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martes, 03 de agosto del 2021

Caso de exdiputado Roberto Silva ya no será procesado por la Cámara Primera de lo Penal

Los magistrados consideraron que el proceso sea conocido por el Juzgado Segundo de Instrucción del Centro Judicial Isidro Menéndez.

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La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador se declaró incompetente para procesar el caso del exdiputado del Partido de Conciliación Nacional (PCN),  Roberto Silva Pereira, acusado por los delitos de lavado de dinero y por cohecho activo.

Los magistrados explicaron por medio de un comunicado, que la razón es porque Silva Pereira dejó de ser diputado el 30 de abril de 2009, por lo que consideraron que el proceso sea conocido por el Juzgado Segundo de Instrucción del Centro Judicial Isidro Menéndez.

“Esta Cámara, se declara incompetente para continuar conociendo el procedimiento en caso de antejuicio, en contra del exdiputado suplente de la Asamblea Legislativa, Roberto Carlos Silva Pereira, por haber concluido el periodo para el que fue electo, por los delitos de cohecho activo y casos especiales de lavado de dinero y activo; y remítase las actuaciones al Juzgado Segundo de Instrucción de esta ciudad… El 30 de abril de 2009, concluyó el periodo para el cual fue electo diputado suplente, Roberto Carlos Silva Pereira, por lo que no hay razón constitucional ni legal, para que esta Cámara, continúe conociendo como Juzgado de Primera Instancia”, reza un extracto del comunicado.

En ese sentido, razonaron que ellos ya no tienen motivos de seguir con el proceso puesto que Silva Pereira no es funcionario, por lo que no hay razón constitucional y mucho menos legal para que esta cámara continúe con el proceso.

El exparlamentario fue deportado de Estados Unidos el 8 de enero de 2020, luego de mantenerse prófugo durante 13 años en ese país, donde una corte de California le negó la oportunidad de obtener el asilo político, por su cuestionado antecedente.

Oscura historia que pesa en contra del exdiputado

En este caso se remonta a 2006, año en el cual investigaciones realizadas por las autoridades salvadoreñas revelaran que Silva estaba detrás del lavado de $14 millones y del soborno de varios alcaldes para que le adjudicaran proyectos de obras comunales. Esto generó, que la FGR lo acusara de los delitos de lavado de dinero y cohecho activo.

Por lo tanto, el Parlamento Salvadoreño desaforó al pecenista el 29 de noviembre del 2006, para que se pudiera concretar la orden de captura que tenía lista la FGR, pero fue hasta el 25 de enero de 2007 que la Cámara Primera de lo Penal reacciona y ordena la detención del acusado. Sin embargo, se registró otro impase porque la Policía Nacional Civil (PNC) recibió la orden hasta el 26 de enero de ese año.

Esto posibilitó que Pereira abandonara su residencia en Bosques de Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán, con rumbo desconocido, eso pese a que anteriormente había dicho que no escaparía porque no debía nada.

Días después, Silva informó que seguía en el país pero no dio su ubicación porque esperaba que las autoridades analizaran bien su caso, mientras sus abogados renunciaron porque no tenían comunicación estratégica con su cliente.

Tiempo después se conoció que el prófugo se refugió en Honduras, pasó a Guatemala, luego a México y finamente saltó hasta suelo estadounidense protegido por el cartel del Golfo de México, esta estructura le facilitó la obtención de documentos falsos para ingresar a Estados Unidos con otra identidad.

Pero el FBI y el ICE, ya estaban tras sus pistas por lo que fue detenido en la ciudad de Anaheim, en el condado de Orange (California).

Además, las autoridades estadounidenses le congelaron dos cuentas en dicho país en las que manejaba una cantidad cercana a los $1.4 millones, que le permitía tener una vida de lujos y comodidades.

El hombre estaba dispuesto a hacer todo lo posible para quedarse en suelo extranjero, por lo que se comunicó con el ex director departamental para San Salvador de ARENA, Adolfo Tórrez, para pedirle mover sus contactos en la Fiscalía y la Corte salvadoreña para liberarlo a él y a su esposa de los cargos de corrupción a cambio de medio millón de dólares, esto al simular un supuesto proceso irregular en El Salvador en el caso de lavado que se le atribuía.

El audio difundido por el periódico digital “El Faro”, estremeció las fibras del sistema de seguridad nacional y dejó en mala posición al entonces fiscal general, Félix Garrid Safie, quien buscaba la reelección, pues se conoció que estaba al tanto de la conversación y archivó el caso por considerar que Tórrez no había cometido delito.

Por este caso, Tórrez fue sacado del puesto en ARENA el 16 de abril de 2009 y el 2 de junio de ese año fue encontrado muerto por un disparo. Las autoridades salvadoreñas determinaron que fue suicidio y cerraron el caso en cinco días.

Mientras esto sucedía y el capturado hacía todo para poder obtener el asilo político, las autoridades en el país profundizaban las investigaciones por lo cual detectaron que Silva tenía nexos con la organización criminal “Los Perrones”.

Según los procedimientos, la banda enquistada en el oriente del país facilitó carros a Silva para que pagara sobornos a alcaldes y supervisores de obras.

Además, esta conexión le permitió tener tres vehículos entre los que estaba un Maserati valorado en 135 mil dólares y una camioneta Porsche que ronda los 100 mil dólares.

También tenía dos yates, dos ranchos de playa, un barco pesquero, dos fincas de café, y varias casas de lujo. Todas estas propiedades fueron valoradas en $230 millones.

Otras de la revelaciones del trabajo del sistema de seguridad del país, es que en el rancho Guarumo, ubicado en el kilómetro 75 de la carretera que de Santa Ana conduce a Chalchuapa, propiedad de un familiar de Reynerio de Jesús Flores Lazo, líder de “Los Perrones”, se planificó el asesinato de los diputados centroamericanos de ARENA.

Los parlamentarios Eduardo d´Aubuisson (hermano del alcalde de Santa Tecla Roberto d´Aubuisson), José Ramón González y William Pichinte fueron calcinados dentro del vehículo en que viajaban, junto al motorista Gerardo Ramírez, luego de ser interceptados en la carretera que conecta El Salvador y Guatemala.

En 2009, la Fiscalía de Guatemala dijo que contaba con información de que Silva ordenó los crímenes en venganza contra el partido ARENA por apoyar el antejuicio y el proceso penal en su contra. Por otra parte, cables desclasificados de Estados Unidos apoyaban la hipótesis del tumbe de drogas como el móvil de la matanza.

Según las autoridades guatemaltecas, Silva encargó el crimen al exdiputado guatemalteco Manuel Castillo. Para efectuarlo contactaron a un grupo de policías guatemaltecos que cometían asaltos en la referida carretera y a una banda de Jutiapa. Supuestamente, el objetivo era matar a d´Aubuisson pero los delincuentes mataron a todos los ocupantes del vehículo para no dejar testigos.

Una semana después, cuatro policías que habían sido capturados por el crimen fueron asesinados mientras se encontraban en el penal del Boquerón, el 25 de febrero.

Guatemala reclama a Silva para que enfrente cargos por los asesinatos en su país. Además, en 2009, el viceministro de Seguridad Delmer Rodríguez también dijo que existía la posibilidad de que Silva fuera acusado en El Salvador por el homicidio de los diputados.

Posteriormente, las autoridades guatemaltecas confirmaron que el vehículo todo terreno en que viajaban los diputados tenía un compartimento secreto, y que los asesinos buscaban dinero o drogas dentro del vehículo, para lo cual removieron piezas antes de prenderle fuego, entre esas la tapicería de las puertas, los parlantes y el protector del tanque.

También identificaron que el acelerante usado para quemar el carro fue gasolina.

La justicia de Guatemala llevó a cabo un juicio por el asesinato de los diputados y en 2010 condenó a siete personas con penas de entre 107 y 210 años de prisión para los responsables, entre ellos el exdiputado guatemalteco Castillo.

Además, la Fiscalía guatemalteca solicitó a la de El Salvador que investigara a Silva por narcotráfico y un fiscal de la Unidad Contra el Crimen Organizado confirmó que lo harían, en diciembre de 2010. Sin embargo, dos días después, el entonces fiscal general Romeo Barahona dijo que no tenían datos para investigar al exdiputado por dicho ilícito.

Esto a pesar que un oficio de la Fiscalía girado en diciembre de 2006 -durante la investigación del grupo de la narcotraficante “La Patrona” y sus nexos en el país- confirmaba a Silva y otras dos personas como los principales socios del cartel de Sinaloa en El Salvador.

Por lo tanto, con su captura podrá responder a los delitos que se le acusan ante los tribunales salvadoreños.

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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