Un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA ingresó este lunes a una de las más temidas cárceles de Nicaragua para indagar sobre la situación de unos 200 detenidos, en su mayoría jóvenes capturados por participar en protestas cívicas desde abril.
La misión, encabezada por la relatora especial para Nicaragua, la chilena Antonia Urrejola, se reunió durante varias horas con autoridades policiales en la sede de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), que alberga la cárcel conocida como El Chipote, en un céntrico sector de Managua.
Al salir del lugar, decenas de madres, abuelos, tíos y hermanas de detenidos rodearon a los miembros de la CIDH para conocer información sobre sus parientes. Algunas mujeres gritaban y otras lloraron desconsoladamente al no recibir ninguna noticia.
Urrejola no formuló comentarios a los reporteros y anunció que brindará una rueda de prensa mañana martes junto al brasileño Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, quien también se encuentra en Managua.
Ambos presentarán mañana al Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), que durante al menos seis meses se encargará de investigar denuncias de asesinatos, detenciones y torturas ocurridas desde que iniciaron las protestas en Nicaragua el 18 de abril.
Esta es la segunda visita que Abrao y Urrejola realizan al país después de la efectuada en mayo, cuando recibieron en tres días más de 1.000 denuncias de crímenes contra personas, en su gran mayoría jóvenes que protestaban contra el Gobierno.
En su cuenta de Twitter, Abrao informó que el GIEI estará integrado por el italiano Amerigo Incalcaterra, con experiencia en operaciones de paz; la jueza y académica guatemalteca Claudia Paz y Paz; la socióloga peruana Sofía Macher y el fiscal federal argentino Pablo Parenti, que investigó causas por crímenes de lesa-humanidad durante la dictadura argentina.
Alvaro Leiva, presidente de la Asociación Nicaragí¼ense Pro Derechos Humanos (ANPDH, independiente), declaró a periodistas que más de 200 personas permanecen detenidas en el país, la mayoría de éstas en El Chipote.
Leiva acusó a Ortega de utilizar fuerzas policiales y paramilitares en una “cacería de brujas” mediante “arrestos selectivos” de dirigentes sociales, además de cateos, secuestros, asesinatos y allanamientos de morada sin orden judicial.
“Se trata de ciudadanos que son detenidos sólo por ejercer su derecho a la protesta cívica”, consagrado plenamente en la Constitución de Nicaragua, advirtió el activista.
Entre los jóvenes capturados y llevados a El Chipote figura Manuel Tijerino, sobrino nieto de la famosa ex guerrillera sandinista Doris Tijerino, amiga del presidente Daniel Ortega y jefe de la Policía durante la revolución (1979-1990).
Manuel Tijerino Haslam, hermano de Doris y abuelo del detenido, le pidió compasión a Ortega, tras recordar que estuvo junto a él en una de las celdas del mismo centro penal en la década de 1970, cuando ambos luchaban contra la dictadura de Anastasio Somoza.
En declaraciones al canal 15 de televisión, el rector de la Universidad Americana (UAM, privada), Ernesto Medina, acusó al Gobierno de proteger a los policías culpables de asesinatos "mientras mantiene en la cárcel injustamente a estudiantes que protestaban de forma pacífica".
Mientras, líderes de la opositora Alianza Cívica pidieron en conferencia de prensa la libertad de todos los presos políticos y el cierre definitivo de El Chipote, que “se ha convertido en símbolo de tortura y dolor para los nicaragí¼enses".
La coalición antigubernamental anunció que seguirá “manteniendo las protestas en las calles” y en tal sentido convocó a un plantón cívico el próximo miércoles en Managua, con réplicas en otras ciudades del país y a una nueva “marcha nacional” prevista para el 7 de julio.
Entretanto, otra rueda de prensa, un grupo de figuras políticas y de la sociedad civil propusieron formar una “junta de transición” que convoque a comicios anticipados y exigieron la “salida inmediata” de Ortega, a quien acusaron de cometer crímenes de lesa humanidad.
La llamada “Junta de transición” debería “restaurar las instituciones y garantizar las nuevas elecciones presidenciales”, indicó un comunicado firmado entre otros por Violeta Granera y Benjamín Lugo, del opositor Movimiento por Nicaragua (Mpn).
Nicaragua vive una aguda crisis política que comenzó el 18 de abril con una protesta de universitarios y se agudizó tras la violenta acción de la Policía y fuerzas de choque contra los civiles.
Según la ANPDH, al menos 285 personas han muerto y otras 1.500 resultaron heridas desde entonces. La CIDH registra 212 muertes y el Gobierno solamente 47.
Entre los últimos episodios de violencia, la Policía informó en un comunicado el domingo que dos efectivos fueron asesinados a balazos por "delincuentes encapuchados" en la provincia de Carazo, al sur de Managua.
