De enriquecimiento Ilícito, por un monto total de $270,609.47, es acusado el exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), Eduardo Alfonso Linares Rivera, y su hijo, Douglas Eduardo Córdova, quienes son señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) de cometer el referido delito.
El proceso judicial está en la etapa de audiencia probatoria en la Cámara 1° de lo Civil de San Salvador, donde la FGR presentó pruebas contra el exdirector del OIE y señalaron que encontraron 5 irregularidades relacionadas con depósitos bancarios, compra de inmuebles y pago de tarjetas de crédito, sumando un total de US$248,598.49.
Por su parte, Douglas Eduardo Córdova enfrenta acusaciones por 3 irregularidades en concepto de depósitos bancarios y cheques, con un monto que asciende a $22,010.98.
En el desarrollo de la audiencia, un representante fiscal del caso señaló que los abogados de los acusados tendrían que presentar pruebas que justifiquen las cantidades reclamadas. De lo contrario, dichas sumas deberán ser restituidas al estado al no poder comprobar su procedencia legítima.
Entre las pruebas presentadas por la fiscalía en la audiencia preparatoria, se encuentran las certificaciones del expediente administrativo obtenidas de la sección de propiedad de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con fiscalía, estos documentos contienen información sobre los hallazgos realizados en la investigación de las presuntas irregularidades en el incremento patrimonial de Eduardo Alfonso Linares.
El 19 de enero tuvo lugar la audiencia preparatoria previa a la probatoria, en la cual se evaluaron y admitieron las pruebas propuestas por los abogados del demandado y la fiscalía.
La demanda inicial por parte de la FGR fue interpuesta en febrero de 2022, tras la incapacidad de Eduardo Linares para justificar la legítima procedencia de los fondos ante la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia.
Eduardo Alfonso Linares Rivera fungió como director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) entre 2009 y 2011; y es durante ese periodo que FGR señaló que encontró cinco irregularidades.
