El presidente Nayib Bukele ordenó iniciar una investigación por faltas muy graves a tres exfuncionarios de alto rango en Seguridad Pública, con base en la Ley Disciplinaria Policial. Se trata de Mauricio Ramírez Landaverde, exministro de Seguridad Pública; Marco Tulio Lima, exdirector de Centros Penales; y Orlando Elías Molina Ríos, exsubdirector de Centros Penales y, hasta esta noche, inspector jefe de la Policía Nacional Civil (PNC).
También exigió suspenderlos de sus cargos actuales en la corporación, sin goce de sueldo.
Estos mandatos los tendrá que cumplir Rogelio Rivas, actual titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP). El motivo de estas acciones es el caso de Asocambio, organización que desde finales del año pasado administra las tiendas penitenciarias.
Asocambio fue fundada en agosto 2018. De acuerdo a los hallazgos que revelaron Bukele y el viceministro de Seguridad, Osiris Luna, Asocambio ganó la administración de las tiendas penitenciarias sin participar en ningún concurso público durante el último semestre de 2018.
Pero lo que más alarmó a los funcionarios del actual gobierno es que el fundador registrado de Asocambio es Mauricio Ramírez Landaverde, quien ejerció como ministro de Seguridad desde enero 2016 hasta mayo 2019. Esto significa que Ramírez Landaverde creó Asocambio cuando era titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Luego, en pleno ejercicio de este cargo público, su organización privada obtuvo ““sin competir con nadie”“ los contratos para administrar las tiendas instaladas en los centros penales, que a su vez dependen del Ministerio de Seguridad. Con datos preliminares, Bukele y Luna calculan que esto benefició a la organización Asocambio con US$14 millones. Además de contar con ese dinero, podían disponer de vehículos y de otros activos del MJSP.
Marco Tulio Lima, exdirector de Centros Penales y directivo de Asocambio. Archivo Contrapunto.
"Lo que tenemos es un evidente caso de corrupción”, lamentó Bukele.
Sin terminar ahí, Bukele criticó que la Corte de Cuentas de la República (CCR) no auditó ese contrato, por considerar que se trataba de un arreglo con privados. “Vamos a tener que contratar a una empresa privada para que las haga (las investigaciones respectivas)”, dijo Bukele, en conferencia de prensa. “No tenemos confianza en que un ente que ha decidido no auditar US$14 millones”, insistió.
Otras acciones que tomará el presidente en coordinación con el Ministerio de Seguridad son destituir a todos los directores de Centros Penales, anular el convenio con Asocambio, enviar un aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) para propiciar que se llegue a judicializar el caso y dejar la gestión de estas tiendas en manos del Gobierno otra vez.
Los brazaletes y el “congelador” de funcionarios
El MJSP también indagará sobre las compras y el uso de los brazaletes electrónicos que se aplican a los reos que pueden salir del penal, pero que siguen bajo control de las autoridades.
Bukele señaló que los brazaletes no funcionan, que aun así hay varios en inventario y que todavía compraron más antes de terminar la gestión.
“Había miles de brazaletes y hacen una compra adicional antes de irse del Gobierno. Es un tema que también hay que investigar”, advirtió Bukele. “Lo que podemos decir es que los brazaletes no están funcionando y que no los vamos a usar”, enfatizó. Estos dispositivos no emiten las alarmas que, se supone, debían emitir.
El 20 de junio capturaron a un pandillero en San Miguel. Esta persona cargaba uno de esos brazaletes electrónicos.
Foto: PNC
Finalmente, sobre destituciones de funcionarios de alto rango, como los exdirectores de la Policía, Bukele señaló que prefiere ponerlos en cargos donde tendrán un muy reducido margen de acción.
Según la versión del presidente, el actual director de la PNC, Mauricio Arriaza, le explicó que si no ponía a esos directores en los cargos que tienen ahora, entonces debía moverlos a otras asignaciones donde seguramente tendrían que controlar tropas. Que eso daba espacio, indicó, para otras discrecionalidades.
Pero, además, Bukele recordó que si cesa de sus funciones a más personas, pueden acudir por un amparo a la Sala de lo Constitucional. Esto puede dar lugar a que la Sala admita el recurso o que incluso sentencie a favor del que pide amparo. Así, el Gobierno tendría que indemnizarlos o volver a contratarlos. Para el presidente esto implica demasiado gasto público, según dijo. Por tanto, prefiere tenerlos en un “congelador” de funcionarios, donde cueste menos recursos públicos.
"La fábrica de empleos se protege a sí misma", dijo Bukele.
