jueves, 20 junio 2024

$121 mil a devolver ex-viceministro de Defensa Atilio Benitez y esposa

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$121 mil debe devolver ex-ministro de Defensa Atilio Benitez y su esposa. También es acusado de firmar un pérmuta de intercambio de armas con Centrum S.A y entregar $2,051,893.00

Por Alessia Genoves


$121,657.35 USD deben devolver al Estado el ex-viceministro de Defensa, José Atilio Benitez Parada y su ex-esposa, Ema Isaura Muñoz de Benitez. El fallo ha sido establecido por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, al valorar la certeza probatoria de las pruebas de cargo divulgadas por la Fiscalía General de la República (FGR). La resolución estableció, además, que el ex-funcionario no podrá postularese a ningún cargo público en los próximos 10 años.

$88,000.00 USD es la cantidad de fondos auditados que Benitez no pudo justificar, al término del proceso fiscal interpuesto en su contra. Su esposa, Muñoz de Benitez, por su parte, no pudo justificar en sus haberes el origen de $33,600 USD, de “4 irregularidades en distintos depósitos bancarios y un pago de crédito hipotecario”. La deducción de los fondos no justificados es proporcional a la cuota de responsabilidad civil atribuida para ambos condenados; pero es necesario identificar que es ya inferior respecto al monto que justificó la apertura del proceso penal en su contra, que fue de $169,957.35 USD.

¿De dónde vienen las irregularidades?

Atilio Benitez fue vice-ministro de Defensa, en el período de gobierno del ex-presidente salvadoreño y nicaragüense, Carlos Mauricio Funes Cartagena. En la Memoria de Labores de los años subsiguientes, del Ministerio de Defensa, es posible observar referencias a su persona como titular del Ministerio de Defensa; así como en el informe de auditoria de la Corte de Cuentas de la República (CCR), fechada el 16 de noviembre de 2015. En ésta última es posible identificar que su salario era de $3,154.00 USD.

Sin embargo, las primeras referencias que lo implicarían en ilícitos penales se hallan en las declaraciones del ex-titular de la FGR, Douglas Meléndez. Pero el ex-servidor no fue requerido por la FGR sino hasta junio de 2019, ante la Cámara Primera de lo Penal, para responder a los delitos de “peculado, actos arbitrarios y comercio ilegal de armas de fuego”, en el reconocido Caso Centrum. Ahora, las imputaciones que refieren a la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito fueron procesadas, de forma oficiosa por la FGR, en la fecha del 15 de octubre del año 2021.

$169,957.35 USD es el monto de las irregularidades iniciales, que responden a la acusación fiscal. Hasta la fase de intimación, Atilio Benitez era acusado por el delito de no justificar $113,344.00 USD de su patrimonio, que corresponden a “40 depósitos realizados en efectivo desconociendo su origen”. Su esposa Isaura Muñoz fue también señalada por la misma causa penal; sin embargo, en ese entonces, las 4 irregularidades “en depósitos en efectivo” en su patrimonio respondían a un monto no justificado de $56,613.35 USD.

Sin embargo, las recientes atribuciones no se hicieron evidentes ante la prensa sino hasta que el caso fue tramitado en la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de San Salvador. El fallo que hizo público la FGR éste 6 de junio de 2023 indicó que las irregularidades patrimoniales responden a un monto de $121,657.35 USD en sus haberes, que responderían al delito de enriquecimiento ilícito. Ello se traduce que el ex-ministro habrían podido justificar unos $48,300 USD; pero sin que ello exima el fallo que los declaró culpables.

Atilio Benitez y Caso Centrum

Atilio Benitez, como se ha informado, fue acusado formalmente por la FGR, en la fecha del 7 de junio del año 2019. El trámite que fue llevado a la Cámara Primera de lo Penal fue tramitado por al Unidad Anticorrupción, para la atribución de los delitos de “actos arbitrarios, comercio ilegal y depósito de armas”. Tras la apertura del caso, fueron detenidos los ex-ministros de defensa David Victoriano Munguía Payés y Atilio Benitez. También habrían sido detenidos 2 particulares, entre ellos, el ex-empresario de Centrum S.A, Gustavo López Davidson.

FGR acusó, inicialmente, a Atilio benitez de que “firmó un contrato de pérmuta de armas obsoletas y en mal estado con la empresa Centrum S.A.”. Tambén detalla que “el contrato consistía en que el Ministerio de la Defensa le daría en calidad de permuta 14,930 armas de fuego, 27,721 cargadores, 2,706,472 cartuchos calibre 7.62 y 9,800 repuestos para fusil G-3, en mal estado, valorado el lote en US$2,051,893.00. A cambio, la sociedad CENTRUM dos Obuses M-71 calibre 155 milímetros, un sistema de control de tiro, un sistema de adquisición de blancos, equipo de medición, un Jack de 20 toneladas, una engrasadora automática a presión”.

Sin embargo, en realidad, “lo establecido en el contrato, el ministerio de Defensa entregó armas nuevas. 2,670 pistolas ametralladoras marca FMK-TRES, calibre 9 milímetros, así como diversas armas en buen estado, como fusiles G-3”. A éste nivel, la FGR presentó el requerimiento inicial el 18 de agosto de 2020, y acusó a Atilio Benitez de la comisión del delito de “peculado”. También Payés fue acusado por los delitos de “actos arbitrarios y falsedad ideológica”; y los particulares, Gustavo López Dávidson y Héctor Abel Herrera fueron acusados por los delitos de “peculado, en su calidad de cómplices necesarios”.

Atilio Benitez fue llevado al Tribunal Quinto de Instrucción de San Salvador, junto con los referidos imputados. Para el 8 de septiembre del 2021, se celebró la Audiencia Especial de entrega de documentación para realizar la pericia en el Caso Centrum, que implica la investigación del contrato de permuta, y las acciones individuales cometidas por los imputados. De sus hallazgos, la FGR detalla que “son más de 3 mil 500 folios los que se han entregado y que de acuerdo con la investigación son $2,051,893.00 dólares por lo que se firmó el contrato de permuta de entrega de armas”.

A la fecha, el juzgado aún no ha establecido su fallo. Entretanto, Atilio Benitez debe pagar junto a su esposa un total de $121,657.35 USD a favor del Estado. Hay que añadir que en el caso ya no acompaña al resto de imputados el empresario López Davidson. En el informe fiscal del 21 de julio del año 2022, se dio a conocer su deceso por “suicidio”; pero ello no significa que la administración de Centrum no deba responder a las acusaciones penales del caso, que involucra la adquisición de fondos públicos.

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Alessia Genoves
Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto. Especialista en temas sociales, económicos y de género. Editora de cultura.
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