Con 82 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron retirar el fuero constitucional del magistrado de la Sala de lo Civil, Jaime Escalante, dando vía libre para que la Fiscalía General de la República (FGR) abra el proceso judicial en su contra por el delito de abuso sexual en perjuicio de una menor de edad.
“Luego del análisis y discusión de las pruebas, se ha llegado a la firme convicción de la existencia de evidencias suficientes que deben ser conocidas por el juzgador competente, para que sea éste quien determine con carácter de verdad jurídica la existencia o no de los ilícitos y la culpabilidad del indiciado”, se lee en el decreto aprobado por la Comisión Especial de desafuero que fue aprobado por los parlamentarios.
Durante la sesión plenaria, Escalante presenció la votación en compañía de su abogada defensora, Ana Concepción Arias.
En primera instancia, la fiscal de la Comisión y diputada del partido ARENA, Patricia Valdivieso, intervino ante el Parlamento para dar sus alegatos sobre la resolución del caso y reiteró que el fuero no debe servir de "tapadera para funcionarios".
“La Asamblea Legislativa puede demostrar que el fuero no es tapadera para ningún funcionario, sea este el mismo presidente de la República, magistrado, diputado o ministro. El que comete un ilícito debe enfrentarse a los tribunales”, sostuvo Valdivieso.
Por su parte, Arias cuestionó el poco tiempo que tuvo para su intervención y la poca información que le fue proporcionada para armar su defensa.
Escalante Díaz fue capturado la noche del pasado martes en la colonia Altavista de Soyapango (San Salvador).
De acuerdo con el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, el magistrado fue detenido en flagrancia mientras intentaba huir ebrio de la escena. En el proceso encontraron un vehículo abandonado, propiedad de Escalante Díaz y en su interior encontraron un arma de fuego.
“Es poco lo que podemos compartir. La persona (Escalante) fue detenida en flagrancia. Estaba huyendo del lugar cuando pudimos capturarlo. Está establecido que no existía ninguna relación o vínculo previo entre la víctima y el agresor”, dijo Cotto en declaraciones a la prensa.