Tras una maratónica jornada de 6 días de debate entre el Ejecutivo y el Legislativo, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron con 56 votos, la controversial la Ley Especial Transitoria de Emergencia por COVID-19 Atención Integral de la Vida y la Salud y Reapertura de la Economía.
La problemática de la normativa, deriva en que los dos Órganos de Estado tuvieron un acalorado enfrentamiento por no llegar a un acuerdo en la rehabilitación de las labores en el sector público y privados, además de otros puntos como la circulación del transporte colectivo.
Ante esta situación, la pelea se enfrascó en que el gobierno pedía una cuarentena “estricta” hasta el 15 de junio, mientras los parlamentarios llegaron a un acuerdo que el sector privado retome labores el 8 de junio, mientras que se considera que el sector público regrese a la vida laboral el 15 de junio.
El diputado Carlos Reyes dijo que si se disparan los casos de COVID-19, los legisladores se volverían a reunir para hacer una revisión.
Esta situación, no dejó satisfecha a la delegación del presidente quienes manifestaron que no se está tomando las verdaderas medidas para evitar los contagios de esta enfermedad.
Los partidos PCN y Gana se retiraron del Salón Azul antes de la votación, porque consideraron indispensable haber aprobado una cuarentena de 15 días y una modalidad de compra por duis para combatir el COVID-19 y lograr que la curva de contagios baje.
Por lo tanto, el decreto aprobado contempla que durante los primeros nueve días de la ley se haga una cuarentena general. Luego de eso, se habilitarían actividades en el sector privado "con medidas y limitantes desarrolladas en la presente ley". Mientras, el sector público volverá a la vida cotidiana quince días después de la vigencia del decreto.
La diputada Margarita Escobar señaló que la ley contiene al menos el 95% de acuerdos entre el Ejecutivo y la Asamblea, a excepción de los 15 días de cuarentena que había solicitado el presidente Bukele.
Además, los diputados eliminaron de la regulación las compras por terminación de número de Documento Único de Identidad (DUI) y la prohibición del transporte público, permitiéndolo desde el inicio de su vigencia en lo necesario y con normas sanitarias.
En la regulación aprobada hoy, las personas que incumplen la cuarentena no aparecen en el listado de los "sujetos a cuarentena", sino solo los salvadoreños provenientes del extranjero, nexos epidemiológicos y expuestos al contagio luego de evaluación médica.
De acuerdo a la ley, el Ministerio de Salud deberá hacerle examen de COVID-19 a la persona en cuarentena controlada a más tardar 10 días después de su ingreso. La cuarentena ordenada a una persona, en centro de cuarentena o domiciliar, durará 15 días, incluso para los salvadoreños provenientes del exterior.
Los parlamentarios indicaron que para la fase I que entra en vigencia del 8 de junio al 4 de julio, estarán prohibidas las clases, los espectáculos, eventos deportivos públicos, fiestas patronales, ferias, iglesias, salas de recepciones, convenciones, teatros, cines, gimnasios, piscinas, salones de belleza, casinos, loterías, parques, bares, discotecas.
A partir de la fase II, se abrirán las iglesias y restaurantes con distancia de dos metros entre mesas atendiendo a grupos familiares o personas que habiten el mismo espacio físico. Se abren museos, salas de exposiciones.
En la fase III que durará desde el 25 de julio al 13 de agosto, se activan las salas de convención y recepciones hasta en un 50 %. Se abre el aeropuerto para el tráfico de pasajeros internacionales, las actividades de educación superior, los estadios de fútbol que pueden ser utilizados con un distanciamiento de 2 metros.
En la última fase que prolongará del 14 de agosto en adelante, se permitirán todas las actividades suspendidas en la fase 3, a ley exige que el Ejecutivo entregue informes a la Asamblea Legislativa de las compras que realiza durante la emergencia nacional, que le autorizará a realizar compras directas, sin procesos de licitación, de insumos médicos.
Por su parte, el mandatario de la República aseguró que vetaría el documento, porque no se garantiza la salud de la población.
“Ellos saben que esta propuesta de ley, será vetada. Su interés no es reactivar la economía. Mucho menos les interesa la vida y la salud del pueblo. Su trabajo es meterle zancadilla al Gobierno, boicotearlo y así poder apuntar el dedo acusador, cuando las cosas se desborden”, manifestó.