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jueves, 06 de mayo del 2021

Chepe, otra ví­ctima del abuso policial

No era pandillero, pero fue asesinado por agentes de la PNC; su caso pone en tela de juicio la actuación de agentes de seguridad y del sistema judicial salvadoreños

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Hace poco más una semana que el pueblo de Zaragoza le dijo adiós a José Mauricio Salazar de 38 años. Consternados e indignados, familiares y amigos responsabilizan a la Policí­a Nacional Civil (PNC) de haber abusado del poder, atentar contra la vida de un inocente alegando un “enfrentamiento armando” y vincularlo con grupos delictivos.

Según relata su padre Miguel A., Chepe -como todos le conocí­an- regresaba de instalar una puerta cerca de su hogar el pasado 24 de abril, cerca de las 4:45 de tarde. Con un taladro en mano, saludó a una señora vecina de la zona, misma que a pocos minutos escuchó una ráfaga de disparos. Al salir a ver lo que habí­a ocurrido, divisó a Chepe tendido en el suelo y en lugar de su herramienta de trabajo, un arma.

“La policí­a levantó un reporte en el que decí­an que él era pandillero, que era de la MS y que lo habí­an arrestado antes. Un reporte cochino (“¦) nada de eso es cierto. Todo el reporte es pura falsedad”, expresó el padre de la ví­ctima.

Poco tiempo después del hecho, la Fiscalí­a General de la Republica (FGR) publicó en su cuenta de Twitter que un pandillero habí­a muerto en un enfrentamiento con policí­as. Sin embargo, quienes conocieron a Chepe aseguran que la aseveración es falsa.

Salazar, viví­a en el cantón El Zaite y pese a su discapacidad auditiva y dificultades para caminar, todos le conocí­an porque se ganaba la vida haciendo diversos oficios. Los mismos pobladores de la zona le encargaban pintar casas, actividades de limpieza, poda árboles y grama a cambio de unos dólares.

A la fecha, cuatro agentes están detenidos; dos en función de testigos y otros dos como victimarios en el caso. La familia ha denunciado el caso ante la Procuradurí­a de los Derechos Humanos (PDHH) y en el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) para contar con asistencia legal y darle seguimiento al caso.

Al drama de haber perdido a su hijo, Miguel suma que el mismo dí­a de la audiencia fue expuesto ante los supuestos responsables del crimen sin protección alguna.

Además, dijo que dos personas que se presentaron al velorio de Chepe, identificándose como parte de la FGR. Allí­ consultaron la versión de familiares y amigos. No obstante, reportaron la misma versión de la PNC. -¿Cómo se puede sentir confianza en las autoridades?, cuestiona.

Zaragoza es un municipio conflictivo y se reconoce la presencia de ambas pandillas: 18 Revolucionarios y la Mara Salvatrucha. Sin embargo, pese a la vulnerabilidad de la zona los habitantes y quienes le conocí­an aseguran que Chepe no tení­a ví­nculos con ningún grupo pandilleril; incluso, por ello mucha gente le confiaba hacer trabajos y mandados.

Según el experto de derechos humanos y violencia, Zaki Habib, en este caso ““al igual que otros similares denunciados ante la PDDH- hay toda clase violencias que se pueden visibilizar. La más obvia, es la directa. También hay violencia psicológica y estructural expresada -por ejemplo- en que unos pocos dí­as después de que sucediera el hecho, la FGR encaró a los supuestos responsables con padre de la ví­ctima sin garantizarle ningún tipo de protección.

 En el pueblo, incluso, hay un gran temor por las represalias que agentes podrí­an adoptar contra los testigos, la familia y quienes le han asistido.

“Hay una violencia que permea este caso, y se puede percibir un tejido social muy dañado. En El Salvador, hay toda clase de violencias que imposibilitan de verdad que se cumpla la justicia, por eso hay un gran problema de impunidad”, explica Habib.

Foto: Archivo ContraPunto 

El experto, quien ha acompañado este caso, remarca que la misma PDHH ha señalado que casos similares, en los que se refleja abuso de poder, hay muchos y aunque han sido denunciado no son visibilizados y mucho menos se ha hecho justicia.

Recuerda que ahora mismo el Gobierno está ejecutando una polí­tica de seguridad que está desembocando en represión desmedida. Un conjunto de reformas y “medidas extraordinarias” que han dado paso al aumento y justificación de la represión estatal.

Una definición “vaga y generalizada” de qué es ser pandillero es lo que ha llevado a que toda persona joven en El Salvador sea vulnerable, sobre todo quienes viven en zonas donde también se sufre de violencia económica, desigualdad y donde la marginación por parte del sistema económico y Estado es más fuerte, señala.

“No vemos casos como este en la Colonia Escalón, vemos estos casos en zonas donde la condición de pobreza es una constante (“¦). Es un entramado de violencias”, acotó.

Habib remarca que la expectativa es que se pueda hacer justicia y reparar el daño a la familia de Chepe. Confirma que continuarán tocando las puertas de entidades hasta agotar recursos. “Queremos que se sepa la verdad, que las instituciones se disculpen y se esclarezca que José Mauricio no era pandillero y que se tomen las medidas para cesar la represión ante inocentes. Queremos que esto deje de suceder”, añadió.

Ignacio Cano, coordinador del Laboratorio de Análisis de Violencia de la Universidad de Rí­o de Janeiro, Brasil, señaló en una entrevista con ContraPunto que “darle a la policí­a la posibilidad de usar sin control y de forma ilegal la fuerza siempre resulta en caso de muertes de inocentes”.

Más allá de este hecho, Habib recalca en la necesidad de reflexionar sobre el rol de la PNC como agente de seguridad. Tras la firma de los Acuerdos de Paz, esta entidad debí­a depurarse de toda corrupción y procurar acciones más organizadas y orientadas a la justicia. “Habrí­a que evaluar si la lógica punitiva impulsada, está dando resultados reales”, puntualiza.

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