Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, una nueva normativa que establece un marco jurídico para regular las actividades de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que reciben fondos provenientes del extranjero. La ley busca garantizar la transparencia en las operaciones financieras de organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras entidades receptoras de fondos foráneos.
El presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, afirmó que esta ley “cierra un vacío legal que ha existido durante años y del que algunos se han aprovechado”. Aclaró que no se pretende prohibir el trabajo de las ONG, sino que estas deberán contribuir con un impuesto del 30 % sobre cada transacción o donación extranjera que reciban, ya sea en efectivo o en especie.
Además, la normativa contempla la creación del Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), al cual deberán inscribirse las entidades que reciban financiamiento externo. El incumplimiento de esta disposición será sancionado con multas que van desde $150,000 hasta $200,000.
Según los legisladores, el impuesto recaudado será administrado por el Ministerio de Hacienda y se destinará a proyectos de interés social. Castro aseguró que algunas organizaciones con amplia trayectoria de servicio, como Comandos de Salvamento, Cruz Roja Salvadoreña, Fundación Padre Vito Guarato y Fundación Padre Arrupe, estarán exentas del impuesto.
La diputada Suecy Callejas destacó que la ley pretende “que las ONG sean transparentes y le digan a los salvadoreños: quién los financia y para qué”.
El presidente de la República, Nayib Bukele, dio a conocer la iniciativa el pasado 14 de mayo a través de su cuenta oficial en X. Explicó que la propuesta surgió tras una protesta en la comunidad El Bosque, cuyos habitantes enfrentaban un posible desalojo por deudas relacionadas con sus tierras.
Bukele justificó el nuevo impuesto como una forma de canalizar los fondos de las ONG hacia verdaderas causas sociales, como la cancelación de las deudas de estas familias. “Así todos ganan: las familias saldan su deuda, la población no paga por reclamos ajenos y las ONG cumplen, por fin, su supuesto propósito de ayudar al pueblo”, declaró el mandatario.
La nueva ley ya ha generado debate público y reacciones divididas, especialmente en el sector de organizaciones civiles, muchas de las cuales han manifestado preocupación por el impacto que podría tener sobre su operatividad. No obstante, el gobierno insiste en que la normativa solo busca transparencia y responsabilidad financiera.
