Una consulta ciudadana efectuada por ContraPunto, si considera que la Comisión contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) solucionará los problemas de corrupción e impunidad, revela que el 48.4% no cree que sea de mucha ayuda, mientras que un 44.5% percibe que sí. El 7.1% restante no sabe.
El 6 de septiembre, el presidente Nayib Bukele, y el jefe de la Misión Técnica para la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Porto, oficializaron el lanzamiento de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en El Salvador. Ese día suscribieron una carta de entendimiento. De inmediato, varios sectores políticos y de la sociedad se pronunciaron tanto a favor como en contra.
A la fecha, todavía no hay mucha claridad sobre las atribuciones que tendrá la comisión. Sin contar con poderes especiales otorgados por la Asamblea Legislativa o la venia de la Corte Suprema de Justicia, Bukele puso en marcha el ente que, a su juicio, es un “clamor” de la población.
El gobernante cuando hizo el anuncio de la CICIES. aclaró que su accionar lo comenzaría en las 105 instituciones que integran el Ejecutivo.
Lo anterior significa que no tendrá poder sobre los otros dos órganos de Estado. Tampoco podrá actuar en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la República (PGR), Corte de Cuentas de la República (CCR), Fiscalía General de la República (FGR) y las alcaldías.
Bukele también explicó que crearía una unidad contra la corrupción al interior de la Policía Nacional Civil (PNC), que estará vinculada directamente con la CICIES.
Sin embargo, la Constitución establece que la entidad encargada de dirigir la “investigación del delito” es la Fiscalía y añade que la PNC tiene a su cargo la “colaboración en el procedimiento de investigación”.
La Carta Magna también apunta que a la Fiscalía le corresponde promover la acción penal”, es decir, llevar los casos ante los tribunales, atribución que no tiene la PNC.
Tras la firma del acuerdo con la OEA, el Ejecutivo tiene previsto iniciar pláticas con instituciones como la Fiscalía, Corte de Cuentas, Corte Suprema y Asamblea Legislativa. El objetivo de estas conversaciones es conseguir el apoyo, fondos y más atribuciones legales, mismas que únicamente puede otorgar el Palacio Legislativo.
