El 2 de marzo del 2016, el mundo se conmocionó al saber del homicidio de la lideresa lenca, defensora de los pueblos indígenas, Berta Cáceres Flores, dice comunicado de CEJIL.
A punto de cumplirse los veinte meses de su asesinato, el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), ha hecho público su informe, demostrando las irregularidades que ha cometido el Ministerio Público en la investigación.
El GAIPE “”que surge a petición de la familia de Berta Cáceres y del COPINH, y tiene el apoyo de CEJIL y del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, entre otros actores””, es la respuesta al secretismo con que el Estado de Honduras reaccionaba y a su negativa a aceptar observación internacional.
Le puede interesar: Confiesan homicidio de Berta Cáceres.
El 31 de octubre, el GAIPE presentó sus conclusiones, que demuestran lo que la familia de Berta, el COPINH y numerosas organizaciones veníamos denunciando desde marzo del 2016, en cuanto al rol de la empresa DESA en estructurar un plan criminal para acabar con la oposición que el COPINH realizó del proyecto Agua Zarca.
Las pruebas citadas por el GAIPE muestran cómo el Ministerio Público hondureño contaba con evidencias suficientes para identificar la autoría intelectual detrás del asesinato de Berta Cáceres y aun así no realizó ninguna acción para lograrlo. Con sus resultados, el GAIPE demostró que sí es posible llevar a cabo una investigación diligente cuando se tiene voluntad y compromiso.
Nos sumamos a las peticiones que hace el COPINH en respuesta al informe y exigimos que se revise el rol de quienes han conformado el equipo de investigación en el interior de la fiscalía, de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), y exhortamos a que se tomen las medidas necesarias para reencausar las investigaciones, con un nuevo equipo y con la veeduría internacional necesaria.
La autoría intelectual debe ser investigada y sometida a proceso de inmediato. Las omisiones identificadas por el GAIPE no sólo reportan una falta a la debida diligencia, sino que exponen a la familia de Berta, al COPINH y a quienes han acompañado el caso como, por ejemplo, los abogados representantes.
Lea además: Un año sin Berta Cáceres, la ambientalista.
En este sentido, pedimos que se adopten todas las medidas de protección necesarias para resguardar sus vidas y asegurarse de que puedan continuar ejerciendo su trabajo como defensores y defensoras de derechos humanos. Por otra parte, ante el demostrado comportamiento criminal de DESA y las prácticas delictivas que rodearon el proyecto, es urgente que se revoque la concesión otorgada a la empresa, que originó toda la conflictividad en la zona.
El informe del GAIPE prueba que funcionarios de la empresa a cargo del proyecto Agua Zarca, actuaron en completa impunidad, destruyeron el tejido social en las comunidades, y utilizaron sus recursos para corromper a numerosas autoridades y poner a su servicio a las fuerzas de seguridad.
La decisión de la familia y el COPINH de formar el grupo fue necesaria, ante una situación extrema de vulneración de sus derechos como víctimas. Los hallazgos del GAIPE sobre el asesinato, son un ejemplo emblemático de lo ocurre a los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.
Todos los actores sociales que conforman la sociedad hondureña, así como la comunidad internacional debemos indignarnos y preocuparnos ante estos hechos. Es inadmisible que un Estado de derecho permita y fomente este tipo de prácticas delictivas.
CEJIL hace un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales, a los organismos de protección internacional y a las autoridades estatales, para que sumemos esfuerzos en una lucha común por acabar con la impunidad en este caso y conseguir que se tomen todas las medidas necesarias para desmantelar las redes criminales que, de forma sistemática, violentan el derecho a defender derechos humanos.
Descarga el informe completo desde www.gaipe.net
