Crédito France 24
Por Alonso Rosales
El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto no solamente derrumbó viviendas, edificios, carreteras e infraestructura. En Chocó, el epicentro de la tragedia, también volvió a derrumbar una vieja ilusión: la de que el Estado colombiano finalmente ha conseguido integrar plenamente a este departamento al resto del país.
Treinta y seis horas después del sismo, Colombia continúa contando muertos, heridos, desaparecidos y damnificados. Los balances siguen cambiando mientras los organismos de socorro ingresan a comunidades que permanecen parcialmente incomunicadas. Las cifras más recientes disponibles sitúan el saldo nacional en 234 muertos y más de 1.300 heridos, aunque otros cortes oficiales y periodísticos todavía reportaban cifras inferiores.
La tragedia, sin embargo, tiene una particularidad que no puede ser ignorada: en Chocó resulta mucho más difícil saber exactamente qué ocurrió y quién necesita ayuda.
La explicación no está únicamente en la fuerza del terremoto. Está también en décadas de abandono.
Como recoge France 24 en los testimonios de los líderes sociales Leyner Palacios y del documentalista Jeison Riascos, Chocó arrastra una presencia estatal históricamente débil.
La geografía explica una parte del problema: ríos, selva, comunidades rurales dispersas, carreteras deficientes y dificultades de comunicación. Pero la geografía no explica todo.
Hay comunidades que se encuentran a ocho, diez o doce horas de los centros urbanos. En algunos casos, llegar puede significar varios días siguiendo los ríos. Algunas localidades carecen de internet y comunicaciones estables.
Por eso, cuando ocurre una catástrofe, la falta de información se convierte también en una forma de vulnerabilidad.
Leyner Palacios lo resume de manera contundente: muchas comunidades todavía no saben exactamente qué ocurrió y el Estado tampoco tiene información completa sobre ellas.
En San José del Palmar, municipio próximo al epicentro, los daños incluyen infraestructura vial y sanitaria. France 24 describe un escenario en el que la capacidad hospitalaria resulta insuficiente para la magnitud de la emergencia.
Y aquí aparece una de las grandes preguntas que deja este terremoto: ¿cuánto del desastre corresponde exclusivamente al fenómeno natural y cuánto se explica por décadas de infraestructura insuficiente?
El abandono de Chocó no puede analizarse únicamente desde el terremoto.
El departamento lleva décadas sometido a la presencia y disputa de organizaciones armadas. La ONU recuerda que, desde hace más de tres décadas, las FARC habían convertido amplias zonas del Bajo Atrato en uno de sus principales bastiones. A mediados de los años noventa, la ofensiva paramilitar profundizó la violencia y provocó desplazamientos masivos.
Después de la desmovilización de las FARC, el vacío dejado por esa organización no significó el final de la violencia. El ELN y el Clan del Golfo —además de otras estructuras armadas— pasaron a disputarse corredores estratégicos, ríos, territorios y economías ilegales.
El resultado ha sido una población atrapada entre dos abandonos: el de los grupos armados que controlan territorios mediante la violencia y el de un Estado que durante décadas no logró garantizar plenamente seguridad, infraestructura, salud, educación y comunicaciones.
La propia Defensoría del Pueblo ofrece una cifra reveladora: en los cinco años anteriores a 2023 había emitido alertas sobre riesgos en 27 de los 31 municipios del Chocó. Incluso los cuatro municipios que no habían recibido una alerta específica —Unión Panamericana, Carmen de Atrato, Belén de Bajirá y Atrato— estaban bajo seguimiento por hechos de violencia.
Es decir, prácticamente todo el departamento ha estado bajo algún nivel de amenaza o afectación asociada al conflicto armado.
Chocó tiene actualmente 31 municipios. Y la violencia ha dejado huellas en prácticamente todo el territorio.
En 2025, la Unidad para las Víctimas informó que comunidades de Sipí y Tadó habían sufrido 13 paros armados en medio de disputas territoriales, afectando a más de 4.000 víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento.
En Sipí, una incursión del ELN obligó en agosto de 2025 al desplazamiento forzado de 285 familias hacia Istmina.
En 2026, la Defensoría volvió a advertir sobre desplazamientos y confinamientos en diferentes zonas. En Istmina y Medio San Juan, por ejemplo, se documentaron 1.227 personas desplazadas y 1.391 confinadas en el contexto de enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo.
La violencia tampoco es únicamente rural. En Quibdó, la ONU ha documentado una violencia homicida especialmente alta entre jóvenes afrodescendientes y vinculada a disputas entre estructuras armadas y bandas. Entre enero y octubre de 2025 se registraron 96 homicidios en la capital chocoana, según datos citados por Naciones Unidas.
En otras palabras, cuando llegó el terremoto, Chocó ya era una sociedad golpeada por el desplazamiento, el confinamiento, los homicidios, las amenazas, el reclutamiento y la pobreza.
Eso explica por qué las palabras de Leyner Palacios tienen tanta fuerza.
El líder social sostiene que el terremoto golpeó a un pueblo que ya había sido golpeado por la falta de presencia estatal. No se trata simplemente de una frase política: la historia reciente ofrece elementos que la respaldan.
En 2025, por ejemplo, la Defensoría alertó sobre el riesgo de consolidación territorial del ELN y el ingreso del Clan del Golfo en San José del Palmar, precisamente uno de los municipios que ahora aparece en el centro de la emergencia sísmica. La entidad pidió fortalecer la presencia institucional, la seguridad y la atención humanitaria.
En mayo de 2026, el Gobierno colombiano anunció el envío de 250 nuevos uniformados —130 policías y 120 soldados— para reforzar la seguridad en Chocó y reconoció la necesidad de fortalecer la presencia institucional en el departamento.
Pero la pregunta es inevitable: ¿por qué una región colombiana necesita que una tragedia de esta magnitud vuelva a colocarla en el centro de la agenda nacional para que el país recuerde que existe?
Uno de los aspectos más conmovedores descritos por France 24 es la reacción de los propios habitantes.
En Quibdó, ciudadanos comunes se organizaron para remover escombros y buscar sobrevivientes. Personas sin entrenamiento especializado se subieron a estructuras destruidas para intentar salvar a sus vecinos.
Es la misma solidaridad comunitaria que durante décadas ha permitido sobrevivir a comunidades afectadas por la violencia.
Jeison Riascos, quien viajó desde Medellín hasta Quibdó para documentar la tragedia, describe cómo los propios chocoanos han tenido que contar sus historias porque muchas veces nadie más las cuenta.
Y esa frase contiene una crítica profunda.
Un país no puede depender permanentemente de que sus ciudadanos documenten su propio abandono para que el resto de la nación recuerde que existen.
El presidente Abelardo de la Espriella, recién posesionado, viajó a Chocó y reconoció públicamente que el departamento ha sido abandonado durante años. Prometió recursos para atender la emergencia y aseguró que el Gobierno evaluaría las necesidades de los municipios afectados.
La presencia presidencial es importante. También lo es la movilización de militares, policías, médicos, rescatistas y organismos de emergencia.
Pero la historia de Chocó obliga a mirar más allá de las fotografías de un presidente recorriendo una zona devastada.
Leyner Palacios lo advierte en France 24: los habitantes han vivido de esperanza en esperanza.
El problema no es que los presidentes visiten Chocó.
El problema es que muchas veces se van y las promesas permanecen.
Aquí es necesario hacer una distinción fundamental.
A unas 36 horas del terremoto no existe todavía un balance oficial consolidado que permita establecer cuántas personas han sido desplazadas exclusivamente por el sismo. Las autoridades continúan evaluando viviendas destruidas, personas evacuadas y familias que no pueden regresar a sus hogares.
Por ello, no sería responsable presentar como “desplazados por el terremoto” las cifras de desplazamiento forzado generadas por el conflicto armado.
Lo que sí está documentado es que Chocó ya arrastraba una crisis humanitaria de desplazamiento y confinamiento. En 2025, más de 4.000 personas fueron afectadas en Sipí y Tadó por esas circunstancias, mientras en 2026 la Defensoría registró nuevos desplazamientos y confinamientos en municipios como Istmina y Medio San Juan.
Ahora el terremoto añade una nueva población vulnerable: familias que pueden haber perdido sus viviendas, personas que deben permanecer fuera de estructuras dañadas y comunidades rurales cuya situación todavía no ha podido ser plenamente evaluada.
Reconstruir Chocó no puede significar únicamente levantar edificios.
Significa construir carreteras capaces de resistir y permitir el ingreso de ambulancias.
Significa garantizar hospitales con capacidad suficiente.
Significa instalar comunicaciones que no desaparezcan precisamente cuando más se necesitan.
Significa llevar internet y telefonía a las comunidades rurales.
Significa construir escuelas seguras.
Significa garantizar agua potable, electricidad y vivienda.
Significa combatir la pobreza.
Y significa, sobre todo, recuperar la autoridad efectiva del Estado en territorios donde durante décadas grupos armados han ocupado el espacio que las instituciones dejaron vacío.
La tragedia también demuestra que la prevención no puede comenzar después de una catástrofe.
Pogue, en Bojayá, es uno de los ejemplos mencionados por Leyner Palacios: una comunidad declarada en zona de riesgo desde hace años cuya reubicación continúa pendiente. Algunas emergencias pueden no ser previsibles —como un terremoto—, pero otras amenazas asociadas a inundaciones, desbordamientos y condiciones de infraestructura sí pueden anticiparse.
El sismo de 7,4 grados puede terminar siendo uno de los terremotos más destructivos de la historia reciente de Colombia. Los muertos y heridos todavía aumentan mientras los equipos de rescate continúan trabajando. Las cifras nacionales más recientes disponibles han llegado a 234 fallecidos y más de 1.300 heridos, aunque el balance continúa en actualización.
Pero en Chocó existe otro balance que Colombia debería atreverse a hacer.
¿Cuántos años de abandono?
¿Cuántas comunidades aisladas?
¿Cuántos desplazados?
¿Cuántas carreteras que nunca se terminaron?
¿Cuántos hospitales insuficientes?
¿Cuántas escuelas deterioradas?
¿Cuántas alertas de la Defensoría que no fueron atendidas a tiempo?
¿Cuántas generaciones acostumbradas a que el Estado llegue únicamente cuando hay una tragedia?
El terremoto derrumbó edificios.
Pero también derrumbó la posibilidad de seguir ocultando la deuda histórica que Colombia tiene con Chocó.
El presidente puede disponer recursos. El Ejército puede retirar escombros. Los médicos pueden salvar vidas. Los ciudadanos pueden organizarse. La comunidad internacional puede enviar ayuda.
Todo eso es indispensable.
Pero la verdadera prueba comenzará cuando termine el rescate.
Cuando las cámaras abandonen Quibdó.
Cuando los titulares cambien.
Cuando ya no haya edificios colapsando en las imágenes de televisión.
Será entonces cuando Colombia tendrá que demostrar si Chocó es realmente parte del país o si volverá a convertirse, una vez más, en ese territorio distante que solamente aparece en la agenda nacional cuando la tragedia obliga a mirarlo.
El terremoto pasará. La deuda histórica permanecerá. Y la reconstrucción de Chocó no debería ser solamente la reconstrucción de sus edificios: debería ser la reconstrucción de la presencia del Estado en uno de los territorios más olvidados de Colombia.