Redacción ContraPunto
Miguel Ángel Jiménez y su esposa, Kriscia de Jiménez, fueron asesinados el pasado 8 de febrero. El principal acusado es el sobrino y administrador de finanzas del ex-alcalde, Carlos Gustavo Jiménez Rodríguez, quien ha sido formalmente requerido por la Fiscalía General de la República (FGR), para ser procesado en el Centro Judicial de Santa Tecla. Según la Policía Nacional Civil (PNC), el móvil del atentado responde a razones económicas, pese a que las cuentas del ex-alcalden estaban comprometidas con el Estado, por el presunto “desvío de $101,700.00 dólares durante 2015 y 2018”.
“Homicidio agravado y portación ilegal de armas de fuego” son las acusaciones penales que pesas contra Carlos Jiménez, según lo informa la FGR. La primera causa penal, por una parte, se distribuye en los dos asesinatos cometidos en contra del ex-alcalde y su esposa. Ésta configuración del delito se reafirma en el requerimiento del Ministerio Público, que reafirma los registros constatados por el titular de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, quien negó a la prensa las responsabilidades sobre Miguel Ángel, que también le implicaban en un presunto suicidio.
Ex-alcalde y sobrino
“Dos persona fallecieron por impacto de arma de fuego”, informó la PNC, a las 7:57 de la noche, del pasado 8 de febrero de 2023. Los cuerpos identificados fueron los del ex-alcalde Jiménez y su esposa Krisia, localizados en la sala de habitación de su vivienda, en Residencial Vía del Mal, del municipio de Nuevo Cuscatlán (La Libertad), según lo observó una de las hijas del ex-alcalde.
La imagen filtrada de los hechos de sangre hacía notar el cuerpo del ex-alcalde con manchas de sangre sobre su cabeza. Reposaba sobre el sofá de la sala, con una pierna cruzada sobre su rodilla, sosteniendo una pistola que sostenía en su mano derecha. Mientras qu el cuerpo de Kriscia presentaba una herida abierta sobre su pecho, que habría sido perforada por un proyectil. Su cuerpo había sido colocado cerca del de su esposo, en una posición de reposo, sentada en otro de los sofás de la habitación.
“El día que sucedieron los hechos, a raíz de los datos obtenidos, informamos a la población de manera oportuna que se trataba en efecto de un doble homicidio y descartamos la versión que circulaba en los medios de un posible suicidio”, sino por “una tercera persona que resultó ser Carlos”, dijo Arriaza Chicas, el pasado 16 de febrero, tras la presentación pública del imputado ante la prensa.
Gustavo Jiménez sería, a juicio del titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) Gustavo Villatoro, el “autor de este crimen, además de administrar las finanzas del ex alcalde, también era sobrino de la víctima”. Según Arriaza Chicas, resultados del informe estarían justificados por la investigaciones, consistentes en “técnicas especiales de incautación”, que consiguieron “la incautación de algunos accesorios que éste criminal utilizó para estar en el lugar, ingresar y poder ejecutar éste vil, cruel y cobarde hecho criminal”.
El doble homicidio forma parte del registro oficial de homicidios intencionales, del la PNC. Al mismo tiempo, formaría parte de la base de datos de violencia feminicida de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), como aquellos hechos cometidos contra sus parejas. Si bien, éste caso la organización atribuyó esa categoría de delito, para el caso de Kriscia, está en controversia con la declaración de la PNC. Aunque debe ser el sistema de justicia el que debe determinar los hechos.
Contra Carlos Jiménez
FGR incrimina a Carlos Jiménez, desde la vía judicial. El requerimiento fiscal ha sido procesado, éste domingo, ante el Juzgado de Paz de Nuevo Cuscatlán. Como se ha informado, las causas penales que le someten responden a la presunta comisión de los delitos de homicidio simple y homicidio agravado, que se distribuye entre las dos víctimas; y que por cada uno de ellos se establecen penas máxima de 20 hasta 50 años de prisión, de acuerdo con los artículos 128 y 129 del Código Penal
También detalla que el incoado ha sido sometido a proceso, por la presunta “comisión del delito de tenencia, portación o conducción irresponsable de arma de fuego, de conformidad a lo establecido en el artículo 136-B del Código Penal, en perjuicio de la paz pública”. La sanción de ésta última causa penal es de hasta 5 años de prisión.
Carlos Jiménez, entretando, permanece detenido por orden judicial, tras permanecer detenido previamente en el período de investigación requerido por la FGR. También detalla la representación fiscal que a la acusación formal le precede “una invetigación exhaustiva, en coordinación con la división central de investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), y se ha logrado recabar todos los elementos de prueba iniciales, para poder establecer la existencia del delito, y la participación del imputado, en los mismos”.
