Por Alessia Genoves
11a Prórroga del Régimen de Excepción es requerida a la Asamblea Legislativa. La policía de seguridad nacional reponle a la restricción temporal de garantías constitucionales, como el derecho a la defensa; el derecho a la no intervención de correspondencia y a la detención sin orden judicial. Sus 10 meses de vigencia ha conseguido la detención de 64,111 presuntos miembros de maras o pandillas, de los que habrían sido procesados en libertad, o sobreseídas, al menos 3,313 personas.
300 días sin homicidios registra la Policía Nacional Civil (PNC), hasta el pasado 13 de febrero. El Gabinete de Seguridad atribuye los resultados a la aplicación de políticas de seguridad pública, como el Plan Control Territorial (PCT), y el Régimen de Excepción. No obstante, la vigencia de éstas han justificado l emisión de 4,071 denuncias de posibles vulneraciones a los derechos humanos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). El número de denuncias, a la fecha, es de 5,937.
67 votos a favor dieron lugar a la última prórroga del Régimen de Excepción, por otros 30 días de vigencia, hasta la fecha del 17 de marzo del año 2023. Se justifica, por tanto, a aprobación del Decreto No 333. El escrutinio parlamentario tuvo lugar en la Sesión Plenaria Ordinaria No. 95, en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Los votos en contra, apenas fueron 6; y las abstenciones fueron 10.
11a. Prórroga
30 días continuos se establecen para la vigencia del Régimen de Excepción, y la suspensión paralela de garantías constitucionales. El criterio de “legitimidad” que justifica la prórroga responde a la interpretación de la sentencia 21-2020AC del año 2020, establecida por la Sala de lo Constitucional, que sólo es aplicable “si trancurrido ese plazo de 30 días, continúa la circunstancias que motivó, el Régimen de Excepción, es posible aprobar, con razonabilidad, la suspensión de derechos fundamentales, mediante un nuevo decreto con una duración que no exceda esos mismos treinta días”.
CIDH reafirma la validez de las prórrogas, desde su informe titulado “siete meses del régimen de excepción: CIDH recuerda a El Salvador sus obligaciones sobre derechos humanos”. No obstante, agrupaciones partidarias como Vamos, Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) sostienen que la política “no es necesaria para detener pandilleros”; aunque la opinión del partido oficial, Nuevas Ideas, sostiene que el período de 15 días de investigación es necesario para investigar a los acusados.
Menos Homicidios
198 días sin homicidios se registran durante los 10 meses de vigencia del Régimen de Excepción. La cifra se suma a un acumulado de 300 días sin homicidios durante la presidencia de Nayib Bukele. Ello indica que el 66% corresponden a la nueva reforma. Sin embargo, el reporte oficial es cuestionado por organizaciones denunciantes, como la Fundación Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), el Servicio Social Pasinista (Sspas), ante la reserva de información pública.
Ricardo Sosa, por su parte, ha compartido sus proyecciones a ContraPunto, sobre el ritmo de los resultados de las políticas de seguridad pública: “el presidente Bukele con su gabinete de seguridad alcanzará ese año soñado antes de conmemorar y celebrar su cuarto año de gobierno, será uno de los datos que servirán en su rendición de cuentas el uno de junio del 2023”. Hasta la fecha, el presidente Bukele registra hasta 3 años, 8 meses y 12 días de su administración; por tanto, a la administración le restan cerca de 4 meses para culminar su cuarto año de gobierno.
30 días sin homicidios, como se ha informado, se han reportado por datos oficiales hasta la fecha; es una cifra superior a los 22 homicidios registrados hasta la fecha. A su vez, la cantidad es contrastable con los 5 días sin homicidios registrados durante la misma fecha del año anterior; y los 115 homicidios concurridos. ContraPunto hace notar a sus lectores que la cantidad de homicidios es decreciente.
30 días sin homicidios, como se ha informado, se han reportado por datos oficiales hasta la fecha; es una cifra superior a los 22 homicidios registrados hasta la fecha. A su vez, la cantidad es contrastable con los 5 días sin homicidios registrados durante la misma fecha del año anterior; y los 115 homicidios concurridos. ContraPunto hace notar a sus lectores que la cantidad de homicidios es decreciente.
Sin embargo, los registros hemerográficos discrepan con las cifras oficiales; para lo que ContraPunto reitera que deben ser verificados -cada uno- con el dictamen forense del IML. Como se ha mencionado, Roberto Valencia cita los registros de homicidios -en sus amplias categorías- de la PNC. Los resultados discreparían en al menos 5 homicidios más que los registros divulgados de forma oficial. Por otra parte, indicaría que al menso 2 de los casos estarían relacionados con mareros asesinados, en el ejercicio de las labores de seguridad, y bajo el recurso del derecho a la legítima defensa.
El Régimen, por otra parte, ha rendido otros resultados favorables. El Gabinete de Seguridad informó que el total de armas de fuego decomisadas es de 2,326; mientras que el número de vehículos decomisados se cuantifica mes al menos 2,945. Por otra parte, la cantidad de teléfonos decomisados se acumula en unos 15,312 dispositivos; mientras que el dinero en efectivo decomisado se cuantifica en $1,7 millones de dólares en efectivo.
Controversias
3,313 personas han sido liberadas, bajo ordenes de ordenes de sobreseimiento, o la aplicación de medidas alternas a la detención. El recursos está patente en el Decreto Legislativo N.º 333; y, por tanto, no interrumpe el derecho a la vida; más bien, lo reafirma.
Las 10 prórrogas transcurridas valoran su aplicación, con un ejercicio de ponderación de derechos, entre el derecho a la vida de la mayoría de la población salvadoreña, sobre los derechos que implican el desarrollo de las actividades de maras y pandillas.
96,728 es la cifra de reos que forman parte dl sistema penitenciario. La cifra, no obstante, rebasa a la capacidad instalada para 70,864 personas, aún con la instalación del Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo (Cecot).
4,464 denuncias, por otra parte, se acumularían durante el Régimen de Excepción. La representación de las supuestas afectaciones es representada por 7 organizaciones sociales como la Fundación Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), el Servicio Social Pasionista (SPASS), y otras.
No obstante, el número de denuncias no sería necesariamente equivalente al número de personas denunciantes; de hecho, la cantidad de presuntas detenciones arbitrarias se estima en una proporción del 85%. Ingrid Adriana Escobar, por su parte, indico a ContraPunto que la organización Socorro Jurídico Humanitario registrara un total de 1,343 presuntas detenciones arbitrarias, contra lo que ella presume sean “inocentes”.
DGCP, por otra parte, registra un decrecimiento en la mortalidad carcelaria. El dato lo confirmó, de anticipo, el Gabinete de Seguridad, durante una reunión oficial con el presidente Bukele, en la que participó la actual titular de la PDDH, Raquel Caballero de Guevara. Hasta entonces, la cantidad señalada era la de 80 personas que perdieron la vida en centros penales; pero que incrementó a los 90 hasta el mes de noviembre, según lo confirmó la representante de la FGR ante la ONU, Adela Saravia.
90 personas han fallecidos en 2022 es una cantidad ligeramente inferior a las 94, que se registraron durante el año 2020. Al mismo tiempo, éste última cantidad sería apenas inferior a la registrada al término del año 2019, que fueron 108 personas fallecidas, según la DGCP. En última instancia, para el año 2018, la muertes de reos sería la de 130; es decir, un número bastante inferior al de los años sucesivos.
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