Las autoridades capturaron a 12 personas señaladas de integrar una red que operaba desde oficinas de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) en la zona occidental del país. De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), entre marzo de 2024 y febrero de 2025, el grupo habría exigido pagos de entre $800 y $3,000 a usuarios que solicitaban servicios básicos como la conexión de agua potable, instalación de medidores o legalización de sistemas antiguos.
Nueve de los detenidos son empleados en funciones dentro de la institución, mientras que los otros tres son un exempleado y dos particulares. La investigación señala que los servicios ofrecidos eran parte de las obligaciones regulares de la autónoma, pero fueron condicionados ilegalmente al pago de sumas altas, muchas veces sin que el servicio se completara.
Entre los procesados figuran altos mandos como el gerente regional José Élmer Umaña Ibarra y el jefe del departamento de Operaciones, Marlon Guzmán Mendoza. También fueron arrestados técnicos, administrativos y personal de atención al cliente.
Los delitos que se les imputan incluyen cohecho propio, fraude de servicios y fluidos, estafa agravada, falsedad ideológica y agrupaciones ilícitas.
Red de corrupción vendía licencias de conducir sin cumplir con los requisitos legales
En febrero de 2025, la FGR desarticuló otra estructura conformada por empleados del Viceministerio de Transporte (VMT), personal de escuelas de manejo y tramitadores particulares. Según la acusación, ofrecían licencias de conducir a personas que no habían aprobado —ni realizado en algunos casos— los exámenes obligatorios (teóricos, prácticos o visuales).
El esquema operaba en los alrededores de Sertracen San Salvador y otras zonas del país, como San Miguel, Santa Ana, Usulután, La Libertad y Cuscatlán. A cambio de pagos que iban de $800 a $1,000, los implicados presuntamente alteraban los resultados de los exámenes o emitían documentos falsificados.
Entre los detenidos se encuentran empleados activos del VMT como Víctor Vargas Contreras y Carlos Hébert Cortez Tobar, así como tramitadores y personal vinculado a centros de enseñanza vial.
A todos se les acusa de delitos como cohecho activo, falsedad ideológica, uso y tenencia de documentos falsos y agrupaciones ilícitas.
