Tres ex altos mandos militares salvadoreños fueron condenados a 60 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato de cuatro periodistas holandeses ocurrido el 17 de marzo de 1982, durante el conflicto armado. Sin embargo, debido a la legislación penal aplicable de la época, cumplirán un máximo de 30 años de prisión.
La resolución fue emitida por el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, en el departamento de Chalatenango, tras el veredicto condenatorio de un jurado de conciencia que los declaró culpables. El tribunal aplicó el Código Penal de 1973-1974, que contemplaba la pena de muerte para el delito de asesinato, pero esta fue descartada por estar abolida por la Constitución vigente.
Pena máxima de 30 años, aunque la condena fue de 60
Aunque la jueza impuso 15 años de cárcel por cada víctima asesinada —suma que alcanza 60 años de condena por procesado—, el artículo 66 del antiguo Código Penal establece que el máximo de prisión efectiva no puede superar los 30 años. Por tanto, cada uno de los implicados deberá cumplir solo la mitad del tiempo originalmente dictado.
Los condenados son el excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería de la Fuerza Armada, Mario Adalberto Reyes Mena; el exdirector de la Policía de Hacienda, Francisco Antonio Morán Reyes; y el exministro de Defensa, José Guillermo García.
Posibles condenas en hospitales por razones de salud
Dado su estado de salud y edad avanzada, la jueza determinó que Morán Reyes (93 años) y García (92 años) pueden cumplir su condena en el Hospital Bautista de San Salvador, siempre que cuenten con los medios económicos para ello. De no ser así, deberán ser trasladados a un hospital nacional o centro penitenciario designado.
En el caso de Reyes Mena, quien reside en Estados Unidos y tiene 85 años, la Corte Suprema de Justicia ha iniciado un proceso de extradición.
Caso marca precedente en la justicia salvadoreña
La Fundación Comunicándonos, que acompañó a las familias de las víctimas, expresó que el fallo “abre las puertas a la verdad y la justicia que por décadas se mantuvieron cerradas”.
Condena implica pérdida de derechos ciudadanos
Además de la pena de cárcel, la sentencia inhabilita a los condenados de ejercer derechos ciudadanos, ocupar cargos públicos, participar en consejos familiares y los priva de su nacionalidad salvadoreña naturalizada.
El fallo también establece que el actual comandante general de la Fuerza Armada debe ofrecer una disculpa pública por el crimen, como medida de justicia restaurativa, una vez la sentencia quede en firme y no haya posibilidad de apelación.
