Por Alessia Genoves
$350,000.00 USD en corrupción implica al Doctor Francisco Salvador Hirezi Morataya, ex-alcalde de Zacatecoluca (La Paz) por el FMLN, junto con otros 19 servidores públicos, empresarios y particulares. El proceso judicial que ampara a los imputados ha sido celebrado éste 24 de abril, en el Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca. La Fiscalía General de al República (FGR), además, detalla que los hechos que varios de los actos de corrupción señalados también implicarían a otros 18 mareros.
$25,000.00 USD es el monto de la caución económica que el Tribunal requería, para formalizar las medidas alternas a la detención, luego de que imputados como el Dr Hirezi fueran detenidos formalmente en el caso denominado “Operación Monarca”, en abril de 2021. El dato lo compartieron a ContraPunto miembros del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Codappes), al denunciar que el ex-alcalde no recibió tales beneficios.
Codappes aseguró a la prensa que fueron liberados tres de los miembros del Consejo de Hirezi que se encotnraban detenidos, el Dr. Henríquez Cruz, Jaime Gilberto Valdez y Dennis Córdova, desde el pasado 23 de marzo del Centro Penal La Esperanza -conocido como Mariona-. FGR, por contra, detallaría éste lunes que Hirezi sigue en detención, cuyo caso particular era reclamado por la justicia por la malversación de hasta $9,900.00 USD, por la presunta comisión de delitos de “cohecho propio y peculado”, en acciones como la venta ilegal de insumos agrícolas entregados por la comuna -para la población- tras las tormentas “Cristobal, Amanda y Eta”.
Hechos y Controversias
Hirezi Morataya ha sido detenido, bajo los cargos de “cohecho propio y peculado”. Su aprehensión tuvo lugar el pasado 26 de abril de 2021. Pero a las acusaciones iniciales se sumarían “4 casos de negociaciones ilícitas”, según lo detalló la FGR éste lunes. También detalló que a su expediente se acumularían “3 casos de cohecho impropio”.
Ricardo Amilcar Aguilar Alvarado, ex-alcalde de San Rafael Obrajuelo (La Paz) también permanece en detención, siendo acusado por la FGR de participar en la venta y distribución de insumos del Estado. Ambas figuras de autoridad habrían sido participes a otros 17 ex-regidores, ex-policías, empresarios y civiles, en actividades ilícitas, según lo sostiene la FGR.
1,000 quintales de maíz fueron entregados a la administración de Hirezi, así lo detalla la FGR en la reconstrucción de hechos. La entrega de los insumos agrícolas buscaba beneficiar a una cantidad proporcional de familias, particularmente afectadas durante las tormentas tropicales Cristobal, Eta y Amanda, concurridas en el año 2020. Sin embargo, unos 990 insumos agrícolas habrían sido extraídos, para ser comercializados por diferentes empresarios. Las ganancias totalizarían a un estimado de $9,900 USD, ya que la FGR estima que las ventas por cada quintal de maíz eran de $11 USD.
$350,000.00 USD, por otra parte, son el monto reclamado por la FGR a los imputados del Caso Monarca, según lo dio a conocer el pasado 13 de septiembre de 2022. Hasta esa fecha, el Juzgado Primero de Instrucción de Zacatecoluca habría resuelto la apertura a juicio contra Hirezi, y en contra de otros miembros de su consejo municipal: José Denis Córdova Elizondo, Santos Portillo González, Carlos Arturo Araujo, Ever Stanley Enríquez y Edenilson Amilcar Pérez, también acusados por los delitos de Cohecho Impropio y Negociaciones Ilícitas.
“Las investigaciones han establecido que los integrantes de esta estructura enquistada en la Alcaldía de Zacatecoluca conversaban con determinados particulares y les manifestaban que a cambio de la aprobación de las carpetas técnicas iban a entregarles dádivas”, detalló en su momento la FGR. También detalla que la apertura de las carpetas implicaría la negociación de “trabajos de asfaltado y balastro, pasos peatonales y pasarelas, alimentos y venta de láminas”
Pero transcurrieron más de 8 meses desde que se decretó la apertura a juicio, hasta la celebración del mismo éste lunes. Para entonces, la FGR detalló que también se instaló “8 pandilleros vinculados a actos de corrupción al interior de las alcaldías de Zacatecoluca y de San Rafael Obrajuelo, en La Paz”, hechos que, como ya se ha informado, implicaría a Hirezi y a otros actores municipales. ContraPunto observa que no fue sino hasta septiembre que se añade la modalidad del delito de “negociaciones ilícitas” y se establece la nueva cuantía reclamada por la FGR.
Detalles de acusados
A los hechos también serían acusados y llevados a juicio otras 18 personas, presuntamente miembros de estructuras terroristas. Es decir, que los casos de corrupción también implicarían la participación de maras y pandillas, según lo indicó la FGR éste lunes. Sin embargo, la institución no detalló las identidades ni los actos individuales que imputan a éstos sujetos.
Hirezi Morataya, desde luego, es el segundo principal acusado del Caso Monarca; y el principal en la Alcaldía de Zacatecoluca. Los 4 miembros de su Consejo serían, pues, acusados como “coautores en 4 casos de negociaciones ilícitas y 3 de cohecho impropio”: José Dennis Cordova. Santos Portillo González, Ever Stanley Henríquez y Carlos Arturo Araujo; quienes, según el Codappes, habrían sido puestos en libertad.
FGR también acusa de participar en los ilícitos a Edenilson Amilcar Pérez Pérez, empleado de UACI (Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional), a quién el Ministerio Público señala como el autor de 2 casos de cohecho impropio, en la alcaldía de Zacatecoluca.
Aguilar Alvarado por su parte, sería el coautor de 1 caso de peculado, para la Alcaldía de San Rafael Obrajuelo. Sin embargo, para el caso sólo habría participado un regidor: Luis Armando Gómez Alvarado, quien es señalado como el “coautor de 1 caso de peculado, coautor de 1 caso de cohecho activo e instigador en 1 caso de cohecho impropio”.
Empresarios y comerciantes también figuran en la lista de corrupción de la FGR: Jaime Gilberto Valdez Hernández y Luis Ángel Jimenez Benitez, respectivamente. Al primero se le atribuyen “6 casos de cohecho activo”; mientras que al segundo se le juzga como el “coautor de 2 casos de cohecho activo”, según lo detalla el Ministerio Público. Además, sostiene cargos como “cómplice no necesario de 1 caso de cohecho activo” en contra de Alejandro Oswaldo Cruz Pian, quien hasta el 2021 sería empleado de la Asamblea Legislativa.
Agentes de autoridad, como el subinspector Manuel de Jesús Ayala y el cabo Ranulfo de Jesús Portillo Díaz serían procesados por su participación en los hechos. El primero es acusado como “autor directo en 1 caso de cohecho impropio continuado”; mientras que el segundo, como el “autor en 4 casos de cohecho impropio”. A los hechos también se sumarían los empresarios de transporte Eduardo Lara y José René Quinteros, ambos como “coautores de 1 caso de cohecho activo”, pero el primero como “instigador en 1 caso de cohecho impropio”.
Empresarios de transporte también serían José René Hernández Fausillón, José Ricarte Pineda y René Jacob Hernández Fausillón, como “coautores en 1 caso de cohecho activo”, cada uno. Hay que añadir que éste último tiene el estatus legal de prófugo. Al mismo tiempo, el abogado Miguel Ángel Chicas es señalado como “cómplice no necesario en 1 caso de cohecho activo”, según la FGR.
