Es un imperativo que se proteja a la prensa y al ser humano de la prensa, si se quiere mejorar el periodismo.
Imagen: ContraPunto El Salvador
Denuncias contra el discurso político, limitaciones en el ejercicio de la prensa y la restricciones en el acceso a la información pública han sido recurrentes durante la gestión administrativa del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en al menos 285 casos enumerados por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
Las denuncias han trascendido a la demanda pública, que han resonado en sectores sociales de la oposición, y a mecanismos de representación, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Human Right Watch (HRW) y Amnistía Internacional; reiterando la demanda a la libertad de prensa en el país.
Por parte de la presidencia, las acusaciones llegaron a responder a condiciones relativas al derecho de respuesta, a la contención de información reservada (seguridad, salud, educación) y normativas de orden disciplinaria.
Los hechos no han culminado, sin embargo, en la violencia física ni en la aprensión ni en la instrumentalización de las fuerzas de seguridad pública, por parte del gobierno actual, para terminar con la vida de los profesionales de la información, en el peor de los casos; al menos eso no lo constatan ni registros oficiales ni extraoficiales.
Entre la Denuncia y sus Grises
Hasta hace 5 meses, los precedentes motivaban a APES a la discusión de la denominada Ley Especial para la Protección Integral de Personas, Periodistas, Comunicadoras y Trabajadores de la Comunicación y la Información, un elemento que pretendía establecer condiciones de protección y regulación de la prensa. Al término de la Legislación 2018-2021, el recurso no ha vuelto a discutirse.
La negación no ha sido única del Gobierno. En la anterior propuesta, la discusión también definía a la prensa como un agente victimario, antes que un agente susceptible de vulneración. Legisladores exigían regulaciones que limitaran la comisión de delitos relativos al honor e integridad de personas naturales y jurídicas, con penas de prisión.
No se discutió, sin embargo, en la violencia horizontal, agresiones entre medios y periodistas del mismo gremio. APES, incluso, sostenía una posición de denuncia al poder, y restaba importancia al problema. En su lugar, representantes de la institución sostenía la credibilidad y la inocencia de sectores de la prensa implicados en delitos. Autoridades de seguridad llegaron a ser interpretadas como amenazantes al declarar su tarea por emprender acciones contra el periodismo irresponsable, en sus prácticas de “apología del delito”.
Pero mientras la gremialización respondía a una percepción unilateral de la justicia, emergían sectores de periodistas denunciantes, gradualmente radicalizados en activismos políticos. Su participación e incidencia no omitía, además de la crítica y denuncia legítima, la difusión de mensajes deterministas (parcializados), y actitudes de competencia desleal, en las que se disuadía la lectura de la prensa oficialista, y hasta la no contra-oficialista.
Pese a que las declaraciones de las autoridades fueron condenadas por la oposición, y reiteradas por los simpatizantes, responden a una realidad que debe regularse, más allá de apelar al derecho de respuesta. Pues ni la prensa oficial ni la prensa alternativa han podido conciliar, oportunamente, las demandas de sectores sociales vulnerables, ni las de víctimas, ni las de la propia prensa.
Los precedentes lo establecen. Es un imperativo que, si se quiere mejorar al periodismo, se proteja a la prensa; pero que también se proteja al ser humano de la prensa. La prensa también es susceptible de cometer abusos. En un esquema de ponderación, el derecho al honor y al de la integridad personal tienen mayor valor que la libertad de expresión, que implica a la prensa. Pero no por ello deja de ser importante la prensa, idealmente responsable.