Por Alessia Genoves
50,183 personas han sido detenidas. La cifra corresponde al registro de personas detenidas de personas acusadas de participar o pertenecer a maras o pandillas, desde la declaración oficial de la Guerra Contra Pandillas; y desde la vigencia del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales. De esa cantidad, la Policía Nacional Civil (PNC) ha confirmado que las órdenes de prisión preventiva se han establecido a personas con indicios de pertenecer a estructuras terroristas, con una cifra de 44,109 personas
653 personas han sido liberadas. El dato representa un aproximado del 1.30% de la cifra acumulada del total de personas detenidas, según lo confirma la Corporación Policial. La cantidad no es muy distinta a la estimación del 1% de personas inocentes, planteadas por inicialmente por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Sin embargo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en su Plan Nacional de Verificación del Régimen de Excepción, totaliza una cantidad aproximada de 4,640 denuncias, sobre presuntas vulneraciones a los derechos huamos que, en palabras del titular, Apolonio Tobar “aún no se pueden demostrar”.
179 días sin homicidios se acumulan durante la administración del presidente Nayib Bukele. Los registros totales de homicidios (3926), reportados durante los tres años de su administración, se diferencian en una contracción del 75% respecto de los de la administración del expresidente Sánchez Cerén (15,881); en un 60,4% respecto a los de Mauricio Funes (9,933) y en un 67% respecto a los de Elías Antonio Saca (1,917).
Menos delincuencia
420 homicidios se reportan durante los 279 días transcurridos del año 2022. El dato contrasta con los 755 homicidios reportados en la misma fecha del año 2021; y con los 770 y 1,770 de los años 2020 y 2019, respectivamente. En los 17 días transcurridos del mes de agosto, la PNC apenas reporta 7 homicidios, en todo el territorio nacional.
13 homicidios se reportaron al término del mes de julio, fecha que se consideró como la más pacífica en toda la historia de El Salvador; y supera al mes de mayo, que reportó un total de 16 homicidios. Sin embargo, los meses de junio y abril reportaron 28 y 23 homicidios, respectivamente; no siendo mayores a los meses de enero y febrero, con cantidades de hasta 75 y 67 homicidios. Por otra parte, marzo es el mes más violento que haya reportado la PNC, institución que responsabiliza a maras y pandillas de participar, en mayor parte, en los 172 homicidios.
1,312 armas de fuego han sido decomisadas durante el Régimen de Excepción. Los decomisos responden a la comisión de delitos relativos a la portación ilegal o irresponsable de armas de fuego, y se presume que la mayoría de ellas eran posesión de maras y pandillas. De modo que 636 de éstas eran pistolas; mientras que otras 261 eran “revólveres”. Otros 12 de éstas armas eran fusiles; mientras que otras 221 eran escopetas; otras 14 eran carabinas, mientras que otras 27 ametralladoras. La PNC también confirmó el decomiso de otras 8 granadas.
Detenidos
34,567 de los más de 50 mil detenidos son “miembros o con nexo a la Mara Salvatrucha (MS)”. Mientras que otros 8,868 detenidos serían “miembros o con nexos a la pandilla 18 Revolucionarios”; mientras que otras 6.372 detenciones responderían a “miembros o con nexos de pandilla 18 Revolucionarios”. Los datos fueron detallados por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MSJP), en su informe titulado “Datos adicionales a Régimen de Excepción”. Éste registro se contradice con las afirmaciones de Diario El Faro, que sostiene que el gobierno salvadoreño habría negociado y otorgado beneficios a miembros de la MS.
29,341 personas detenidas tenían edades de entre 18 y 30 años; mientras que otras 11,153 tenían edades de 31 a 40 años, de entre el total de personas detenidas, de acuerdo con los registros policiales. A ellas se suman otras 1,317 personas con edades de 51 a 60 años más otras 279 con edades superiores a los 61 años de edad.
2,186 personas, sin embargo, no se cuantifican entre los rangos de edad. De hecho, el documento al que ContraPunto tuvo acceso no hacen cálculo de la cantidad de personas detenidas menores de 18 años de edad, que pudieran tener implicaciones con maras y pandillas. En las últimas reformas a la Ley Penal Juvenil, 65 diputados dieron su voto para incorporar un inciso 5 al artículo 15, que hiciera posible que “los menores de edad que hubieran cumplido los 16 años que omitieron delitos pagarán prisión de hasta 20 años, y cuando hubieran cumplido 12 años estarán hasta 10 años en la cárcel”.
Denuncias PDDH
4,640 denuncias a presuntas vulneraciones a derechos humanos se acumularían en el último informe del Plan Nacional de Verificación del Régimen de Excepción, de la PDDH. Es decir, los últimos datos responden a los períodos comprendidos entre el 25 de junio al 24 de julio, en respuesta de la cuarta prórroga del Decreto Ejecutivo N.º 333, del Régimen de Excepción. El titular, Apolonio Tobar Serrano, la institución habría cuantificado unas “461 denuncias de diferentes afectaciones a derechos humanos”
351 denuncias sobre presuntas vulneraciones a la “libertad personal”, formarían parte del reporte. De acuerdo con el procurador, los datos “hacen sentido, tomando en cuenta el Régimen de Excepción”. Otros 224 casos responderían a presuntos hechos de “detención ilegal o arbitraria”; así como otras 45 presuntas “restricciones arbitrarias que no están contempladas en la ley”, es decir al Decreto N.º 333.
45 denuncias responderían, además, a la presunta vulneración al “derecho de las personas privadas de libertad a permanecer en prisión en un plazo mayor a lo establecido”. En suma, otras 18 denuncias responderían a la presunta vulneración a la “libertad de expresión”; así como a un igual número de denuncias sobre la “denegación arbitraria al acceso a la información personal”.
8 denuncias por la presunta vulneración al “derecho a la seguridad personal” se acumularían a los expedientes, en suma de otro igual número de denuncias al “derecho a la salud” de las personas privadas de libertad. Al mismo tiempo, la institución reportaría otros 7 casos, en denuncias, sobre supuestos “malos tratos”; más otras 4 denuncias sobre supuestas “omisiones” al deber administrativo.
Las denuncias sobre presuntas vulneraciones a derechos humanos permanecen registradas, en los informes de la PDDH, como hechos que la institución “debe investigar, para determinar si hubo o no hubo la captura arbitraria”, y otras infracciones, según declaró Toabar. Sin embargo, declaró que, hasta la fecha, “no podemos acreditar si lo que aparece ahí es cierto o es falso”.
Para agilizar el proceso, “instruimos que, para que no se generara una gran cantidad de expedientes, se aperturara un expediente en cada uno de los meses”, indicó Tobar. “Y que cada uno vaya acumulando diferentes denuncias, para conocer éstas dinámicas”, añadió. De tal modo que, duerante los 4 meses del Régimen la PDDH elaboraría unos 132 expedientes, con al menos unos 28 casos totales “vinculados al derecho a la vida”.
Apolonio
“Reestructurar la PDDH”, para reducir el tiempo de los trámites burocráticos es una propuesta que busca satisfacer las demandas de la población. Tobar Serrano es mocionante de la propuesta que, de hecho, la dio a conocer desde el pasado 17 de agosto a la prensa. Sin embargo, sus ideas no fueron recibidas por periodistas salvadoreños en el exteriores, y tampoco se les dio a conocer a periodistas como el mexicano Fernando del Rincón. Éste último recibió al procurador de forma provocativa, con la intención de desvelar el comportamiento de la PDDH en el gobierno de Nayib Bukele.
- Del Rincón: ¡Perdóneme! Me parece que le está haciendo el juego a los mecanismos de control que tiene el Estado. Cuando usted tiene que velar por los derechos humanos de personas que pudieron haber sido detenidas ilegalmente. Y tiene que ir por toda esta burocracia, no se mete en el congreso, no levantan la voz y no denuncian que hay personas ahí, que pueden tener, en 142 días inocentemente detenidas. Porque hay que seguir toda la burocracia procesal. ¿dónde está el trabajo de la Procuraduría, para exigirle al presidente Bukele, de que terminen bajo un Estado de Excepción. Se pueden tener mecanismos mucho más acelerados, y deberían de tenerse para beneficio de la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos - Apolonio: Yo le comprendo su preocupación su opinión. Pero, evidentemente desconoce del funcionamiento institucional de El Salvador; y, eso lo que ocurre, que cuando hay… - Del Rincón: ¡Perdón!. ¡perdóneme, procurador!. A mí no me venga con esas mareadas. Conozco precisamente funcionamiento. Por eso este lo estoy delineando. Sí conozco todas las reformas que se han hecho al Código Penal; las edades para detenerlos; los años… todo esto se ha hecho en el Congreso. Se ha hecho express. Conozco perfectamente el funcionamiento la Procuraduría. No ha empujado hacia ese rumbo.. No ha empujado hacia eso. No me diga usted que no lo conozco, cuando he estado siguiendo a Nayib Bukele desde que era candidato; cuando cené en ésta ciudad con Nayib Bukele, para ver su planes. Conozco perfectamente. ¡A mí no me venga con esas mareadas!. - Apolonio: Sí, pero... - Del Rincón: ¡No me venga con esas mareadas! - Apolonio: Sí.. - Del Rincón: Aquí hay que asumir algo: el éxito que pueda tener Nayib Bukele, es una cosa; los atropellos y violaciones de derechos humanos es otra. Y, lo que usted está haciendo es tratando de desviar la atención por la cantidad y el volumen. Cuando puede haber menores de edad detenidos ilegalmente, junto a mareros en las cárceles, donde corre riesgo su vida. No fuera su hijo, porque terminaría con la burocracia de inmediato. Iría al congreso para pedir también reformas a los procedimientos burocráticos que tiene que enfrentar la Procuraduría. Pero como no lo es, y busca la reelección, me parece que no hay que hablar tanto, no. - Apolonio: Si me permite… ¿Puedo hablar? - Del Rincón: Mientras trate de faltarme al respeto, pensando que no sé, - Apolonio: Sí. Lo que quiere decir es que la institución tiene un reglamento, todo en cual se rige la Procuraduría. Lo que yo estoy haciendo es generar un nuevo programa un nuevo sistema de trabajo de la Procuraduría, para reestructurar el funcionamiento. Porque, efectivamente, la burocracia interna de la Procuraduría es lo que dificulta brindarle una respuesta oportuna a la población. En ese sentido, yo he preparado un documento que vamos a reformar todo el sistema interno para que haya una última respuesta; porque, de verdad, la población necesita atención inmediata. Necesita respuestas inmediatas; y, en este momento, desde la pandemia, hemos venido viendo cómo se dificulta brindarle respuesta a la población. Y, por esa razón, a partir de entonces esto va a hacer una propuesta de reestructuración total de la Procuraduría. Porque la población no está teniendo esa respuesta. Y usted tiene razón. Por supuesto que hay personas que están detenidas arbitrariamente; y no hayamos concluido establecer. Pero, recuerde que el titular de una institución, cuando es unipersonal, sobre todo, no puede estar encima del los 3.140 detenidos. Necesita de gente. Pero, lamentablemente, la Procuraduría se convirtió en una en un espacio de conformidad. Y eso hay que decirlo también, con claridad. Porque la institución debe responder a la gente; pero con agilidad. Pero que también dé las condiciones y eso lo que no ha habido ningún gobierno, desde que se creó la Procuraduría, ningún gobierno fue capaz de impulsarla, para hacer una institución eficiente y eficaz. Y es lo que siempre ha habido. - Del Rincón: Por eso estamos planteando nosotros reestructurar todo, para generar respuesta. Entonces, procurador, tenía razón en mi planteamiento. Me la acaba de dar. Me acaba de dar exactamente el mismo análisis que yo le di. El mismo análisis. Tengo razón y entiendo lo que me está diciendo; y, por ahí debimos haber empezado. Por ahí debimos haber empezado. Eso es la transparencia, es el asumir la responsabilidad y no tratar de venir a decirle a alguien: No, es que usted no sabe. Que yo no sé. Perfecto porque acaba usted de describir lo mismo que yo le describí. Me alegra procurador, que me haya dado la razón. Me alegra que haya explicado lo mismo que expliqué yo sobre la problemática que enfrenta. Me alegra que lo esté diciendo claramente en el programa, para que lo escuche el gobierno de Bukele. Pero más me alegra, porque después de esto espero que haya resultados para aquellos que en realidad han sido detenidos ilegalmente por error o por abuso de sus derechos humanos