La Cámara Primera de lo Penal de la primera sección del centro ratificó este jueves la condena a 30 años de prisión impuesta en 1992 al coronel Guillermo Alfredo Benavides por su participación en la masacre de seis sacerdotes jesuitas en noviembre de 1989. Durante el operativo militar también fueron asesinadas sus dos colaboradoras al interior de la Universidad Centroamericana (UCA).
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De acuerdo con el área de prensa del Centro Judicial “Isidro Meléndez”, en el caso del coronel Benavides se ordenó que cumpliera la condena a 30 años de cárcel impuesta en 1992. Su defensa apeló ante la Cámara tras evaluar jurídicamente el caso; sin embargo, esta terminó por ratificar la condena.
El coronel Guillermo Alfredo Benavides fue detenido el 5 de febrero del año pasado, junto con el sargento Tomás Zárpate de Castillo, del subteniente José Antonio Ramiro Ávalos Vargas, luego que se hiciera efectiva una difusión roja con propósitos de extradición girada por INTERPOL a petición del Juez de la Audiencia Nacional Española, Eloy Velasco. Las capturas se dieron en horas de la noche en sus residencias.
El 16 de noviembre de 1989 seis jesuitas, entre ellos Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana (UCA), fueron asesinados por un comando que dirigía Benavides.
El 11 de febrero de 2016 el Gobierno de España emitió una nueva solicitud de extradición contra los cuatro capturados para ser juzgados por un tribunal español. No obstante, luego de un proceso de deliberación, los 15 magistrados de resolvieron en agosto de 2016 que los militares no serían extraditados a España. La abolición de la Ley de Amnistía en 2016 permitió la reapertura del caso.
Más de una docena de militares están prófugos de la justicia. Se les acusa de la autoría intelectual de la llamada masacre de la UCA, ocurrida en plena guerra civil (1980-1992).
La guerra civil duró 12 años y en ella murieron 75 mil personas, 8 mil están aún desaparecidas y un millón se refugió en Estados Unidos, y países vecinos. Internamente, hasta este año ni militares ni guerrillleros habían sido procesados por los crímenes de lesa humanidad que cometieron.
En la actualidad están en proceso el caso de los jesuitas y la masacre de El Mozote (1981). La familia del beato Oscar Romero fue a los tribunales en marzo pasado a solicitar la judicialización de su asesinato el 14 de marzo de 1980.
