En 2019, 9 personas fueron reportadas diariamente como desaparecidas en El Salvador, según la información que difundió el Comité Internacional de la Cruz Roja a través de su cuenta de Twitter.
Este dato fue respaldado por el jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja, Oliver Martin, quien ha mostrado su preocupación por este tipo de casos que no cesan en el territorio nacional pese a las restricciones de circulación y a los problemas que ha desencadenado la proliferación del COVID-19.
“Aún no existen cifras consolidadas, pero la cantidad de salvadoreños que han desaparecido por la ola de violencia en la última década en el país superará la cantidad de personas que desaparecieron durante los doce años de conflicto armado. Casi tres décadas después de la firma de los acuerdos de paz, la no repetición sigue siendo un reto difícil de conseguir”, reza un extracto del editorial denominado "Desaparecidos: la deuda pendiente", que fue redactado por Martin.
El jefe de misión indicó que estos datos obtenidos mediante las denuncias registradas en la Fiscalía General de la República, revelaron que solo en marzo de este año hubo 159 denuncias de personas desaparecidas.
“El reto de la búsqueda y atención a las familias se amplifica en una situación como la que enfrentamos ahora”, indicó el miembro de la Cruz Roja.
En este sentido, dijo que en el país no existe aún un registro único de personas desaparecidas y de cadáveres que facilite el proceso de búsqueda e identificación. A esto agregó, que las dependencias estatales encargadas del proceso de identificación y acompañamiento en salud mental a menudo se ven sobrepasadas, pues la demanda supera, de lejos, su capacidad financiera, humana y de infraestructura.
“Si bien hay avances positivos para enfrentar el problema de la desaparición, aún queda mucho por hacer. Los familiares no son reconocidos legalmente como víctimas y no reciben ayuda económica del Estado, a pesar de sus necesidades”, sostuvo.
Por lo tanto, dijo que uno de los grandes retos es, sin duda, reconocer este sufrimiento, facultar a las familias legalmente como víctimas y responder, en consecuencia, a sus derechos.
Ante esto recomienda que se necesita desarrollar e implementar programas de asistencia económica y asistencia psicológica y psicosocial, así como establecer, por vía legislativa, la declaratoria del estado legal de ausencia por desaparición para que las familias puedan gestionar los bienes de sus seres queridos.
Agregó que es también de suma importancia impulsar la aplicación sistemática, en todo el territorio y por las instituciones correspondientes, del Protocolo de Acción Urgente, así como asegurar que se informe debidamente a las familias sobre los resultados de la búsqueda. La implementación de un registro único de personas desaparecidas y personas fallecidas no identificadas, sumado al uso apropiado de todos los medios de identificación humana, incluida la comparación de las huellas dactilares tomadas de los cuerpos no identificados con las del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, sería un paso fundamental para mejorar la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas.
Por otra parte, la FGR detalló que 542 personas desaparecieron en el primer trimestre de este año. Febrero registra la mayor cantidad de casos de desaparecidos (198), seguido de enero (187) y por último marzo (157). En este último mes comenzó la emergencia nacional por la pandemia COVID-19 y el 21 de marzo se declaró cuarentena domiciliar obligatoria.
Si bien estos datos dan un promedio diario de seis personas desaparecidas para este año, significa que hay una reducción con respecto al mismo período de 2019, cuando hubo 829 casos equivalente a nueve desaparecidos diarios.
