El presidente, Nayib Bukele, informó que el exdiputado suplente del PCN, Roberto Carlos Silva Pereira, será enviado al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, mejor conocido como “Zacatraz”, “por tener un alto grado de peligro de fuga o de que atenten contra su vida para silenciarlo”.
Esta declaración surge luego que el exparlamentario fuera deportado de Estados Unidos y capturado en el aeropuerto internacional Monseñor Romero, San Luis Talpa, en La Paz.
Los tribunales salvadoreños lo reclaman porque en él pesan los cargos de delitos de cohecho y lavado de dinero por un monto aproximadamente de $14 millones. Además, es señalado de ser miembro de la peligrosa estructura criminal conocida como “Los Perrones” y de estar ligado en el asesinato de tres diputados areneros del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y su motorista, ocurrido el 19 de febrero de 2007 en Guatemala.
Silva Pereira había huido hacia la nación del Norte desde hace 13 años, luego de que la Asamblea Legislativa le quitara la inmunidad para que enfrentara los cargos que se le imputaban.
Sin embargo, los norteamericanos lo capturaron luego de que el político ingresara de forma irregular por Arizona. Al verse acorralado, hizo uso en reiteradas ocasiones de la solicitud de asilo político, pero las autoridades del estado de California no fueron convencidas que era un perseguido político, por lo que le negaron el beneficio y ordenaron la deportación para que responda por los crímenes que se le imputan.
Tras su llegada a la nación cuscatleca, el sujeto fue puesto a las órdenes de la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador, la cual programará una audiencia inicial para intimarlo y convocarán posteriormente la audiencia preliminar para continuar el proceso que quedó en suspenso por haberse dado esta persona a la fuga.
Ante esto, el director general de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, sostuvo que “En este gobierno no vamos a tolerar ni encubrir, ni permitir ningún acto de corrupción”, y recalcó que este es un caso más donde se hace efectivo el trabajo de Interpol.
Por su parte, el viceministro de Seguridad y director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza, expresó que todo se ha realizado como lo estipulan las leyes a raíz de la difusión roja que había sido emitida desde 2007.
Por su parte, las autoridades fiscales aseguraron que pese a los años el caso continúa activo, porque el proceso fue iniciado cuando estaba vigente otro Código Procesal Penal que pese que caducó en 2010, no contenía algunas circunstancias especiales que puedan interrumpir caso como en el que existe actualmente.
Oscura historia que pesa en contra del exdiputado
En este caso se remonta a 2006, año en el cual investigaciones realizadas por las autoridades salvadoreñas revelaran que Silva estaba detrás del lavado de $14 millones y del soborno de varios alcaldes para que le adjudicaran proyectos de obras comunales. Esto generó, que la FGR lo acusara de los delitos de lavado de dinero y cohecho activo.
Por lo tanto, el Parlamento Salvadoreño desaforó al pecenista el 29 de noviembre del 2006, para que se pudiera concretar la orden de captura que tenía lista la FGR, pero fue hasta el 25 de enero de 2007 que la Cámara Primera de lo Penal reacciona y ordena la detención del acusado. Sin embargo, se registró otro impase porque la Policía Nacional Civil (PNC) recibió la orden hasta el 26 de enero de ese año.
Esto posibilitó que Pereira abandonara su residencia en Bosques de Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán, con rumbo desconocido, eso pese a que anteriormente había dicho que no escaparía porque no debía nada.
Días después, Silva informó que seguía en el país pero no dio su ubicación porque esperaba que las autoridades analizaran bien su caso, mientras sus abogados renunciaron porque no tenían comunicación estratégica con su cliente.
Tiempo después se conoció que el prófugo se refugió en Honduras, pasó a Guatemala, luego a México y finamente saltó hasta suelo estadounidense protegido por el cartel del Golfo de México, esta estructura le facilitó la obtención de documentos falsos para ingresar a Estados Unidos con otra identidad.
Pero el FBI y el ICE, ya estaban tras sus pistas por lo que fue detenido en la ciudad de Anaheim, en el condado de Orange (California).
Además, las autoridades estadounidenses le congelaron dos cuentas en dicho país en las que manejaba una cantidad cercana a los $1.4 millones, que le permitía tener una vida de lujos y comodidades.
El hombre estaba dispuesto a hacer todo lo posible para quedarse en suelo extranjero, por lo que se comunicó con el ex director departamental para San Salvador de ARENA, Adolfo Tórrez, para pedirle mover sus contactos en la Fiscalía y la Corte salvadoreña para liberarlo a él y a su esposa de los cargos de corrupción a cambio de medio millón de dólares, esto al simular un supuesto proceso irregular en El Salvador en el caso de lavado que se le atribuía.
El audio difundido por el periódico digital “El Faro”, estremeció las fibras del sistema de seguridad nacional y dejó en mala posición al entonces fiscal general, Félix Garrid Safie, quien buscaba la reelección, pues se conoció que estaba al tanto de la conversación y archivó el caso por considerar que Tórrez no había cometido delito.
Por este caso, Tórrez fue sacado del puesto en ARENA el 16 de abril de 2009 y el 2 de junio de ese año fue encontrado muerto por un disparo. Las autoridades salvadoreñas determinaron que fue suicidio y cerraron el caso en cinco días.
Mientras esto sucedía y el capturado hacía todo para poder obtener el asilo político, las autoridades en el país profundizaban las investigaciones por lo cual detectaron que Silva tenía nexos con la organización criminal “Los Perrones”.
Según los procedimientos, la banda enquistada en el oriente del país facilitó carros a Silva para que pagara sobornos a alcaldes y supervisores de obras.
Además, esta conexión le permitió tener tres vehículos entre los que estaba un Maserati valorado en 135 mil dólares y una camioneta Porsche que ronda los 100 mil dólares.
También tenía dos yates, dos ranchos de playa, un barco pesquero, dos fincas de café, y varias casas de lujo. Todas estas propiedades fueron valoradas en $230 millones.
Otras de la revelaciones del trabajo del sistema de seguridad del país, es que en el rancho Guarumo, ubicado en el kilómetro 75 de la carretera que de Santa Ana conduce a Chalchuapa, propiedad de un familiar de Reynerio de Jesús Flores Lazo, líder de “Los Perrones”, se planificó el asesinato de los diputados centroamericanos de ARENA.
Los parlamentarios Eduardo d´Aubuisson (hermano del alcalde de Santa Tecla Roberto d´Aubuisson), José Ramón González y William Pichinte fueron calcinados dentro del vehículo en que viajaban, junto al motorista Gerardo Ramírez, luego de ser interceptados en la carretera que conecta El Salvador y Guatemala.
En 2009, la Fiscalía de Guatemala dijo que contaba con información de que Silva ordenó los crímenes en venganza contra el partido ARENA por apoyar el antejuicio y el proceso penal en su contra. Por otra parte, cables desclasificados de Estados Unidos apoyaban la hipótesis del tumbe de drogas como el móvil de la matanza.
Según las autoridades guatemaltecas, Silva encargó el crimen al exdiputado guatemalteco Manuel Castillo. Para efectuarlo contactaron a un grupo de policías guatemaltecos que cometían asaltos en la referida carretera y a una banda de Jutiapa. Supuestamente, el objetivo era matar a d´Aubuisson pero los delincuentes mataron a todos los ocupantes del vehículo para no dejar testigos.
Una semana después, cuatro policías que habían sido capturados por el crimen fueron asesinados mientras se encontraban en el penal del Boquerón, el 25 de febrero.
Guatemala reclama a Silva para que enfrente cargos por los asesinatos en su país. Además, en 2009, el viceministro de Seguridad Delmer Rodríguez también dijo que existía la posibilidad de que Silva fuera acusado en El Salvador por el homicidio de los diputados.
Posteriormente, las autoridades guatemaltecas confirmaron que el vehículo todo terreno en que viajaban los diputados tenía un compartimento secreto, y que los asesinos buscaban dinero o drogas dentro del vehículo, para lo cual removieron piezas antes de prenderle fuego, entre esas la tapicería de las puertas, los parlantes y el protector del tanque.
También identificaron que el acelerante usado para quemar el carro fue gasolina.
La justicia de Guatemala llevó a cabo un juicio por el asesinato de los diputados y en 2010 condenó a siete personas con penas de entre 107 y 210 años de prisión para los responsables, entre ellos el exdiputado guatemalteco Castillo.
Además, la Fiscalía guatemalteca solicitó a la de El Salvador que investigara a Silva por narcotráfico y un fiscal de la Unidad Contra el Crimen Organizado confirmó que lo harían, en diciembre de 2010. Sin embargo, dos días después, el entonces fiscal general Romeo Barahona dijo que no tenían datos para investigar al exdiputado por dicho ilícito.
Esto a pesar que un oficio de la Fiscalía girado en diciembre de 2006 -durante la investigación del grupo de la narcotraficante “La Patrona” y sus nexos en el país- confirmaba a Silva y otras dos personas como los principales socios del cartel de Sinaloa en El Salvador.
Por lo tanto, con su captura podrá responder a los delitos que se le acusan ante los tribunales salvadoreños.
