El Presidente de la República, Nayib Bukele, afirmó que es necesario depurar el Órgano Judicial, esto tras conocer la reciente decisión de la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro de suspender el proceso contra el exdiputado de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, quien es señalado hacer negociaciones con pandilleros previo a las elecciones presidenciales de 2014, cuando fue candidato a este cargo público el cual perdió en segunda vuelta contra el efemelenista, Salvador Sánchez Cerén.
La Cámara tomó esta decisión debido a que los defensores de Quijano interpusieron tres apelaciones, ante la sentencia del Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, que ordenó el pasado 6 de mayo que el proceso contra Quijano debía pasar a la fase de instrucción y giró orden de captura contra el imputado porque no se presentó a la audiencia.
“La Cámara lo que ha dicho es lo siguiente: no voy a entrar a conocer todavía de las otras dos apelaciones porque me interesa despejar la apelación sobre el tema de la inmunidad parlamentaria y este tema de aplicación del artículo 22 del Tratado Constitutivo del Parlacen solo es competencia de la Corte Centroamericana de Justicia”, dijo Lisandro Quintanilla, defensor de Quijano, esto en referencia al fuero que inviste al político arenero por ser diputado del Parlacen.
Por lo tanto, el mandatario reaccionó molesto ante esta decisión, ya que consideró que se continúa beneficiando a un grupo pequeño de la población salvadoreña.
“Habiendo pruebas contundentes, videos, confesiones…”, dijo el mandatario en referencia a la anulación; por lo que agregó que es importante empezar a “depurar el Órgano Judicial y sacar a los corruptos”, mismos que habrían actuado en favor del exdiputado obviando las pruebas que lo incriminan.
Norman Quijano es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber cometido los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, luego de que salieran a la luz unos videos donde se puede observar al exdiputado ofreciendo dinero a pandilleros para obtener favores políticos durante las elecciones presidenciales del 2014.
“Mucho trabajo que hacer para la Corte Suprema de Justicia. Los nuevos magistrados deberán demostrar que están del lado de la justicia y del pueblo”, expresó Bukele.
Quijano, quien también se desempeñó como presidente del Órgano Legislativo, tendría en su contra “suficientes elementos de prueba” por hechos delictivos cometidos en el año 2014, cuando era candidato a la presidencia, aseguró en su momento el fiscal del caso.
La investigación de la FGR, detalla que el miembro del partido ARENA se habría reunido con líderes de pandillas a quienes les ofreció beneficios monetarios, a cambio que le endosaran votos, los cuales se iban a dar a punta de amenazas.
El fiscal del caso aseguró que hubo entrega de $100,000 por parte del partido del partido tricolor a estructuras criminales, lo cual también fue confirmado por un testigo durante un juicio contra miembros de pandillas (en dicho caso se aceptó este testimonio como prueba para la condena de los involucrados).
La reunión de Quijano con pandilleros se observó en un video que se reprodujo frente a diferentes medios de comunicación, estos fueron acompañados junto a las declaraciones del testigo criteriado antes descrito (con el alias «Noé») cuando se buscaba la condena de cientos de pandilleros. Posteriormente se abrió el caso de los políticos involucrados en este corrupto mecanismo, pero este no tuvo mayores avances en el periodo fiscal de Raúl Melara.
El exfiscal ingresó la orden para el desafuero de Quijano en la Asamblea Legislativa, pero los diputados del partido ARENA, en la legislación pasada, protegieron al miembro de su partido y este logró mantener su fuero hasta el pasado 1 de mayo que la nueva Asamblea Legislativa tomó posesión. Para este momento Quijano ya había salido de El Salvador.
El fiscal de este caso ha recordado que ya «se ha acreditado la veracidad de los hechos que él (el testigo criteriado) relata» sobre las negociaciones de pandilleros y exfuncionarios. Por lo que las pruebas, aparte de ser obvias, ya están aceptadas como verdaderas en el sistema judicial.
