Por Redacción ContraPunto
El Salvador ha logrado ejecutar cerca de la mitad del proceso de consolidación fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), impulsado principalmente por una combinación de reducción del gasto público y un aumento sostenido en la recaudación tributaria. Así lo señaló Jaime Reusche, vicepresidente de crédito soberano de Moody’s, quien valoró positivamente los resultados obtenidos durante el primer año del acuerdo.
Según el analista, el país ha avanzado de forma significativa en la disminución del déficit fiscal, es decir, la brecha entre los ingresos y los gastos del Estado. Este progreso responde a la implementación temprana de medidas orientadas a ordenar las finanzas públicas y a estabilizar el nivel de endeudamiento.
El programa suscrito con el FMI contempla un ajuste equivalente a 3.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) en el período comprendido entre 2025 y 2027, como parte de un financiamiento de 1,400 millones de dólares aprobado en febrero de 2025. En este contexto, Moody’s estima que el déficit fiscal se redujo de forma considerable en 2025, alcanzando aproximadamente el 3 % del PIB, lo que representa una mejora de 1.5 puntos porcentuales en comparación con el año anterior.
Las proyecciones apuntan a que esta tendencia continuará en los próximos años, con un déficit que podría descender al 2.3 % en 2026 y al 2.2 % en 2027. Este desempeño ha sido bien recibido por los inversionistas, lo que llevó a la calificadora a mejorar la perspectiva de la deuda salvadoreña de estable a positiva, aunque mantuvo su calificación en B3.
Un aspecto relevante señalado por Reusche es que el ajuste fiscal salvadoreño presenta una característica poco habitual: mientras se ha reducido el gasto corriente, también se ha incrementado la inversión pública. Este equilibrio ha permitido fortalecer áreas estratégicas sin comprometer el objetivo de consolidación fiscal.
No obstante, el desafío no concluye en 2027. Moody’s advierte que el país deberá continuar con los esfuerzos de disciplina fiscal en el mediano y largo plazo, extendiendo el proceso de ajuste hasta al menos 2035 para garantizar la sostenibilidad de la deuda.
Entre los temas pendientes, destaca la necesidad de reformar el sistema de pensiones, considerado un punto crítico dentro del acuerdo con el FMI. Aunque esta reforma ha sufrido retrasos, el mercado ha mostrado cierta comprensión ante la complejidad del tema, siempre que el gobierno mantenga su compromiso con la estabilidad fiscal.
El alto nivel de endeudamiento sigue siendo una de las principales preocupaciones. Al cierre de 2025, la deuda total alcanzó los 33,807 millones de dólares, equivalente al 92 % del PIB. Asimismo, el pago de intereses representó más del 18 % de los ingresos del Estado, lo que evidencia la presión que ejerce la deuda sobre las finanzas públicas.
En este contexto, la continuidad de políticas responsables y la adopción de medidas estructurales serán determinantes para mejorar la calificación crediticia del país y consolidar su estabilidad macroeconómica.