Crédito France 24
Por Alonso Rosales
La gira del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por Colombia, Ecuador y Perú revela mucho más que una serie de reuniones bilaterales sobre narcotráfico. El recorrido constituye un intento de Washington por reconstruir una arquitectura política, militar y económica en Sudamérica alrededor de gobiernos que comparten con la Administración de Donald Trump una visión más dura frente al crimen organizado y una mayor disposición a profundizar la cooperación con Estados Unidos.
La pregunta central, por tanto, no es solamente qué acuerdos puede alcanzar Washington con cada país, sino qué tipo de relación está construyendo Estados Unidos con una nueva generación de gobiernos conservadores latinoamericanos y qué costos sociales puede tener esa estrategia.
Rubio comenzó su recorrido en Colombia, continuó en Ecuador y tiene previsto cerrar la gira este 10 de septiembre en Perú con la presidenta Keiko Fujimori. Los tres países tienen una importancia estratégica: Colombia y Perú son grandes productores de cocaína, mientras Ecuador se ha convertido en una de las principales plataformas de salida de la droga hacia Norteamérica y Europa.
Pero Ecuador introduce un elemento especialmente delicado: mientras Estados Unidos y el Gobierno de Daniel Noboa profundizan su cooperación militar, más de 300.000 ecuatorianos han abandonado sus hogares durante los últimos tres años debido a amenazas, extorsiones, asesinatos y reclutamiento por organizaciones criminales.
La dimensión humana de la crisis obliga a formular una pregunta incómoda: ¿la estrategia de seguridad de Noboa está logrando proteger a los ecuatorianos o solamente está desplazando geográficamente el problema?
En Colombia, Rubio encontró en el presidente Abelardo de la Espriella un Gobierno dispuesto a recuperar la estrecha alianza de seguridad que caracterizó durante años la relación entre Bogotá y Washington.
De la Espriella declaró que Colombia quiere convertirse nuevamente en el principal socio de Estados Unidos en materia de seguridad hemisférica. Su Gobierno propuso fortalecer el llamado Plan Patriota Siglo XXI, mediante la modernización de aviones, radares, drones, helicópteros, sistemas antidrones, defensa aérea, inteligencia, ciberdefensa y fuerzas especiales.
El Gobierno colombiano también se incorporó al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Trump para coordinar a gobiernos latinoamericanos contra organizaciones criminales transnacionales. Washington busca así que la lucha contra el narcotráfico deje de ser solamente una relación bilateral y se convierta en una estructura regional.
Pero la agenda de Rubio con Colombia no fue exclusivamente militar.
Durante la reunión en Barranquilla se firmaron memorandos de entendimiento sobre cooperación en minerales críticos y cooperación estratégica en energía nuclear civil. Estos acuerdos tienen una lectura geopolítica evidente: los minerales críticos son esenciales para tecnologías vinculadas con energía, electrónica, baterías y defensa, mientras que la cooperación nuclear civil abre otro espacio para la presencia tecnológica estadounidense.
Colombia, además, busca que Washington reduzca o suspenda los aranceles de 12,5% que afectan sus exportaciones, especialmente después del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país en agosto.
Así, el acuerdo es más amplio que el narcotráfico: Washington ofrece cooperación en seguridad y tecnología, mientras Bogotá busca acceso, inversión y mejores condiciones comerciales.
Si Colombia representa el relanzamiento de una alianza histórica, Ecuador representa algo diferente: el punto donde la cooperación militar estadounidense ha alcanzado mayor profundidad.
Daniel Noboa ha convertido la lucha contra las organizaciones criminales en el principal eje de su Gobierno. Washington considera a Ecuador uno de sus socios más agresivos en la campaña contra el narcotráfico.
Durante la visita de Rubio, Estados Unidos anunció que buscará ante el Congreso 45 millones de dólares adicionales para apoyar las operaciones de seguridad ecuatorianas. También anunció la entrega de un patrullero de la Guardia Costera de 110 pies y cinco embarcaciones interceptoras para la Armada ecuatoriana.
Washington también designó a Los Tiguerones como organización terrorista extranjera, una decisión que amplía las herramientas legales y financieras que Estados Unidos puede utilizar contra la estructura criminal.
La cooperación incluye operaciones marítimas, inteligencia, intercambio de información, extradiciones y acciones contra las finanzas del crimen organizado.
Rubio fue incluso explícito al defender la posibilidad de mantener ataques contra embarcaciones sospechosas si Washington considera necesario hacerlo, aunque al mismo tiempo destacó la importancia de realizar operaciones conjuntas con los gobiernos de la región.
Aquí aparece el principal dilema.
Mientras Noboa profundiza su alianza con Washington, Ecuador atraviesa una crisis social que no puede medirse únicamente con el número de capturas o toneladas de droga incautadas.
Según datos citados por Reuters, más de 300.000 personas han abandonado sus hogares en los últimos tres años debido a la violencia criminal. Familias enteras han dejado barrios controlados por bandas, mientras otras han huido después de recibir amenazas, sufrir extorsiones o enfrentar intentos de reclutamiento de sus hijos.
Nueva Prosperina, en Guayaquil, es uno de los ejemplos más dramáticos. Allí las disputas entre organizaciones criminales han convertido sectores enteros en territorios donde las bandas determinan quién puede entrar, quién puede salir y qué actividades pueden realizarse.
El problema ya no es únicamente el narcotráfico.
Es el control territorial.
Cuando una familia abandona su vivienda porque teme que sus hijos sean reclutados, cuando un comerciante cierra su negocio por extorsiones o cuando comunidades enteras dejan sus territorios, el crimen organizado está ejerciendo una forma de poder paralelo.
Y aquí aparece una contradicción fundamental para Noboa.
Su Gobierno sostiene que su estrategia está debilitando sistemáticamente a las organizaciones criminales y asegura que las muertes violentas disminuyeron 8% entre enero y julio de este año respecto del mismo período de 2025. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y análisis territoriales advierten que la fragmentación de los grupos criminales puede estar provocando nuevas guerras por el control de territorios.
Por ello, el éxito de la política de seguridad no debería medirse únicamente por cuántos delincuentes son detenidos, sino por cuántos ciudadanos pueden volver a vivir en sus barrios sin miedo.
Y Ecuador todavía está lejos de ese objetivo.
Incluso existe un vacío legal: el país no cuenta con un marco específico para atender adecuadamente a las personas desplazadas internamente por la violencia. La Asamblea Nacional ha discutido precisamente reformas para reconocer jurídicamente este fenómeno y establecer mecanismos de protección y asistencia.
Esta es probablemente una de las preguntas más importantes que deja la visita de Rubio.
Noboa tiene razones objetivas para buscar cooperación estadounidense. Ecuador enfrenta organizaciones criminales fuertemente armadas, redes internacionales de narcotráfico, extorsiones, asesinatos y una capacidad creciente de los grupos criminales para disputar territorios al Estado.
Pero una política de seguridad también debe responder a otra dimensión: la seguridad humana.
No basta con recuperar puertos, destruir embarcaciones o capturar cabecillas si simultáneamente cientos de miles de ciudadanos abandonan sus casas.
La verdadera prueba para el Gobierno ecuatoriano será determinar si la alianza con Washington produce condiciones para que la población permanezca en sus comunidades, recupere sus negocios, envíe a sus hijos a las escuelas sin miedo y vuelva a utilizar los espacios públicos.
De lo contrario, puede producirse una paradoja: un Estado que aumenta su capacidad militar mientras pierde capacidad para garantizar la vida cotidiana de sus ciudadanos.
Perú completa el triángulo.
Rubio llegará a Lima para reunirse con Keiko Fujimori, quien asumió la Presidencia en julio y ha planteado una política de mano dura contra el crimen organizado.
Estados Unidos anunció la incorporación de Perú al Escudo de las Américas, ampliando así la red regional promovida por Trump.
La agenda peruana incluye seguridad, lucha contra el crimen transnacional, defensa, inversiones, comercio y cooperación frente al fenómeno de El Niño.
Pero existe otro asunto de enorme importancia: China.
Perú mantiene una relación económica profunda con Beijing, particularmente por sus inversiones en infraestructura y comercio. El puerto de Chancay, construido con participación china, es uno de los símbolos de esa presencia.
Por eso, la estrategia estadounidense no puede entenderse exclusivamente como una guerra contra las drogas. También existe una disputa por influencia económica, tecnológica y estratégica.
Washington quiere evitar que la expansión china termine convirtiéndose en una presencia dominante en sectores estratégicos de América Latina.
Vista en conjunto, la gira de Rubio permite identificar al menos cuatro objetivos estadounidenses.
Primero, seguridad. Washington quiere una red regional capaz de compartir inteligencia, perseguir organizaciones criminales y coordinar operaciones.
Segundo, narcotráfico. Colombia, Ecuador y Perú ocupan posiciones fundamentales en las rutas de producción, transporte y exportación de cocaína.
Tercero, influencia económica. Los acuerdos sobre minerales críticos, energía, inversiones y comercio muestran que la nueva relación no se limita a policías y militares.
Cuarto, contener la influencia de China. Washington busca que los gobiernos latinoamericanos mantengan sectores estratégicos abiertos a empresas y capitales estadounidenses.
Por eso la expresión “Escudo de las Américas” tiene una dimensión política mucho mayor que una simple alianza antidrogas.
Es también un mecanismo para reconstruir la presencia estadounidense en un hemisferio donde China ha ganado terreno durante las últimas dos décadas.
La estrategia tiene, sin embargo, un riesgo considerable.
La experiencia latinoamericana demuestra que la militarización puede ser necesaria en determinados momentos, pero difícilmente resuelve por sí sola las causas estructurales del crimen organizado.
La pobreza, la falta de oportunidades, la corrupción, el lavado de dinero, la debilidad institucional, el control territorial y la penetración del narcotráfico en economías legales requieren instrumentos que van mucho más allá de los fusiles, radares y embarcaciones.
Además, las operaciones estadounidenses contra presuntas narcolanchas han provocado fuertes cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos. AP reporta que la campaña ha dejado al menos 227 muertos, mientras Rubio sostiene que las operaciones se dirigen contra narcotraficantes y que los objetivos se seleccionan conjuntamente con los países aliados.
Ese debate será determinante para el futuro de la estrategia.
Porque Estados Unidos puede ayudar a Ecuador, Colombia y Perú a mejorar sus capacidades militares, pero no puede sustituir la legitimidad que cada Estado necesita construir frente a su propia población.
La gira de Marco Rubio deja finalmente una imagen clara: Estados Unidos está intentando construir un nuevo mapa político de América Latina.
Colombia ofrece territorio, experiencia militar e inteligencia contra el narcotráfico.
Ecuador ofrece una alianza particularmente estrecha y disposición para operaciones conjuntas.
Perú aporta una posición estratégica en el Pacífico, recursos minerales, comercio y una relación económica cada vez más importante con Asia.
Los tres gobiernos están dispuestos a acercarse a Washington.
Pero la gran pregunta no es solamente qué obtiene Estados Unidos.
La pregunta también es qué obtienen los ciudadanos de Colombia, Ecuador y Perú.
Si la nueva alianza consigue reducir el narcotráfico, recuperar territorios, disminuir homicidios, frenar las extorsiones y permitir que cientos de miles de desplazados ecuatorianos puedan regresar a sus hogares, Washington y sus aliados podrán presentar la estrategia como un éxito.
Pero si el resultado termina siendo una región más militarizada, con más operaciones letales, desplazamientos internos y comunidades atrapadas entre bandas criminales y fuerzas estatales, el problema será mucho más profundo.
La visita de Rubio, por eso, debe leerse en dos niveles.
En el primero está la diplomacia: acuerdos, cooperación militar, comercio, inteligencia y lucha contra el narcotráfico.
En el segundo está la vida cotidiana de millones de latinoamericanos.
El verdadero éxito de esta nueva alianza no se medirá en Washington ni en los despachos presidenciales de Bogotá, Quito o Lima. Se medirá en los barrios donde hoy la gente sigue preguntándose si puede salir de su casa, abrir su negocio, mandar a sus hijos a la escuela y regresar por la noche sin convertirse en víctima del crimen.
Y en Ecuador, con más de 300.000 personas desplazadas por la violencia, esa pregunta ya no es teórica: es una emergencia nacional.