Javier Argueta, director legal de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) considera que el monto de $351 millones de dólares de desfalco en el caso Funes puede ser superior, y que el exmandatario y su familia pudieron haber utilizado a Brasil como un país para lavar dinero adquiriendo o construyendo inmuebles, por lo que recomienda que investigación fiscal no debe ser solo en El Salvador.
Según Argueta, sin dar cifras, afirma que las transferencias financieras hechas por el Ministerio de Hacienda después de 2011 a solicitud del gobierno Funes, y avaladas por la Asamblea Legislativa, son superiores a los $54 millones de dólares que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga que fueron entre 2009 y 2010 inicialmente.
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“Como no se han liquidado los gastos y en algunos casos no se pueden liquidar, solo lo conoce la Corte de Cuentas, se parte entonces que no solo son $351 millones de dólares los que han dado en transferencias, sino que es mucho más de eso sobre las transferencias entre el Legislativo después del 2011, y entre 2009 y 2010 que son los primeros $54 millones de dólares de transferencias, que es lo que se sabe”, dijo Argueta a ContraPunto.
Asimismo, afirma que hay indicios que Funes y su familia, presuntamente habrían sacado dinero con destino a Brasil.
“En 2010 o 2011 aparecen noticias de posibles transferencias de Mauricio Funes que se estaban haciendo hacia Brasil. Aparecen en algunos periódicos digitales cómo se han construido viviendas en Brasil, y cómo posiblemente sea lavado de dinero en Brasil, y a partir de eso es que se menciona”, considera.
Al respecto, opina que la FGR no debe quedarse sola en esta investigación, y que debe recibir el respaldo de la Cancillería salvadoreña.
“Aquí el FMLN tiene una muy buena oportunidad para apoyar este tema, no solo en el caso Funes, sino de Saca y los demás casos de corrupción que se investigan, donde ha habido transferencias de El Salvador a otros países para efecto de lavar dinero”, agrega.
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Manifiesta que jurídicamente el panorama de extradición de Funes desde Nicaragua es accesible porque el asilo político pierde vigencia cuando hay un proceso penal en contra del asilado. Sin embargo, advierte que materialmente, países como Cuba o Venezuela, aliados ideológicos del gobierno del FMLN, podrían proteger a Funes y su familia, por lo que recomienda al gobierno del FMLN pedir a estos países no ser “tapadera de corruptos”, y de mostrar así sus buenas intenciones.
Además, señala que la figura de asilo en este caso, es para disfrazar la figura de prófugo de la justicia.
“El asilo político es una cobertura que se le quiere dar al presidente Funes para disfrazar el que ande huyendo o que sea prófugo de la justicia. Con el asilo se disfraza la figura de prófugo”, señala.
Agrega que desde ANEP la corrupción se ve sin tintes políticos
“Tanto de derecha como de izquierda debe de pegársele bien fuerte a todos aquellos actos que dañan a la población como por ejemplo sacar dinero de la hacienda pública, de los hospitales, de los policías, de educación”, subraya.
Sugiere por lo tanto, fortalecer económica y estructuralmente a la FGR, y al nuevo presidente de la República a partir de 2019, recomienda crear una auditoría interna como una especie de Corte de Cuentas para el Órgano Ejecutivo, que fiscalice el uso de recursos públicos.
“Debe caerles todo el peso de la ley tanto a expresidentes de izquierda como de derecha, como funcionarios que vengan de la derecha como de la izquierda. Aquí no hay funcionarios de derecha o izquierda, aquí hay corruptos, entonces desde esa óptica no se debe perdonar a ningún funcionario que desfalque la hacienda pública”, concluye.
