La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró en su última resolución, que es preocupante que el gobierno no haya identificado ni entregado los restos de las víctimas de la masacre de El Mozote a sus familiares, tras las exhumaciones de 2016 y 2019.
Cinco años han transcurrido desde las 15 excavaciones realizadas en noviembre y diciembre de 2016, en las cuales encontraron restos óseos en siete de estas, correspondientes a por lo menos 29 individuos, señala la Corte IDH.
“Sin embargo, a la fecha de la audiencia de supervisión de cumplimiento de marzo de 2021, aún estaba pendiente realizar el cotejo de la identidad de estos restos”, enfatiza.
El retraso ha sido considerado por el organismo internacional como preocupante, pues tras los años transcurridos el Estado no ha efectuado los estudios necesarios para finalizar el proceso de la identificación.
Al mismo tiempo, expone la urgencia de que las instituciones correspondientes mantengan un proceso de comunicación con los familiares de las víctimas y sus representantes.
Dentro de todo el proceso de excavación y exhumación de restos, solo 37 víctimas han sido restituidas a las familias en diferentes fechas. Estas corresponden a los hallazgos en ocho sitios como resultado de las diligencias realizadas en 2015, e identificadas a través de un estudio antropológico forense y pruebas de ADN. Estuvieron constituidas en cuatro entregas realizadas en diferentes fechas entre 2015 y 2017.
Respecto de la diligencia de exhumación realizada en el cementerio general de Yancolo en Cacaopera, Morazán, en noviembre de 2019, ordenada por el juez de instrucción de San Francisco Gotera -que para ese momento era Jorge Guzmán-, el Instituto de Medicina Legal (IML) ya presentó su informe, así lo confirmó David Morales, uno de los abogados representantes de las víctimas en el proceso.
Detalló que la actual jefa de instrucción ha ordenado su devolución a los familiares; no obstante, el dictamen del IML no estableció identificaciones de víctimas bajo el argumento de que no tenía posibilidades científicas de los restos recuperados.
Morales señaló que los procedimientos que ha llevado adelante Medicina Legal han sido revictimizantes, han omitido un adecuada comunicación con los familiares y han sido demasiado retrasados. “Existe una preocupación de fondo y es que esta situación evidencia que, probablemente, las capacidades de investigación genética de procesar los ADN de larga data son capacidades limitadas”.
Por otra parte, la Corte pidió al Estado que emita medidas ante el impacto dilatorio que habría generado el cese del exjuez Jorge Guzmán.
Este debe remitir información sobre las medidas adoptadas para acreditar que la causa penal no se encuentra paralizada, como sostienen los abogados defensores de las víctimas.
Morales expuso que el Estado ha intentado justificar ante la Corte Interamericana el decreto “de purga judicial”, que entró en vigencia el 28 de septiembre de 2021 y que obligó al exjuez de la causa Jorge Guzmán a retirarse.
“La Corte ha expresado su preocupación exigiendo un informe pronto sobre los avances en el caso, dada la evidente parálisis que se había presentado en el mismo”, explicó Morales.
Al mismo, expuso que la Corte también ha rechazado las justificaciones “indebidas” del Gobierno en cuanto a negar el acceso a los archivos militares.
