El fiscal general, Raúl Melara, aseguró este jueves que existen otras propiedades de la exprimera dama, Ana Ligia de Saca, que la Fiscalía General de la República aún desconoce y con los cuales podrían garantizar el pago de los $17 millones de responsabilidad civil que se le exigen en el proceso en su contra por lavado de dinero.
“Puede haber bienes que no se han podido descubrir todavía, no es posible que tantos millones de dólares hayan pasado a través de las empresas de Saca y sus allegados y hayan desaparecido, deberemos entender que deben existir otros bienes con los que pueden garantizar el pago de la responsabilidad civil”, aseveró Melara en una entrevista televisiva.
Asimismo, el titular del Ministerio Público dejó claro que el acuerdo para la devolución del dinero estaba pactada desde la gestión del exfiscal, Douglas Meléndez, por lo que negó la versión de la defensa que se está incumpliendo el trato al exigir dicho pago.
“Cuando en la gestión del exfiscal Douglas Meléndez, se comienza a valorar la manera de darle un proceso abreviado al presidente Saca, pues también se pone sobre la mesa otorgarle un proceso abreviado a su esposa (“¦) En esta ocasión, la Fiscalía aceptó los tres años de prisión, pero con la condición de que se devolvieran los $17 millones, se firmaron preacuerdos con la defensa y la defensa acordó pagar en concepto de responsabilidad civil los $17 millones, a los cuales la Fiscalía estaba imputando”, añadió Melara.
Le puede interesar: Ana Ligia de Saca acuerda proceso abreviado por lavado de dinero
Por otra parte, el funcionario reiteró que los “$17 millones salen de lo que se determina que la señora Ana Ligia de Saca ayudó a lavar a través de sus empresas, para poder repartirla entre otras”.
Junto a saca, también están siendo procesados Oscar Edgardo Mixco (hermano de la exprimera dama), José Antonio Lemus, Ricardo Ernesto Lemus, José Antonio Lemus Zelaya, César Daniel Funes, Gerardo Antonio Funes, Julio Roberto Zamora, Sonia Guadalupe Morales, María Emma Suazo, Ángel José Montoya, Oswaldo Octavio Orantes y Milton Romeo Avilés.
Según la FGR, los imputados colaboraron en una red de lavado de dinero que blanqueó alrededor de $25 millones de dólares de fondos del Estado, los cuales fueron desviados de dos cuentas institucionales del tesoro público en el período presidencial de Elías Antonio Saca (2004 ““ 2009). Para ello utilizaron agencias de publicidad y que el destino final del dinero fueron las cuentas del exmandatario.
En el caso de César Funes, la defensa ofreció tres propiedades, con los cuales pretende devolver los $1.3 millones que le exige el Ministerio Público como parte de su proceso abreviado, pero que aún se están realizando el valúo de los mismos.
