Por: Alessia Genoves
Fotografías: María Ramos
La reelección presidencial continua, la Ley del Bitcóin, el Plan Control Territorial (PCT) y denuncias por supuestos hechos de corrupción recibieron una reiterada denuncia por más de veinte organizaciones sociales, para demandar el respeto a la democracia y la rendición de cuentas del gobierno del presidente Nayib Bukele, al que definen como una “dictadura”.
Las denuncias se hicieron, a pesar de que el Bukele aún no ha anunciado su reelección; y a que la seguridad pública anunció una reducción mayor al 57% en registros de homicidios; inclusión financiera y el uso no obligatorio del Bitcóin (BTC). Entre otras cosas, el gobierno también ha defendido que las denuncias de corrupción aún no han sido sujetas a juicio.
¡Alerta, alerta que camina la lucha antifascista por América Latina! pic.twitter.com/cmEpUkdH4x
— Salvadoreñxs Construyendo Memoria (@salvadorenxs) September 5, 2021
“Esto ha sido una cascada de sucesos que buscaban desplomar lo poco que conocíamos por democracia: desde el 9F, luego el auto-golpe de estado dirigido al Órgano Judicial, la imposición de los actuales magistrados de la Sala de lo Inconstitucional, las detenciones arbitrarias, el uso de las instituciones públicas como herramientas de venganza personal, la reelección presidencial de Nayib Bukele, las reformas constitucionales, la ley del Bitcoin, las negociaciones ocultas con pandillas, entre tantas arbitrariedades de este gabinete de gobierno”, denunciaron las organizaciones.
Entre las organizaciones sociales, destacan la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares; Juventudes Antifascistas, la Colectiva Feminista Creciendo Juntas y Autónomas; el Colectivo Alejandrás, entre más de una decena de instituciones.
Ante la política de autoritarismo y desmemoria, ¡respondemos con resistencia popular, lucha y organización! ✊🏽🔥#AlertaElSalvador#NoALaReelección pic.twitter.com/9DWnakHdMr
— Movimiento Centroamericano 2 de Marzo (@movca2m) September 5, 2021
Las Denuncias
Desde horas de la mañana, más de veinte organizaciones sociales de activistas políticas se manifestaron en la el Monumento a la Constitución, con motivo de expresar su rechazo a la reciente resolución en favor de la posibilidad de la reelección presidencial contínua del presidente de la República. Según la Sala, la Constitución no prohíbe al presidente ser reelecto, sino a los “candidatos” que hayan desempeñado su cargo “en un período inmediato al anterior”.
Por lo que ordenó al Tribunal Supremo Electoral a dar “cumplimiento a la presente resolución en lo relacionado a permitir de conformidad con el artículo 152 ordinal 1° que una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido Presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”, demanda que fue cumplida al día siguiente, pese a que los artículos 88 y 154 no lo permiten, al demandar “alternabilidad” y una administración no mayor a cinco años, ni un día más.
Por otra parte, también reiteraron su denuncia a la Ley del Bitcóin, la nueva regulación que tendrá vigencia en a penas dos días, pese a que su uso, según el presidente, no será obligatorio. De acuerdo con recientes encuestas elaboradas por ContraPunto, la opinión ciudadana son mayoritariamente en contra de la criptodivisa debido al poco conocimiento de la población sobre el mismo; tendencia que se contradicen conforme al nivel de conocimiento de los usuarios. Los datos convergen con los de la Revista Disruptiva de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) que, además, reconoce que más del 60% de la población no quiere ni pagos ni salario en BTC.
Sobre la legislación, los asambleístas han aprobado más de $200 millones de dólares, para dar cobertura a la infraestructura digital del país, que establece, entre otras cosas, la instalación de múltiples cajeros de BTC, gastos administrativos así como el minado de la criptomoneda. Sin embargo, la ley que lo regula no establece su uso no obligatorio, por lo que ya ha acumulado un anteproyecto de ley para su reforma; y otras dos denuncias de inconstitucionalidad, entre otras cosas, con motivo al impacto ambiental, económico y social que implica.
Entre otras cosas, las organizaciones también reiteraron la denuncia en contra de la institución de cinco de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, el pasado 1 de mayo; a pocos días de la finalización de sus cargos, según el presidente. Y denunciaron su manifestación en la Asamblea Legislativa, en la que fue acompañado por cientos de ciudadanos simpatizantes, y de varios tantos agentes de seguridad pública, especialmente de las Fuerzas Armadas, el pasado 9 de febrero de 2020.
Cabe destacar que éstas últimas denuncias no fueron sancionadas internacionalmente, pese a que fueron altamente denunciadas por instituciones del exterior, como la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNU), la Unión Europea (UE) y naciones como las de Estados Unidos (EEUU).
“Condenamos las reformas a la Ley Orgánica Judicial y Fiscalía General que abren la puerta para la cooptación del Órgano Judicial; el acoso estatal a activistas sociales, incluida la detención arbitraria de Mario Gómez, el reclutamiento militar de miles de jóvenes de sectores populares y la resolución emitida el 3 de septiembre por parte de los magistrados golpistas de la Sala de lo Constitucional que habilita la reelección presidencial”, añaden.
Cabe destacar que éstas denuncias fueron también reiteradas, ésta tarde, por la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, que, además, demandaron al gobierno el respeto a la democracia y a la institucionalidad judicial. A ésta demanda se suma la de Human Right Watch (HRW), que ya ha amenazado al país en hacer influir a EEUU de condicionar los préstamos de la banca internacional, para ejercer sus políticas públicas.
Según las organizaciones, las denuncias contra el gobierno “hacen una burla de las incipientes garantías democráticas y libertades civiles constitucionales conquistadas”.
Las organizaciones cerraron sus comunicados expresando su anhelo por “construir juntas y juntos un país que respete y cuide los bienes naturales, donde se reconozca la memoria histórica, la memoria de nuestras ancestras, de nuestros ancestros y nuestros derechos humanos, donde podamos ser quiénes queramos ser, desde nuestras diversidades”, según citó la organización Salvadoreñxs Construyendo Memoria.
