La Conferencia Episcopal de El Salvador manifestó su postura en contra la cesación obligatoria de jueces y fiscales, contra la forma en que se ha avalado la reelección presidencial y los riegos que acciones como estas, que no han respetado el debido proceso, conllevan para la democracia y el respeto al Estado de Derecho.
Los obispos expusieron en un comunicado que tanto el pueblo salvadoreño “anhela vivir en un Estado de Derecho y justicia pleno”, un derecho que por años se le ha negado debido al ejercicio de prácticas ilegítimas e improcedentes como al corrupción, la impunidad, el nepotismo y el compadrazgo, así como la compra de voluntades, la mentira, la difamación y la calumnia.
Resultado de esas prácticas, dicen, es que se tienen víctimas entre el pueblo salvadoreño, tal es el caso de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, Rutilio Grande, Fray Cosme Spessotto, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus, cuyos asesinatos han quedado impunes.
En el escrito, los obispos también abordan temas como el nuevo golpe judicial dado desde el oficialismo con las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, una acción que ha sido calificada de ilegal, pues la Constitución no les da a los diputados esa iniciativa.
Al respecto, los obispos consideran que si bien es importante la depuración del sistema judicial, esto se debe hacer “respetando el debido proceso”. Esto, dicen, es válido tanto para el caso de la cesación de un tercio de los jueces como para el tema de la reelección presidencial, la cual ha sido validada vía resolución de la Sala de lo Constitucional hace unos día.
“Por eso elevamos nuestra voz para recordar a las autoridades responsables, que estas acciones solo pueden tener validez si se dan apegadas al derecho constitucional del país porque el fin no justifica los medios”, expresan los obispos en su comunicado.
Y añaden: “Aunque en las acciones arriba mencionadas exista el deseo legítimo de cambiar un status quo, que por años ha lastimado a las grandes mayorías, nos parece que cambiar un sistema injusto por medio de acciones arbitrarias y anticonstitucionales no abona a la transformación de la nación”.
Para los líderes episcopales, las acciones impulsadas solo darían paso a un andamiaje, a un nuevo status quo fundamentado en acciones contrarias al derecho y la justicia, cuyos frutos no son beneficiosos para la población.
Los obispos también rechazan los intentos de reformas a la Constitución que impulsa el gobierno de Nayib Bukele y cuyo proyecto es dirigido por el vicepresidente Félix Ulloa. “Los artículos pétreos de nuestra constitución política no pueden ser reformados, deben conservarse como tales, porque de lo contrario, se vulneraría el sistema democrático que siempre ha defendido nuestro pueblo”, sostienen.
En ese marco de las reformas constitucionales pretendidas, los obispos también rechazan la aprobación del aborto y la eutanasia, comparten las voces que la consideran un retroceso en cuanto a la defensa de la vida humana. “Nunca será legal el asesinato”, expresan.
De igual forma se refieren a otros temas de coyuntura como la implementación del bitcoin como moneda de curso legal. A esto, los obispos comparten la preocupación y el temor de gran parte de la comunidad salvadoreña y piden a la Asamblea Legislativa que reforme la ley a fin de eliminar su uso obligatorio.
