Siete sujetos fueron capturados por la Policía Nacional Civil (PNC) en coordinación con la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR). Los detenidos son acusados de cometer delitos de estafa, hurto por medios informáticos, extorsión y homicidio en el departamento de Cuscatlán entre los años 2017 y 2023.
Los imputados fueron capturados en un operativo que ambas instituciones realizaron en conjunto el 28 de marzo a primeras horas del día a fin de efectuar 16 órdenes de captura. Entre los casos que serán llevados ante los tribunales se encuentra uno tuvo lugar en San Pedro Perulapán, donde 3 de los acusados exigieron a la víctima el pago de $100 dólares mensuales, amenazando con atentar contra su vida o la de sus familiares si no cumplía con sus demandas, según detalló la FGR.
Por otro lado, en el municipio de San Cristóbal, en el departamento de Cuscatlán, se llevó a cabo uno de los casos de homicidio. La víctima fue supuestamente atropellada, pero la fiscalía señala que en realidad dos de los acusados la habían asesinado a golpes, principalmente en la cabeza y el torso.
Estás detenciones continúan realizando bajo la política de seguridad pública conocida como el Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, en vigencia desde hace un año, ha abonado a un recuento, según ha identificado el criminólogo Ricardo Sosa a través de registros oficiales, 330 días sin homicidios intencionados desde el 27 de marzo de 2022 al 26 de marzo de 2023.
El Gabinete de Seguridad ha justificado la existencia de esta política al identificar que el 95% de los 66,417 detenidos son miembros de maras y pandillas, organizaciones terroristas responsables de la muerte de más de 111,000 salvadoreños en las últimas tres décadas.
No obstante, el Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, junto con organizaciones sociales como la Fundación Cristosal y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), aseguran que durante el contexto del Régimen de Excepción se habrían infringido 4,723 presuntas vulneraciones a los derechos humanos.
Por otro lado, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) procesó algunas de las denuncias durante la administración de José Apolonio Tobar, indicando que la cifra responde al total de documentos de identificación, como el DUI, NIT y otros, de un número menor de personas.
Según la información proporcionada por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), durante el año de vigencia del Régimen, se registraron 111 muertes en centros penales durante el periodo comprendido desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 27 de marzo de 2023.
