Por Alessia Genoves
85% de la población salvadoreña aprueba el Régimen de Excepción. El dato lo comparte la última encuesta de “Coyuntural 2023”, de la Fundación Manuel Ungo (Fundaungo), en respuesta de la percepción de los salvadoreños -representados por 500 personas- ante los actuales escenarios de seguridad, economía, educación, pensiones y Acuerdos de Paz. La respuesta citada en nuestro titular es coherente con los resultados de la política de seguridad, que ha contribuido en sumar más del 65% al acumulado de 330 días sin homicidios.
72% de los salvadoreños, por otra parte, reconoce que el principal problema de discusión nacional es el de la economía. El registro histórico de Fundaungo indica la preocupación por la situación económica ha incrementado desde el último bimestre del 2020. en más del 50%. Ésta creciente preocupación es coherente con el aumento en los precios de la canasta básica, siendo que desde el último año la Urbana (CBAU) ha pasado de los $215.45 dólares estadounidenses (USD) a los $249.70 USD; mientras que la Rural (CBAR), por otra parte, ha pasado de los $156.5 USD a los $187.07 USD.
Régimen: 85%
85% apoyan al Régimen. El resultado se deduce de una decreciente preocupación por la inseguridad y la violencia; ya que, de acuerdo con el registro histórico de la percepción de la opinión pública de Fundaungo, ésta ha decaído en un 40%, porque pasó de ser una preocupación mayor desde el último semestre de 2021 (46.8%) al primer trimestre del año 2023 (6.7%).
ContraPunto observa que la percepción de la preocupación por la delincuencia se reduce, en el transcurso de la aplicación y vigencia de políticas de seguridad pública, como el Plan Control Territorial (PCT) y el Régimen de Excepción; siendo que los registros de homicidios intencionados han decrecido en un 79,2%, pasando de los 2,398 en 2019 a los 495 hasta el cierre del año fiscal 2022. El registro actual de homicidios es de 36, en los días transcurridos del año fiscal 2023.
71.5% de la población, por otra parte, valora que “un menor pueda ser juzgado como adulto ante la ley”. Ésta premisa es planteada, inicialmente, por Fundaungo; sin embargo, no es precisa en cuanto al estatus y garantías legales de la infancia, niñez y adolescencia de las que responden la Ley Crecer Juntos, la Ley Nacer con Cariño y la Ley Penal Juvenil, última que es distinta del Código Penal. En el contexto del Régimen de Excepción, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma al artículo 15 de la Ley Penal Juvenil, sólo incrementando los años cárcel para los adolescentes de 12 años (10 años cárcel) y los de 16 años (20 años cárcel); siendo criterios completamente distinta del Código Penal.
46% de la población está de acuerdo con que la persona sea detenida sin que “a los familiares no se les informe del paradero”; mientras que otro 15% estaría de acuerdo con que la persona sea “condenada sin estar presente en su juicio y sin un abogado”. ContraPunto aclara, sobre ésta última premisa, que el derecho a la defensa ya no queda interrumpido desde las últimas prórrogas de vigencia al Decreto N.º 333.
Otras de las preguntas planteadas por Fundaungo no responden a los criterios de suspensión de garantías constitucionales, sino circunstancias excepcionales o latentes sobre casos individuales. Por ejemplo, un 27.1% está de acuerdo con que “cualquier persona puede capturarse por ser sospechosa de pertenecer a grupos ilícitos sin una orden de captura”; mientras que un 83.8% está de acuerdo con que las personas recuperen su libertad al no comprobársele los cargos. En otro orden de interrogantes, Fundaungo destaca que un 82.2% de la población esté de acuerdo con las 11 últimas prórrogas del Régimen.
Economía: 72%
72% de la población sostiene que los problemas económicos son los temas de mayor importancia nacional. Ésta situación es creciente. Como se ha demostrado, la premisa pasó de responder a una importancia del 28% hasta el segundo bimestre del año 2020, al resultado actual que fue consignado en la última encuesta de marzo de 2023. También, ello responde al incremento en los precios de la Canasta Básica, última condición regida por el aumento global de la inflación, que en El Salvador es del 7.6%.
Fundaungo, por su parte, identifica que de la población que manifiesta tener importancia a la situación económica, un 74.9% sostiene que impacto sobre el costo de la vida es “mucho”; mientras que otro 11,8% indica que el impacto es “algo”; es decir, menor a quienes consideran que es “mucho”. En última instancia, un 11,4% consideran que el impacto es “poco”; mientras que otro 1.8% indican que el impacto es de “nada”.
Ésta creciente preocupación es coherente con el aumento en los precios de la canasta básica, siendo que desde el último año la Urbana (CBAU) ha pasado de los $215.45 dólares estadounidenses (USD) a los $249.70 USD; mientras que la Rural (CBAR), por otra parte, ha pasado de los $156.5 USD a los $187.07 USD.
De los $249.70 USD de la CBAU, existe una diferencia de $115 USD respecto al salario mínimo del sector comercial, el del sector industrial y el del ingenio azucarero que es de $365 USD. Mientras que con la CBAR, la diferencia, en tales salarios, puede llegar a los $178 USD.
$187 USD es el precio de la CBAR familiar de 4.26 miembros; o 4 miembros con una persona con mayores necesidades alimenticias, durante los 30 días. Mientras que el precio de la CBAR por persona es de $39.9 USD, durante el mismo período de tiempo más $1.46 USD por la cocción de los alimentos que lo requieren.
$23 USD apenas exceden de la diferencia entre la CBAU y el salario mínimo del sector de la recolección del cáñamo y el del beneficio del café que es de $273.00 USD. Mientras que con la CBAR, la diferencia, en tales salarios, puede llegar a los $86 USD. Ahora, la diferencia de la CBAU entre el salario de la maquila ($359.16 USD), es de $109.46 USD; y entre la CBAR, una diferencia de $172.08 USD.
$6.24 USD hacen falta para comprar toda la CBAU, desde el salario mínimo de los sectores de recolección de café y el agrícola, que es de $243.46 dólares. Mientras que la diferencia de dicho salario con el CBAR puede llegar a los $56.38 USD.
ContraPunto, por su parte, hace notar que tanto el Ministerio de Economía, de Hacienda y de Agricultura y Ganadería han propuesto la eliminación del Derecho Arancelario de Importación (DAI), en al menos 62 productor alimentarios. La misma ha sido consignada en la Ley Especial Transitoria de Combate a la Inflación de Precios de Productos Básicos, que fue reformada por última vez en la Sesión Plenaria Ordinaria N.º 99, en la Asamblea Legislativa, con 77 votos a favor.
