Por Carlos Santos
Durante años, el parqueo municipal del centro de San Miguel fue un lugar sin memoria. Un espacio saturado de vehículos mal alineados, de ventas improvisadas de pupusas humeantes, discos pirata, camisetas colgadas con ganchos oxidados y ropa usada extendida sobre lonas gastadas. Un territorio de paso rápido, de ruido constante, de economía informal y olvido. Nadie se detenía demasiado. Nadie preguntaba qué había debajo.
Pero bajo ese asfalto —agrietado, remendado una y otra vez— yace una verdad que nunca terminó de morir. Una verdad sepultada a poca profundidad, junto a decenas de cuerpos sin nombre, sin tumba y sin despedida. Hombres y mujeres capturados, torturados y asesinados durante los años más oscuros de la guerra civil salvadoreña.
En ese mismo punto, en pleno corazón de la ciudad, funcionaron durante décadas las instalaciones de la extinta Policía Nacional y de la Policía de Hacienda. Desde allí se emitían órdenes, se organizaban operativos, salían patrullas. Pero casi nunca salía alguien con vida cuando ingresaba señalado como “sospechoso”. Bastaba ser estudiante, sindicalista, campesino organizado o simplemente aparecer en la lista equivocada para no volver a casa.
Hoy, las antiguas edificaciones policiales han sido reducidas a un espacio urbano en ruinas, en proceso de construcción. Ocupan una manzana delimitada por la calle Chaparrastique, la 1.ª Avenida Sur, la 1.ª Calle Poniente y la avenida Gerardo Barrios. A sus alrededores y a simple vista, el lugar reproduce el caos cotidiano de cualquier ciudad del oriente del país: tráfico desordenado, comercio informal, gritos de vendedores, bocinas impacientes. Nada parece fuera de lugar. Nada, salvo el silencio subterráneo que lo sostiene todo.
Porque bajo ese suelo reposan hombres y mujeres acusados —muchas veces sin prueba alguna— de simpatizar con la izquierda. Víctimas de los escuadrones de la muerte, de los aparatos represivos del Estado, de una maquinaria de terror diseñada no solo para eliminar cuerpos, sino para borrar ideas, vínculos y futuros posibles.
Durante la guerra, los detenidos eran trasladados a esas instalaciones para ser interrogados. El interrogatorio, según numerosos testimonios, era sinónimo de tortura: golpes sistemáticos, asfixia, descargas eléctricas, simulacros de ejecución. Algunos morían durante las sesiones. Otros, después. Ninguno quedaba registrado oficialmente. Sus cuerpos no eran enviados a cementerios ni entregados a sus familias. Simplemente desaparecían. Eran enterrados allí mismo, en fosas improvisadas, dentro del complejo policial.
El lugar funcionó, durante años, como un cementerio clandestino en pleno centro urbano.
Hoy, la amenaza de que esa historia sea borrada es más real que nunca. Frente al antiguo parqueo avanza la construcción de un moderno mercado municipal, donde se encontraba el parque Barrios, impulsado por el gobierno central. El discurso oficial habla de ordenamiento, desarrollo y revitalización económica. Y no miente del todo. Pero el progreso, cuando no se detiene a mirar el suelo que pisa, puede convertirse también en una forma de violencia.
Construir sin investigar es sellar la tierra. Es cubrir con concreto la evidencia material de crímenes de lesa humanidad cometidos en las décadas de los setenta y ochenta. Es clausurar —quizá para siempre— la posibilidad de exhumar, identificar y devolver un nombre a los desaparecidos. Es imponer una segunda muerte: la del olvido institucional.
Durante ocho meses de investigación, el medio digital ContraPunto recopiló testimonios coincidentes de exagentes policiales y personas vinculadas a los aparatos de seguridad de la época. Los relatos describen con precisión un mecanismo repetido: captura, traslado, interrogatorio, ejecución, entierro. Todo dentro del mismo perímetro. Todo sin registros. Todo bajo la certeza de que nadie preguntaría demasiado.
No se trata de una denuncia reciente. En 2010, ContraPunto ya había advertido sobre la existencia de numerosos cadáveres enterrados en el lugar, correspondientes a personas desaparecidas por motivos políticos. La investigación generó impacto momentáneo, pero no acciones concretas. No hubo excavaciones, ni peritajes forenses, ni declaratorias de sitio de memoria. El tiempo pasó. El asfalto volvió a colocarse. Los puestos regresaron. El silencio ganó terreno.
Cuando la alcaldía estuvo bajo la administración de Wil Salgado y Miguel Pereira, ambos fueron informados de que en ese parqueo y mercado municipal —hoy abandonado— se encontraban enterradas decenas de personas. Sin embargo, ninguno inició los trámites necesarios para esclarecer el misterio. Wil Salgado, de manera burlona, declaró que no permitiría que se hicieran “hoyos” en su parqueo municipal. Poco después, el lugar fue cerrado al público y durante años se realizaron trabajos de construcción que posiblemente alteraron o destruyeron evidencia crucial.
Hoy, más de una década después, la presión urbanística amenaza con cerrar definitivamente cualquier posibilidad de verdad. Las máquinas avanzan. El concreto se prepara. Y con cada metro cúbico vertido, la historia corre el riesgo de quedar sepultada.
La pregunta es inevitable y profundamente incómoda: ¿puede una sociedad construir su futuro sobre fosas comunes sin antes enfrentar su pasado? ¿Puede hablar de desarrollo mientras oculta a sus muertos? ¿Puede llamarse progreso a una obra que borra la memoria de quienes fueron asesinados por pensar distinto?
Enterrar el lugar sin una investigación exhaustiva equivaldría a una segunda desaparición, esta vez ejecutada no por escuadrones de la muerte clandestinos, sino por la inacción del Estado. Sería negar a las familias el derecho elemental a saber qué ocurrió con sus seres queridos. A cerrar el duelo. A exigir justicia.
Especialistas en memoria histórica señalan que avanzar con obras de infraestructura sin realizar exhumaciones e investigaciones forenses vulnera el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares, además de obstaculizar cualquier posibilidad de justicia. Enterrar el sitio sin esclarecer lo ocurrido implicaría una forma de encubrimiento institucional.
Como se afirmó en el primer reportaje publicado hace más de una década, una frase conserva hoy toda su vigencia: “los cuerpos enterrados debajo del estacionamiento migueleño claman, en su mudez eterna, por justicia, como han estado clamando sus familiares, en ese tormento interminable de no saber nunca qué fue de ellos”.
Mientras las máquinas avanzan y el concreto amenaza con sellar definitivamente el subsuelo, esa voz silenciosa persiste. No grita. No aparece en los discursos oficiales. Pero está ahí: bajo cada paso, bajo cada llanta, bajo cada promesa de modernidad. Negándose, obstinadamente, a desaparecer.