resolvió otorgar libertad condicional al exmediador de la tregua entre pandillas, Raúl Mijango, mientras dura su proceso judicial.
El 6 de junio de 2016, la PNC captura en Santa Ana a Nelson Rauda, exdirector general de Centros Penales, acusado de agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes, tráfico de ilícitos y actos arbitrarios, según afirmó el fiscal general, Douglas Meléndez.
El 16 de junio, el otro exdirector de Centros Penales en el Gobierno Funes, Douglas Moreno, dijo que los supuestos beneficios brindados a pandilleros durante la tregua entre pandillas, fueron, “indudablemente”, facultados y avalados por ese Gobierno.
“Toda la estrategia de la tregua se hizo en el despacho del ministro David Munguía Payes y se expuso al presidente y todos los involucrados para diseñar lo que sería un nuevo proceso de ingeniería de paz, (“¦) al hacer la reflexión final se le impone al presidente que también sin la ayuda de los alcaldes es imposible llevar paz a los territorios”, dijo Moreno
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Un año más tarde, en la audiencia inicial de este miércoles, el abogado Luis Mario Pérez Bennet, defensor de un jefe policial implicado en caso tregua, sugirió que también se procese judicialmente a los altos mandos de seguridad de ese momento, al expresidente Mauricio Funes y al ministro de Defensa, David Munguía Payes porque según dijo a medios locales, ellos sabían y daban las órdenes de beneficiar a pandillas.
A los imputados entre ellos Raúl Mijango se les acusa de falsedad material, actos arbitrarios, introducción de objetos prohibidos a penales y agrupaciones ilícitas entre otros delitos, que supuestamente habrían cometido al negociar y brindar beneficios ilegales a los pandilleros en prisión para bajar los homicidios.
La jueza a cargo del caso dejó sin efecto la reserva total del mismo asegurando que “el derecho a la justicia es un bien público”. Se prevé que audiencia dure dos días más.
