359 días sin homicidios lleva presidencia de Nayib Bukele. Pero Cristosal presume 111 muertes en cárcel por el Régimen de Excepción
ContraPunto El Salvador - 360 días sin homicidios
Por Alessia Genoves
359 días sin homicidios intencionados se enumeran durante la administración del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. El dato responde a la cifra acumulada en los informes periódicos divulgados por la Policía Nacional Civil (PNC) hasta la fecha del 29 de abril de 2023. De ésta cantidad, es posible deducir que hacen falta 10 días sin homicidios para concretar el año entero con cero homicidios (365), tal y como lo informó la diputada Alexia Rivas ésta mañana; y que, según el criminólogo salvadoreño, Ricardo Sosa, la meta se alcanzaría antes de llegar al mes de junio de 2023.
El Gabinete de Seguridad sostiene que el resultado es consecuente de la detención de más de 67,467 personas hasta mediados del mes de abril, cifra que hasta la fecha se reduce a unas 63,692 personas sometidas a juicio o condenadas por los delitos más frecuentes de homicidio, extorsión y de agrupaciones ilícitas.
49 homicidios intencionados se han acumulado durante los 116 días transcurridos del año 2023, en El Salvador. El dato define al país mesoamericano por el menor registro de la región, de acuerdo con los informes policiales de 5 diferentes países. La Policía Nacional de México, por contraste, conserva el mayor registro, con al menos 7,485 homicidios registrados hasta la fecha; en seguida de Guatemala, con 1,013 homicidios. Otra cifra contundente, aunque no actualizada, la comparte el Ministerio Público de Panamá, con al menos 142 homicidios al cierre del primer trimestre de 2023.
5,840 denuncias, no obstante, se acumulan hasta el mediados del mes de abril, en respuesta de las acciones concurridas durante el Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales. El dato lo comparten organizaciones denunciantes como la Fundación Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), el Instituto de Derechos Humanos (Idhuca) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (Idehuca), entre otras. Algunas de sus denuncias responden a un acumulado de hasta 111 muertes en cárceles que, entre otras cosas, relacionan con el asinamiento de al menos 100,487 reos, frente a una capacidad instalada de 70,864 personas.
El Salvador apenas registra 47 homicidios intencionados, en las fechas transcurridas al mes de abril de 2023. El dato define una reducción de un 95.4% respecto de los más de 1,000 homicidios registrados durante la misma fecha del año 2019. Por otra parte, en la misma fecha del año 2022 se registrarían unas 343 muertes provocadas por homicidios, que en relación con la cifra actual justifica una variación a la baja del -86%. Por otra parte, en los años 2021 y 2022, la PNC rindió un registro respectivo de 419 y de 444 homicidios intencionados.
ContraPunto recuerda a sus lectores que, pese a que las cifras actuales contrastan con las del año anterior en un -86%, los 495 homicidios intencionados que se registraron al cierre del año fiscal 2022 definieron una reducción del -79.2% respecto a los 2,390 homicidios intencionados durante el cierre dela año fiscal 2019. Autoridades de la PNC definieron, en consecuencia, al año fiscal 2022 como el más pacífico de los 201 años de independencia.
Por otra parte, hasta el pasado 12 de abril, el Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública (MJSP) estimaba un 0% de impunidad -sólo en el mes transcurrido-. El titular, además, indicó que durante los días transcurridos del año 2023, se estima un índice de impunidad del 18%, respecto de los 43 homicidios reportados. En contraste con el mismo período del año anterior, asegura que se enumeraban un índice de impunidad del 36%; pero que para el período del 2018, el índice se elevaba al 98%.
47 homicidios intencionados se documentan desde registros hemerográficos y cifras oficiales. Éste dato, no obstante, varía según las fuentes de referencia. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República (FGR) documentó hasta 38 homicidios intencionados durante el período transcurrido del primer trimestre del año 2023; y éstos datos se sumarían los otros 6 homicidios registrados durante el mes de abril; por lo que la cifra llega a los 45. Sin embargo, ContraPunto ha identificado al menos 46 homicidios intencionados de los registros periódicos.
225 homicidios intencionados, por otra parte, reporta la Fuerza Policial de Costa Rica. En respuesta del registro criminal, el gobierno del presidente Rodrígo Chávez anunció la apertura del programa Costa Rica Segura. En ese contexto, se requirió de un préstamo de $5,000,000.00 USD para la construcción del primer Centro de Mando; y la disposición de 9,500 de la Policía. Entre las fechas del 17 al 23 de abril, rindieron un resultado de más de “2,600 aprehensiones por diversos delitos y 47 armas decomisadas”.
863 homicidios se reportarían en el mismo período en Honduras. La presidenta Xiomara Castro anunció la apertura de un Régimen de Excepción, a ejemplo del instalado en El Salvador. Sólo hasta el mes de enero, la Policía Nacional de Hondura anunció la incorporación de “más de 1,000 funcionarios policiales serán diseminados en los perímetros, apoyados con 25 radiopatrullas, los helicópteros Halcones 1 y 2 más cuatros drones para vigilancia aérea, dos ambulancias y el equipamiento logístico necesario”.
Guatemala, sin embargo, evidencia cifras mayores. Hasta el pasado 26 de abril de 2023, la cantidad de homicidios intencionados reportados era de 1,013. Por otra parte, sería México el país de la región mesoamericana con el mayor registro criminal, con hasta 7,485 homicidios intencionados documentados en la misma fecha. Panamá, sin embargo, no actualizaría las cifras sino hasta el primer trimestre de 2023, con un acumulado de 142 homicidios intencionados, secundando en cantidad a El Salvador por su menor incidencia delictiva.
5,840 presuntas vulneraciones a derechos humanos habrían sido infringidas, durante el contexto del Régimen de Excepción. El dato se constata de registros diversos, por ejemplo, de los 4,723 registros acumulados por el último reporte del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), con organizaciones como Cristosal y Fespad. No obstante, algunas de las denuncias procesadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), durante la administración de José Apolonio Tobar, indicarían que la enumeración responde al total de documentos de arraigo -DUI, NIT, y documentos de identidad-, de un número menor de personas.
Investigar las presuntas torturas cometidas por agentes de seguridad, el desproporcionado uso de la fuerza y muertes en centros penales han sido las demandas de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Las demandas quedaron patentes en el reciente informe titulado “Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de El Salvador”, con la Comisión Contra la Tortura (Cat) de la organización.
CAT, en consecuencia, pidió “abolir las disposiciones según las cuales las personas detenidas pueden permanecer en detención administrativa por periodos de hasta 15 días y efectuar las enmiendas necesarias para introducir en su lugar un período máximo de 48 horas”. El imperativo, según indicó, estaba influenciada con los reportes de las organizaciones citadas.
No obstante, titulares del Gabinete de Seguridad argumentaron que la ampliación en los plazos de detención incrementaban las facultades y resultados de investigación. Ésta condición se encontraría legalizada en el Régimen de Excepción, que establece los 15 días de detención; y en la interrupción de las garantías constitucionales; con precisión, en el artículo 13, inciso 3 de la Ley Superior.
Estados Unidos, desde el Departamento de Estado y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) han reiterado las posturas de las organizaciones denunciantes. La primera las reiteró en el “Reporte de Derechos Humanos. El Salvador 2022”, de la que los mayores señalamientos del informe responden al contexto del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales; pero reitera otros hechos de controversia enumerados en 2021, como la elección legal de 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional; y la del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), según el art. 4 de la Ley del Órgano Judicial.
111 muertes en cárceles enumera Cristosal, en su último informe hemerográfrico titulado “Informe anual sobre violaciones a derechos humanos ocurridos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador”. El registro respondería a un acumulado de 4,723 presuntas denuncias, por la supuesta afectación de 5,082 personas. Por otra parte, el registro de mortalidad en centros penales de la organización contrataría con los únicos 102 hechos reportados por Idhuca -hasta el cierre del año 2022-, según se cita del informe titulado “Muertes en cárceles durante el estado de excepción en El Salvador: presuntas ejecuciones extrajudiciales”, de datos reportados por El Diario de Hoy y La Presa Gráfica.
105 serían los cuerpos de las personas muertas en centros penales que Cristosal identificaría como “adultos y jóvenes”, un dato que representa el 95% del total. Por otra parte, unas 93 personas del sexo masculino habrían perdido la vida, cifra que deduce un porcentaje del 83.5%; y, en contraste, al menos unas 16 personas del sexo femenino perdieron la vida, lo que define un porcentaje del 14.6%.
2 niños/adolescentes habrían perdido la vida en prisión, una cifra que representaría un 2% del total, según Cristosal. Por otra parte, al menos 1 persona trans, 1 hombre trans y 1 persona no identificada perdieron la vida, según el reporte. Al respecto, no es posible detallar si los datos son correctos, o erróneos o repetidos.
La Dirección General de Centros Penales, por otra parte, registra un decrecimiento en la mortalidad carcelaria. El dato lo confirmó, de anticipo, el Gabinete de Seguridad, durante una reunión oficial con el presidente Bukele, en la que participó la actual titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara. Hasta entonces, la cantidad señalada era la de 80 personas que perdieron la vida en centros penales; pero que incrementó a los 90 hasta el mes de noviembre, según lo confirmó la representante de la FGR ante la ONU, Adela Saravia.
102 personas han fallecidos en 2022 es una cantidad ligeramente superior a las 94, que se registraron durante el año 2020. Al mismo tiempo, éste última cantidad sería apenas inferior a la registrada al término del año 2019, que fueron 108 personas fallecidas, según la DGCP. En última instancia, para el año 2018, la muertes de reos sería la de 130; es decir, un número bastante inferior al de los años sucesivos.